La delicada salud financiera de los ayuntamientos no es ninguna novedad. Lo que es verdaderamente significativo es que el desequilibrio entre ingresos y pagos haya existido, incluso en los periodos de auge económico. Según fuentes de toda solvencia, alrededor de 1.000 municipios de toda España (la octava parte) acumulan cuatro años de díéficit, lo que significa que sus alcaldes no han sido capaces de cuadrar el presupuesto ni siquiera cuando la economía crecía por encima del 3% espoleada por la ‘burbuja’ inmobiliaria.
Lo peor, sin embargo, es lo que se les viene encima en un contexto de crisis económica si no ajustan sus gastos a los ingresos. Aunque la Administración central todavía no cuenta con datos cerrados sobre lo que ha ocurrido en 2008, las fuentes consultadas por El Confidencial estiman que la mitad de los municipios con más de 50.000 habitantes está en números rojos. Dicho en tíérminos de la jerga contable: registran remanente negativo de tesorería debido a que han mantenido los gastos corrientes en un contexto de caída de los ingresos, fundamentalmente los derivados de la venta de suelo o licencias de obras.
Frente a lo que suele creerse, los ayuntamientos tienen menos dependencia del momento económico que las comunidades autónomas o la propia Administración central del Estado. Esto se debe a que sus ingresos son inelásticos respecto del ciclo económico. Alrededor del 52% de sus ingresos tienen que ver con tributos propios, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya recaudación no se contrae ni siquiera cuando la economía crece menos. Los recibos del IBI hay que pagarlos aunque el propietario del inmueble estíé en paro o la vivienda valga menos a precios de mercado. Otro 20% de sus ingresos procede de transferencias del Estado incondicionada y alrededor del 10% llega de las comunidades autónomas para la prestación de determinados servicios (financiación condicionada). Es decir, que menos del 20% de sus ingresos está relacionado directamente con el ciclo económico.
Pues bien, pese a ello, los números rojos se han disparado por un problema estructural: su tamaño ha crecido debido a que han asumido competencias que no les corresponden. En otros casos, sus gastos corrientes han aumentado de forma sistemática más que los ingresos. Este es el caso del ayuntamiento de Madrid, que en 2007 -año de fuerte crecimiento de la actividad económica- registró un díéficit de 1.531millones de euros; mientras que en 2008 el desequilibrio rondó los 1.200 millones de euros.
Tutela municipal
La Ley obliga a equilibrar el balance en los próximos ejercicios. Pero durante ese periodo su endeudamiento está sujeto a control por parte de otras administraciones. En algunos casos, es la propia administración autonómica la que tutela los gastos, y en otros (Madrid, Extremadura, Murcia, Baleares o Cantabria) es el Ministerio de Economía quien les obliga a presenta un plan de saneamiento, como sucede en el caso del Ayuntamiento de Madrid. En estos momentos, Hacienda y Gallardón están negociando un nuevo plan, y el principal punto de discordia, según las fuentes consultadas, es la intención del ayuntamiento de Madrid de financiar gasto corriente (a corto) con emisiones a largo plazo.
Los datos que obran en poder de Hacienda reflejan que la morosidad de los ayuntamientos (obligaciones pendientes de pago) a 31 de diciembre de 2006 -último año con datos oficiales cerrados- asciende a 17.990 millones de euros. Esta cifra, lógicamente, se ha incrementado a medida que se ha ido deteriorando la actividad económica. “Los ayuntamientos no pagan ahora peor que en el pasado. Siempre han pagado malâ€, asegura una fuente que conoce bien los entresijos contables de los municipios españoles. Lo que pasa ahora, insiste, es que esas deudas son ahora más visibles debido a que sus proveedores necesitan el dinero ante la caída de la actividad.
Aunque la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha reclamado una reforma en profundidad del modelo de financiación de los ayuntamientos, la impresión que tienen fuentes que conocen bien las negociaciones es que no va a haber cambios radicales. Fundamentalmente, por una razón: son las comunidades autónomas quienes deben ajustar cuentas con los ayuntamientos, toda vez que estos han asumido competencias que no les corresponden (las llamadas competencias impropias). Y muchas de esas competencias debieran prestarlas los gobiernos autonómicos, por lo que les corresponde a ellas afrontar ese gasto a travíés de transferencias incondicionadas
