El vaso rebosó ayer. La Comisión Nacional de Competencia abrió expediente a las cinco grandes compañías elíéctricas por restringir datos a los competidores. Un apagón telemático que tiene lugar a una semana vista de que el 1 de julio se produzca la liberalización del sector y 24 millones de hogares queden acogidos a la tarifa de último recurso (TUR). Una tarifa que, paradójicamente, les proporcionará una de las cinco compañías expedientadas. El varapalo de Competencia se une a las críticas al proceso de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y a la desazón de las asociaciones de consumidores, que se barruntan un exponencial incremento en el precio de la luz y claman por la falta de información a los usuarios.
La desconfianza acecha en tanto llueve sobre mojado. Competencia ya multó en abril a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y E.ON con 38 millones de euros por negar a Centrica información relevante. Fuentes del sector explican este nuevo expediente: “Centrica vuelve a denunciar que no puede acceder a las bases de datos de los clientes. Pero no puede ni ella ni nadie, ni siquiera las mismas empresas que son sus dueñas. Se están cambiando los modelos para adaptarse de una tarifa integral a la TUR y eso lleva unos díasâ€. Sea como fuere, este nuevo escollo se presenta despuíés de las irregularidades admitidas por el propio Miguel Sebastián en el paso de la tarifa bimensual a mensual, y que provocó excesos en los cobros.
Con estos antecedentes, ahora más de uno se teme lo peor. El 1 de julio quienes tengan una potencia contratada entre 3 y 10 kilovatios pasarán a la TUR, el precio máximo que regula el Ejecutivo. Y hay consenso en que les subirá la tarifa, en tanto la reducción de los precios energíéticos desde principios de año no compensará que el recibo traslade los costes del díéficit tarifario acumulado, que alcanzaba a finales de 2008 los 14.000 millones. ¿De cuánto será la subida? Se podrá empezar a cuantificar hoy, cuando se conozca el precio fijado para la energía en la subasta celebrada ayer. Desde la patronal (Unesa), simplemente se recuerda que “liberalización no tiene que ser igual a precios más altos, sino realesâ€. Sin embargo, algunos expertos hablan de subidas de hasta el 38% para sectores concretos.
La Unión de Consumidores de España (UCE) salió ayer rápidamente al paso para denunciar la falta de “transparencia y competencia†en el proceso liberalizador, y responsabilizar directamente al Ministerio de Industria y a la CNE. Organizaciones como la UCE o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han insistido en que no se salga al mercado liberalizado antes del 1 de julio y no aceptar de momento ninguna oferta de las comercializadores. “Pero eso es no tener claro cómo se desarrollará el proceso –se apunta desde una elíéctrica-. Quienes estíén entre los 3 y los 10 kilovatios no tienen que hacer nada. Se les asignará una comercializadora y van a precio reguladoâ€.
Recargos del 20% para pymes
En efecto, los problemas estarán centrados sobre todo en los que superen los 10 kilovatios de potencia, sobre todo pymes, que tienen que acudir por fuerza al mercado para contratar comercializador. Su recargo, si no firman con nadie, podría alcanzar en cuatro trimestres el 20%. ¿Problema añadido? Que todo se está retrasando y abonando la incertidumbre. En tanto Industria no ha fijado el precio de la TUR de julio a septiembre, las comercializadoras todavía no han lanzado sus ofertas. “Pero aunque Industria no haya fijado la TUR, ese segmento sí que están recibiendo ofertas por parte de las comercializadorasâ€, apuntan sin embargo fuentes del mercado.
Deberían librarse de la subida quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, que pueden acogerse a una tarifa social. Pero aquí tambiíén hay problemas. “Ha faltado coordinación entre los Ministerios. Además de los que están por debajo de 3 kilovatios, Sebastián quiso incluir a tres colectivos más: familias numerosas, parados y pensionistas con subsidios mínimos. Y las elíéctricas no pueden acceder a esos datos, lo que obliga a que la Seguridad Social envíe unos certificados y los afectados los presenten a la compañía. Pues bien, en su mayoría no han llegadoâ€, explican fuentes del sector. Trabajo confirmó que sólo la mitad de los pensionistas, unos 900.000 de dos millones, habían recibido el documento.
La CNE tambiíén ha puesto su piedra en el camino de Miguel Sebastián. El supervisor no sólo ha apostado porque el bono social, en lugar de vincularse a potencia contratada, se relacione con la renta; tambiíén ha considerado contrario a la normativa elíéctrica el traspaso unilateral de usuarios a comercializadoras que no aplicarán la TUR fijada por el Gobierno. Eso, como en su momento denunció Facua, podría sucederle a usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras. Tambiíén se queja la CNE de la información facilitada a los usuarios y advierte que las cartas enviadas, el único procedimiento de notificación que ha llegado y llegará a los hogares, puede incluso “inducir a errorâ€.
