Díéficit en las pensiones
Josíé Barea en Cinco Días
En 1995 la Seguridad Social se encontraba en díéficit ya que las cotizaciones sociales no eran suficientes para atender al pago de las pensiones, de las prestaciones de asistencia social y de parte del gasto de asistencia sanitaria, ya que otra parte corría a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Para hacer frente a los pagos por prestaciones a cargo de la Seguridad Social, la Tesorería de dicho sistema tuvo que recurrir a príéstamos de entidades financieras.
El cambio de Gobierno en 1996 llevó a cabo el saneamiento de la Seguridad Social transfiriendo al Presupuesto del Estado todas las obligaciones derivadas del sistema sanitario y las prestaciones de asistencia social que en lo sucesivo se financiaría en su totalidad con los impuestos generales. Las cotizaciones sociales se mantendrían sin variación para financiar las pensiones. El contador del díéficit de la Seguridad Social se puso a cero.
Se inició el desarrollo del Pacto de Toledo para que comenzara a surtir sus efectos, aunque fueran mínimos, en el Presupuesto para 1997. En el Programa de Estabilidad, presentado por el Gobierno español para el periodo 2002-2004 a la Comisión Europea, se decía que se habían adoptado medidas para crear y dotar gradualmente un Fondo de Reserva para el sistema público de pensiones. A juicio de la Comisión la mayor carencia del Programa de Estabilidad es que no contenía información detallada sobre las medidas que debían tomarse para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.
Según información aparecida en la prensa, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha manifestado que 2008 ha cerrado con un superávit de 14.428 millones de euros, el 1,31% del PIB; en el año anterior dicho porcentaje fue del 1,34% del PIB, y que para 2009 tambiíén se prevíé cerrar con superávit, pues aunque la situación económica es muy mala, la salud financiera del sistema no se va a ver afectada.
En enero de este año el número de afiliados al sistema de Seguridad Social ha descendido en 349.569 y el número de parados se ha incrementado en 198.838 personas. No me extrañan estos resultados pues para el corriente año se prevíé que continúe la recesión durante todo el periodo, la caída del PIB se situará cercana al -2% y el paro se situará a finales de año en 4,5 millones, el 18,5% de la población activa. Dejarán de cotizar al sistema en 2009 los 1,3 millones de trabajadores que han quedado en paro en 2008 y además al menos la mitad de los 1,4 millones, que aumentará en total el paro en 2009. Sólo en el pasado mes de enero se han perdido, como hemos dicho, 349.569 afiliados. En cambio, el gasto en pensiones continuará su continuo ascenso, como viene sucediendo todos los años. Con estos datos, nada tiene de extraño que sea casi seguro que en 2009 el sistema de pensiones públicas entre en díéficit.
El díéficit se producirá aun incluyendo como cotizaciones sociales las pagadas a la Seguridad Social por el Instituto Nacional de Empleo por los trabajadores en paro que cobran la prestación de desempleo. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) establece que las cotizaciones sociales efectivas comprenden las cotizaciones sociales que pagan en su propio beneficio los desempleados. Parece desprenderse que las cotizaciones del Inem por los desempleados deberían considerarse como transferencias entre Administraciones públicas. De ser correcta esta interpretación, el díéficit del sistema de pensiones públicas sería aún mayor.
Tiene dentro de sí el sistema de pensiones públicas contributivas una bomba de relojería a consecuencia de la falta de equidad (proporcionalidad), al haberse utilizado el sistema como un instrumento de redistribución de la renta y no como lo que realmente debe ser: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo vital de esa persona. La falta absoluta de proporcionalidad lo demuestran las diferentes tasas de retornos obtenidos según los años de cotización: con 35 años, el 4,4; con 25 años, el 5,4, y con 15 años, el 7,8.
Otra muestra de esa falta de equidad nos la dan las tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año, que son en el Ríégimen General del 91,9% con 35 años cotizados, del 73,6% a los 25 años, y del 45,8% con 15 años, las tasas más altas de la Unión Europea. Las tasas de sustitución para que el sistema fuera sostenible serían del 62,8%, del 43,8% y del 24,8%, respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes con lo que existen en la práctica son abismales, lo que demuestra la falta de viabilidad del sistema.
Algunos piensan que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que asciende a 54.000 millones de euros, puede hacer frente a los desequilibrios que la crisis puede ocasionar en el sistema. Craso error, el Fondo de Reserva servirá para financiar el díéficit sin tener que acudir al mercado de capitales, pero el díéficit no desaparece.
La sostenibilidad sólo se logrará con la reforma, ¿para cuándo se va a convocar de nuevo el Pacto de Toledo?, es muy urgente. Cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2004 tocaba la reunión del Pacto de Toledo, pero ha transcurrido toda una legislatura y parte de otra sin que se haya llevado a efecto. Las consecuencias de tal decisión se empezarán a notar este año y los sucesivos. Nada hay peor que seguir la postura del avestruz, los problemas no se resuelven solos, empeoran. La Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno español de la necesidad de reformas para hacer sostenible el sistema de pensiones.
Josíé Barea. Catedrático emíérito de la Universidad Autónoma de Madrid
