Efe | Europa Press
Madrid.- El Gobierno ha aprobado una partida extraordinaria de 16.900 millones de euros, casi el 2% del Producto Interior Bruto, para afrontar el pago de las prestaciones por desempleo, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha destacado que el Ejecutivo hará todo lo posible para, en la actual situación económica, proteger a los colectivos más díébiles.
Esta partida forma parte de una batería de medidas más amplia dotada con 19.751 millones. Según las nuevas previsiones del Gobierno, las tasas de desempleo serán del 17,9% en 2009; el 18,9% en 2010; el 18,4% en 2011; y el 17,1% en 2012. No obstante, la ministra de Economía, Elena Salgado, asegura que no se alcanzarán "ni de lejos" los cinco millones de parados en España.
En el decreto de medidas urgentes contra el paro, el Gobierno adquiría el compromiso de incrementar las dotaciones presupuestarias en la cuantía que fuera necesaria para garantizar el derecho de los trabajadores desempleados a cobrar la protección por desempleo.
"Es un compromiso que se expresa, una vez más, en el importante decreto ley que tambiíén hemos dado luz verde, por el que se conceden críéditos extraordinarios por más de 19.751 millones de euros y se modifican distintos preceptos de la ley de impuestos especiales", señaló la vicepresidenta tras anunciar subidas impositivas en tabaco y combustibles.
De los 19.751 millones de euros de la nueva partida aprobada por el Gobierno, 1.800 millones se dedicarán a compensar a las comunidades autónomas de ríégimen común por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, una medida que beneficia a las clases medias españolas, según insistió la ministra de Economía, Elena Salgado.
El Ministerio de Educación recibirá por su parte un críédito extraordinario de 155 millones de euros para la concesión de ayudas económicas durante el período de desempleo para licenciados españoles que deseen formarse, así como para la realización del Proyecto Escuela 2.0; mientras que el Ministerio de Sanidad y Política Social tambiíén dispondrá de otros 400 millones de euros destinados a la Ley de Dependencia.
Otras partidas incluyen 297 millones para la implementación del DNI electrónico e Instituciones Penitenciarias; 200 millones de euros para acometer actuaciones urgentes en carreteras y estaciones de ferrocarril; 70 millones para el Plan Vive Autobuses 2009-2010; y 20 millones para fomentar el turismo social a travíés del Imserso.
Aprobada la 'Ley Omnibus' del sector servicios
Además de anunciar la nueva batería de medidas contra la crisis, el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2010, que será de 182.439 millones, un 4,5% menos que en 2009, y prevíé un díéficit público del 7,9% del PIB para el próximo ejercicio, nueve díécimas por encima del anteriormente previsto.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la 'Ley Omnibus' que permitirá una mayor competitividad en el sector servicios con la modificación de 47 leyes que supondrán "una profunda transformación de nuestro sistema".
El propósito es simplificar al máximo todos los procedimiento administrativos y "dejar atrás la cultura de la autorización para todo", lo que beneficiará particularmente a pymes y a autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores.
Así, se sustituye la figura de la autorización previa que rige el acceso en numerosas actividades por meras comunicaciones de inicio de la actividad o declaraciones responsables por parte del prestador a la Administración.
Entre otras medidas se otorga validez en todo el territorio nacional a diversas autorizaciones o habilitaciones para el ejercicio de una actividad (de modo que el prestador de servicios no tenga que obtener una nueva autorización en cada comunidad autónoma en la que quiere ejercer) y se simplifican procedimientos administrativos a travíés de la tramitación telemática, la supresión de autorizaciones provisionales, la unificación de trámites de apertura y se establece el silencio positivo como norma general.
