Por... Paul Ausick
El lunes 4 de enero, deben recibir comentarios sobre una regla propuesta emitida por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de los Estados Unidos que "garantizaría" que los bancos y las asociaciones de ahorro de la nación "brinden un acceso justo a los servicios financieros". La regla propuesta no permitiría a los bancos determinar si otorgar préstamos a empresas en función de la categoría de negocios en la que participa la empresa. Tal regla hará que sea más difícil para los bancos negar servicios a cualquier empresa involucrada en la industria de armas y municiones.
Llamada la regla de Acceso Justo a los Servicios Financieros, la OCC argumenta que así como la legislación Dodd-Frank requería que la agencia se asegurara de que los bancos del país trataran a las personas de manera justa, también “implica un derecho de los clientes bancarios individuales, ya sean personas físicas u organizaciones, tener acceso a servicios financieros en función de sus características individuales y no de su membresía en una categoría particular de clientes ".
La regla propuesta solo se aplicaría a los bancos estadounidenses con más de $ 100 mil millones en activos totales. Según la Reserva Federal, solo 27 bancos y tres emisores de tarjetas de crédito cumplen con esa definición. Estos incluyen grandes bancos como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup. La OCC también está buscando comentarios sobre un umbral de activos más bajo y una disposición para agregar un umbral de participación de mercado nacional para los bancos cubiertos.
La OCC declara su razón de ser de esta manera:
Las organizaciones involucradas en negocios políticamente controvertidos pero legales, ya sean organizaciones de planificación familiar, compañías de energía u otros, tienen derecho a un acceso justo a los servicios financieros según la ley. … La decisión de [un] banco de no atender a un cliente en particular debe basarse en una decisión individual de gestión de riesgos sobre ese cliente individual, no en el hecho de que el cliente opera en una industria sujeta a una amplia exclusión categórica creada por el banco.
Los fabricantes de armas no son las únicas empresas que se beneficiarían de la regla propuesta. Las empresas mineras y de combustibles fósiles, los operadores privados de prisiones y los prestamistas de día de pago también estarían cubiertos por la regla. Durante el año pasado, JPMorgan, Goldman Sachs, TD Bank y Deutsche Bank anunciaron que los bancos ya no financiarán nuevos proyectos de perforación de petróleo y gas en el Ártico. En junio, la delegación del Congreso de Alaska se quejó ante la OCC sobre la injusticia de las decisiones de los bancos de restringir los préstamos a la industria del petróleo y el gas, y señaló que creían que la justificación de los bancos “era de naturaleza política [y] los bancos aparentemente se habían basado en afirmaciones de riesgo reputacional para justificar sus decisiones ".
El Instituto de Acción Legal de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) acusó a los "activistas políticos" de intentar "convertir la industria de servicios financieros en un arma" contra los fabricantes de armas basándose en la Operación Choke Point de 2011 de la administración Obama que identificó a la industria de las armas como un negocio de alto riesgo. Para 2015, la administración se había retirado, según la NRA.
Adam Levitin, profesor de derecho en Georgetown, dijo al sitio web sobre violencia armada The Trace : “Incluso si el banco no tiene ningún problema con las armas, está respondiendo a los gustos de su base de clientes. Es posible que les preocupe perder clientes de larga data, que los depositantes retiren su dinero, que tengan problemas, que el precio de sus acciones se derrumbe ".
Grupos profesionales que representan a los bancos más grandes del país a fines de noviembre escribieron a Brian Brooks, contralor interino de la OCC, solicitando una extensión mínima de 30 días para la fecha límite para comentarios del 4 de enero y buscando datos que la OCC utilizó para determinar el impacto financiero de la regla propuesta. . Sin embargo, la OCC espera finalizar la regla el 20 de enero, el último día en el cargo del actual presidente.
