Ferrovial ha encontrado un influyente aliado en la discusión que mantiene con el Gobierno británico sobre la reforma de la regulación aeroportuaria de Reino Unido.
La Autoridad de Aviación Civil (CAA, según sus siglas en inglíés) ha enviado un documento al Ministerio de Transportes en el que se suma a la posición de la empresa española, al pedir la retirada de una propuesta legislativa que permitiría la nacionalización de los aeropuertos en caso de que tuvieran problemas financieros.
“La CAA recomienda que el Gobierno centre la reforma en la mejora del actual sistema para regular la estructura financiera [de los aeropuertos]â€, en lugar de lanzar una completa revisión del marco legal que tendría costes para inversores y usuarios.
El punto más controvertido de la iniciativa del Gobierno es la instauración de un mecanismo de “administración especialâ€, por el que el control de un aeropuerto pasaría a manos públicas si tuviera problemas financieros que impidieran la continuidad del servicio a los pasajeros. Ferrovial ha contestado con fuerza a esa propuesta, ya que obligaría a un replanteamiento total de su estructura financiera al no poder ofrecer como garantía de su deuda los activos aeroportuarios.
Este cambio legal permitiría que acreedores de BAA, la filial de Ferrovial que posee 7 aeropuertos en Reino Unido, pidieran la devolución inmediata de sus príéstamos por un cambio significativo en las condiciones de sus contratos.
La CAA recoge esa preocupación de Ferrovial en su recomendación al Gobierno. “El mecanismo de administración especial reduce los derechos de los propietarios de los aeropuertos y sus acreedores, reemplazando la capacidad de los acreedores para exigir un concurso por una controlada por el Gobierno.
Inevitablemente, esto expone a los propietarios y acreedores a un riesgo adicional, el coste que deben asumir o traspasar a los usuarios de los aeropuertosâ€, indica el organismo independiente.
En consecuencia, la CAA pide que no se aplique ese sistema, por su “efecto perverso†de elevar las tarifas que aerolíneas y viajeros pagan por usar los aeropuertos, ya que Ferrovial tendría derecho a traspasar a los precios el coste del cambio de regulación.
