elmundo.es/Pablo Pardo
Washington.- El futuro de Chrysler ya no depende de los bancos, del mercado, de Fiat ni de la Administración Obama. Ahora está en manos de ocho hombres y una mujer: el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El lunes, la juez del Supremo Ruth Bader Gingsburg -la única mujer de la institución- paralizó la venta de Chrysler a Fiat, apenas unas horas despuíés de que el Tribunal de Quiebras del Sur de Manhattan la autorizara.
Gingsburg -que paradójicamente es uno de los miembros del Supremo más próximos al ala izquierda del demócrata, en la que está Obama- ha abierto así la puerta a una posible cancelación de la venta de Chrysler a Fiat, lo que supondría una catástrofe económica y la mayor derrota que Barack Obama habría sufrido desde que llegó a la Casa Blanca.
Todo dependerá de un comitíé formado por cuatro de los nueve hombres justos del Supremo, que deberán decidir en los próximos días si admiten a trámite el recurso presentado por tres fondos de pensiones de empleados públicos del Estado de Indiana. Según los demandantes, la Administración ha forzado una suspensión de pagos extraordinariamente favorable para el sindicato el sindicato Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW) a expensas de los tenedores de bonos de Chrysler, entre los cuales están ellos.
Gingsburg, que ejerce funciones de juez de guardia en el Supremo para los casos urgentes que proceden del Tribunal de Quiebras de Manhattan, ha decidido que ese recurso merece ser escuchado.
Es una decisión que deja la venta de Chrysler en el aire. A día de hoy, es imposible saber si la reestructuración de la empresa seguirá adelante, y esta acabará dividida entre Fiat, UAW y los Estados de EEUU y Canadá; o si Chrysler acabara yendo a una liquidación que deje en la calle a sus 58.000 empleados.
Las claves del caso son muy simples. Cuando Chrysler suspendió pagos, el 30 de abril, tenía 6.900 millones de dólares (4.900 millones de euros) en deuda secured, es decir, garantizada o respaldada por activos. Normalmente, los tenedores de esa deuda reciben un tratamiento preferente en las suspensiones de pagos, dado que se supone que ellos tienen los bonos más seguros.
Sin embargo, en Chrysler, la Administración forzó un enfoque diferente. A cambio de la paz sindical -UAW se ha comprometido a no ir a la huelga hasta 2015- y de la financiación de los planes de pensiones y de salud de los jubilados de la empresa -que fueron transferidos recientemente por la compañía a a la central-, el equipo de Obama decidió que UAW tendría el 55% del capital de Chrysler. Otro 20% quedaría en manos de Fiat que, a cambio de que se hiciera con la gestión del monumental elefante blanco que es Chrysler no tendría que poner ni un euro por la empresa. Y los Estados de EEUU y Canadá asumirían el resto. Los tenedores de deuda secured recibirían 29 centavos por cada dólar de valor nominal -es decir, del precio con el que salieron al mercado los bonos que ahora ellos tienen-, alrededor de un 33% menos de lo habitual en estos casos.
Era un tratamiento inusualmente duro a los bonistas. La mayor parte de ellos lo aceptaron, sin embargo, porque son bancos que han recibido dinero público para sobrevivir, y no están las cosas como para morder la mano del Estado que les han salvado a ellos de seguir los pasos de la suspensión de pagos. Pero tres fondos de funcionarios de Indiana que apenas tenían 17 millones de dólares de bonos (el 0,24% del total de la deuda garantizada) no deben nada al Gobierno, así que fueron a los tribunales, alegando que Washington ha puesto a los sindicatos por delante de los acreedores. Ahora, todo queda en mandos del Supremo.
