Bruselas investiga la aplicación de la Ley de Costas en la provincia de Alicante
La Comisión de Peticiones del Parlamento ordena que se analice la situación en la que hay 1.500 viviendas amenazadas de derribo
F. J. B. La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si es correcta y se ajusta a derecho la forma por la que el Ministerio de Medio Ambiente está aplicando en la provincia la Ley de Costas aprobada en 1988 y, en concreto, los criterios que sigue en su contencioso con la Plataforma Nacional de Afectados, que la pasada primavera presentó una queja formal contra el Gobierno en Bruselas. Denuncia que ha tomado cuerpo tras ser admitida por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según la comunicación hecha pública el pasado día 16. La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas agrupa a unos veinte mil afectados en toda España y unas 1.500 viviendas en la franja litoral de la provincia de Alicante, el 65% del total estatal, según consta en el informe que la plataforma remitió a Bruselas. El resto se reparte por Canarias, Asturias, Galicia, Valencia y Castellón.
El asunto cobra importancia porque la UE ha decidido seguir el mismo procedimiento que en su día adoptó tras las denuncias sobre los presuntos abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, supuestamente amparados por la legislación del Consell. Se abrió una investigación, hubo tres visitas de europarlamentarios y el asunto terminó en una condena firme del Parlamento Europeo y con la apertura de un expediente que puede acabar, incluso, en los tribunales.
Los propietarios alicantinos que tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas amenaza con el derribo residen mayoritariamente en la Albufereta -edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant-, Arenales del Sol (Elche), Díénia, Santa Pola y Guardamar y, junto al resto de personas afectadas, presentaron la queja en Bruselas. Los afectados denunciaron la falta de diálogo de los rectores de Costas en Madrid que no han hecho caso ni a las observaciones que les trasladaba su director provincial.
"El Gobierno juega con un patrimonio que en muchos casos es el único que tenemos los afectados y si nos lo quitan nos van a dejar sin nada", subrayó ayer un propietario afectado. Los vecinos se encuentran, además, con otro problema añadido y es que como no se ha resuelto el expediente de deslinde las casas no pueden ser ni vendidas, ni hipotecadas.
Existen tambiíén serias dudas sobre si todas las líneas de deslinde que se han trazado son correctas. En concreto, el edificio Torre Alacant de la Albufereta, que teóricamente invade por un metro la zona de dominio público marítimo-terrestre, sería incluso legal debido que el nuevo deslinde no respetó las marcas originales de los años sesenta, según los afectados.
Otro problema con el que se encuentran todos los propietarios es que pese a que las viviendas se construyeron en su día ajustándose a la ley y con los permisos oficiales correspondientes, ahora Costas las considera ilegales. La Plataforma de Afectados exige al Gobierno que no aplique la ley con carácter retroactivo "porque lo que intentan hacernos no se aplica en ningún estado miembro de la UE", aseveraron desde la plataforma.
Al margen de las viviendas amenazadas por la aplicación de la Ley de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente mantiene bloqueada la rehabilitación del edificio del antiguo hotel El Cabo -casi en ruinas en primera línea de la Playa de San Juan- y prevíé por otro lado la demolición en otoño de seis restaurantes-chiringuitos a los que caducó la concesión.
"En Europa están indignados"
Josíé Ortega, abogado y presidente de la Plataforma de Afectados mantuvo ayer reuniones en Santa Pola y Arenales del Sol -novecientas casas amenazadas- para analizar el nuevo rumbo que ha tomado el asunto tras la admisión a trámite de la denuncia. "Es muy importante porque al final va a haber una investigación objetiva y al margen de la política porque hasta ahora nos hemos sentido indefensos ya que todos tienen mucho que callar y a nadie le ha interesado entrar a fondo en el problema". Según Ortega, "en Bruselas pasan de política y me consta que los diputados están hartos de las noticias que llegan de España sobre los abusos que sufren sus nacionales. Gente que compró una casa en su día, que hizo una inversión y ahora se ven desasistidos. De ahí que estemos muy esperanzados de que la solución llegue al final desde la Unión Europea".
El presidente de la Plataforma de Afectados calcula que en la provincia "hay miles de viviendas con problemas aunque tengamos localizadas unas 1.500 pertenecientes a propietarios que forman parte de la plataforma, pero hay muchas más, seguro".
Ortega subrayó que "la decisión de la CE llega en un momento simbólico ya que el 28 la Ley de Costas cumple 20 años".
