elmundo.es/Cristina Caballero
Madrid.- El aeropuerto de Ciudad Real, el primero de capital íntegramente privado, está inmerso en una encrucijada financiera. Su funcionamiento no ha ido todo lo bien que se esperaba y sus actuales accionistas, entre los que se encuentran el empresario Domingo Díaz de Mera, el editor Antonio Miguel Míéndez Pozo y Caja Castilla-La Mancha -intervenida por el Banco de España-, tienen una cosa clara: quieren deshacerse cuanto antes del proyecto, que no les está reportando los beneficios que esperaban.
La venta del aeródromo, y la consiguiente multiplicación de las plusvalías para los socios, está pendiente sólo de una modificación legal de gran calado. Se trata de dos cambios en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) de Castilla-La Mancha, introducidas hace seis meses por el Grupo Parlamentario Socialista, presidido por Josíé María Barreda, y a punto de aprobarse en las Cortes regionales.
Las enmiendas incluyen una importante modificación que permitirá a los promotores del proyecto vender por separado los terrenos aledaños al aeropuerto como suelo industrial, a pesar de que ellos lo compraron como rústico. Las plusvalías estimadas que obtendrían con el cambio serían de unos 3.000 millones de euros, según calculan expertos urbanísticos consultados.
Actualmente, la ley no permite que los terrenos del aeropuerto, que ocupan 12,3 millones de metros cuadrados en total, sean segregados. Están considerados como una parcela unitaria, y el único que podría desarrollar proyectos industriales en ese suelo sería el propietario, es decir, la sociedad CR Aeropuertos.
Pero el problema es que los promotores se encuentran ahogados financieramente. Hasta ahora, Caja Castilla-La Mancha había sido la principal financiadora del proyecto. La entidad no sólo participa con un 30% en CR Aeropuertos, sino que ha hecho príéstamos millonarios a los principales empresarios que participan tambiíén en el aeródromo.
Sin embargo, con la caja intervenida por el Banco de España se hace prácticamente imposible seguir recurriendo a ese grifo financiero. La sociedad no tiene dinero para desarrollar el macro-proyecto urbanístico en los terrenos colindantes, que incluirían, según sus planes iniciales, área logística, zona empresarial, agroalimentaria, área tecnológica, además de una zona de ocio, con hoteles y centros comerciales.
La única salida que les queda a los promotores del aeropuerto es parcelar los terrenos y venderlos de forma independiente. Para ello, ya han conseguido el primer paso.
La Junta ha declarado el aeropuerto de Ciudad Real como Proyecto de Singular Interíés y ha permitido modificar el uso de los terrenos aledaños de rústico a industrial. Así, su valor se ha multiplicado de los 10 euros por metro cuadrado que pagaron en su momento como suelo rústico a los 615 euros por metro al convertirse en suelo industrial.
