elpais.com/JULIíN RODRíGUEZ - A Coruña - 17/05/2009
Dirige el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña que tramita el mayor proceso concursal de la historia de España. La suspensión de pagos del gigante inmobiliario dejó en el aire el cobro de una deuda de 7.000 millones de euros.
Desde el ventanal del despacho de Pablo González-Carreró (Santiago, 1962) se ve la sede de Martinsa-Fadesa, sin apenas actividad y con la rotulación devorada por el óxido. El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña, que tramita el mayor concurso de acreedores de la historia de España, habla de plazos y del papel de la banca. En su opinión, la supervivencia de la compañía y el cobro de los 7.000 millones de deuda que arrastra "pasa porque el mercado inmobiliario mejore o que, por lo menos, no se deteriore más". El juez no entra a valorar los 3,5 millones de euros que cobró Fernando Martín el año pasado como presidente de la compañía ni el hecho de que algunos consejeros no firmasen las cuentas.
Pregunta. El 90% de las compañías en concurso acaban en liquidación. Eso no invita al optimismo...
Respuesta. Es cierto, pero no tiene tanto que ver con la regulación concursal o con el funcionamiento de los juzgados como con las circunstancias en las que las empresas acuden al concurso. Parece un estigma. La mayor parte acude en situación prácticamente irreversible. En España, muchos concursos se presentaban para enterrar empresas.
P. Los administradores ya se han pronunciado sobre el plan de viabilidad presentado por la empresa, ¿cuál es su posición?
R. Se acaba de presentar el escrito [de los administradores], pero no estoy en condiciones todavía de valorarlo. Sí puedo decir que ha sido favorable a los planteamientos del plan de viabilidad.
P. La propuesta de convenio pasa por ampliar el plazo del pago de la deuda a ocho años y no hacer ninguna quita sobre el dinero que se debe. ¿No es fiarlo todo a que la crisis escampe?
R. Todo convenio tiene que partir de unas previsiones. En este caso, con el pago de la deuda en ocho años, se hace con unas previsiones de mejora de la situación inmobiliaria. Partiendo de esa premisa se propone pagar íntegramente la deuda. Y ese es el contrapeso: por una parte se amplía el plazo legal de cinco años y por otro se propone un pago íntegro, incluso con intereses.
P. Un convenio sin quitas y con esos plazos parece hecho a la medida de la banca. ¿Quíé será de los pequeños acreedores y proveedores?
R. El concurso siempre es un conflicto de intereses, en este caso colectivo, de acreedores. Es posible que un convenio de esta naturaleza sea el preferido por las entidades financieras y a lo mejor no es el más conveniente para los proveedores, que en muchos casos prefieren cobrar menos pero antes. La banca [tiene el 90% de la deuda] está en condiciones de imponer un convenio, no digo abusivo ni mucho menos, su punto de vista va a prevalecer.
P. Las recientes reformas en la Ley Concursal parecen responder a lo ocurrido con Martinsa.
R. Creo que hay una gran preocupación por la situación que atraviesan las grandes inmobiliarias. El objetivo fundamental de la última reforma fue preservar cierta seguridad de actuaciones anteriores a la declaración del concurso, que lógicamente van a favorecer a unos acreedores y perjudicar a otros, pero que es la única posibilidad para que una empresa pueda seguir adelante.
P. ¿Cree que hubo abuso de los bancos en el acuerdo de refinanciación previo al concurso? Dictó medidas cautelares...
R. Puesto que se ha pedido la rescisión de determinadas operaciones realizadas en el período anterior al concurso, es lógico que se haya solicitado tambiíén, simultáneamente, la adopción de medidas cautelares. De otra manera se podrían ejecutar las garantías y quedaría sin contenido el proceso principal. Las medidas cautelares, si es que se ratifican, no prejuzgan el fondo.
P. La fase común del procedimiento se ha prolongado. ¿Cree que afectará a los plazos?
R. Sí. En esto la ley peca quizá de un exceso de optimismo porque siempre hay que conjugar los plazos que se marcan con las posibilidades de la propia administración de Justicia y las peculiaridades de cada concurso. En este tenemos del orden de diez mil acreedores y cerca de novecientos incidentes. La tramitación va razonablemente bien. Ahora estamos a la espera de saber cuándo vamos a acabar esta fase de impugnaciones [de la propuesta de convenio]. Creo que no se han producido dilaciones significativas.
P. ¿Cómo va a pagar sus deudas Martinsa si su gran activo, el suelo, apenas tiene salida ahora?
R. Todo pasa porque el mercado inmobiliario mejore. O que, por lo menos, que no se deteriore más. La propuesta de convenio establece los dos primeros años de carencia, pero todo dependerá del marco económico general. Es una propuesta. En esto el juzgado tiene que ser totalmente neutral.
P. ¿Quiíén defiende a los pequeños acreedores y a los trabajadores en un concurso así?
R. Está claro que hay mucha gente sacrificada. Que ha perdido y que sigue perdiendo. Hay montones de acreedores para los que el concurso es una autíéntica tragedia porque son empresas pequeñas que precisaban del cobro inmediato de sus críéditos para atender obligaciones y cumplir con trabajadores y proveedores.
P. ¿Cómo está respondiendo la Ley Concursal ante la suspensión de pago de grandes empresas?
R. Se suele comentar en determinados foros que la crisis ha puesto de manifiesto las insuficiencias de una ley que no está prevista para atender a los problemas específicos de los macroconcursos. En realidad, ninguna ley concursal lo estaría. Pensemos en Fórum y Afinsa, que tienen alguno de ellos creo que 400.000 acreedores. El problema no es tanto de regulación, sino de medios, de estructura judicial. Al final siempre habrá un embudo, que no es otro que lo que deberá dictar un juez.
P. ¿Quíé problemas encuentra usted en la aplicación de la ley?
R. Es cierto que el respeto a las garantías procesales ha impuesto algunos procedimientos que son excesivamente lentos, como el de la impugnación a la lista de acreedores, y probablemente demasiado amplios, con unas posibilidades ilimitadas, prácticamente. En esto la ley no es demasiado flexible. Habría que conjugar la seguridad jurídica con la celeridad, que es el gran dilema de las leyes procesales.
P. De promotora a operadora de suelo. ¿Cree que es esa la salida de Martinsa?
R. Es una decisión que la compañía debe tomar con sus acreedores. Dicen que una empresa endeudada es propiedad de sus acreedores, y no de sus accionistas. Y en tíérminos económicos eso es cierto.
P. ¿Baraja alguna fecha para la finalización del concurso?
R. Tal y como vamos podrían estar los listados definitivos de acreedores y del inventario a finales de año, por lo que ya podríamos entrar en la discusión de un convenio. Es un cálculo que algunos me dicen que es demasiado optimista. Yo creo que se va a poder hacer. Y espero poder hacerlo, desde luego, porque tambiíén me quiero liberar de Martinsa. Mi cálculo, con impugnaciones incluidas, es que la fase procesal acabe a principios del próximo año. En cualquier caso, el concurso no termina hasta que se cumpla el convenio. Con la propuesta que hay, finalizará en ocho años
