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Autor Tema: Claman por justicia mexicanos defraudados por financiero de Texas...  (Leído 1811 veces)

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Por... Emilio Godoy

Ciudad de Míéxico— Atraí­das por los altos rendimientos y por la aparente solidez del Stanford International Bank (SIB), Paula Gilly Flores y su madre invirtieron la herencia legada por la abuela en certificados de depósito de este banco.
Pero en febrero de 2009, ambas mujeres, radicadas en Puebla, se quedaron con las manos vací­as cuando la empresa dueña del banco, Stanford Group Company, propiedad del magnate texano Robert Allen Stanford, fue intervenida por la Comisión de Seguridad y Valores (SEC, por sus siglas en inglíés) de Estados Unidos.
Ellas no fueron las únicas. Desprotegidos por las autoridades financieras mexicanas, Gilly, sus paisanos Samuel Troice, Martha Dí­az y la empresa panameña Punga Punga Financial Ltd. decidieron demandar ante una corte federal de Texas a las empresas aseguradoras Willis Group Holdings Ltd. y a su ejecutiva Amy S. Baranoucky; a Willis of Colorado Inc. y a su ejecutivo Robert S. Winter, así­ como a la firma Bowen, Miclette & Brito Inc., a las cuales acusan de ser cómplices de estafa.
De acuerdo con el expediente presentado el pasado jueves 2 ante una corte federal de Texas, marcado con la clave 3:2009cv01274, al que accedió Proceso, esas compañí­as aseguradoras sirvieron de cubierta a Stanford para captar un billón de dólares provenientes de  alrededor de 3 mil inversionistas mexicanos.
La demanda de 56 páginas sostiene que las aseguradoras se extralimitaron en sus funciones y actuaron “como agentes de ventas a favor de Stanford Financial”. Así­, dicen, escribieron cartas que validaban las inversiones de esa empresa, la cuales a su vez eran usadas para atraer nuevos clientes, además de conferirle reconocimiento y credibilidad entre los clientes de Stanford, unos 30 mil en todo el mundo.
Willis of Colorado Inc. tiene su sede en el estado de Colorado y operaciones en Texas; Willis Group Holdings Ltd., la tercera aseguradora más grande del mundo, está localizada en Bermuda y su mayor centro de operaciones es Gran Bretaña; mientras que Bowen, Miclette & Brito, Inc. está ubicada en el estado de Texas.
Cartas correspondientes a 1996, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2004, firmadas por Robert S. Winter, y documentos similares de Willis Group de 2005, 2006 y 2008, prácticamente respaldaban la supuesta solidez de los certificados de depósito de SIB.
Los afectados se han sentido perjudicados por la inacción de los reguladores financieros de Míéxico, Estados Unidos y Antigua. Se sienten desprotegidos por la autoridad, dijo a Proceso el abogado David Cibrián, del despacho texano Strasburger & Price que representa a los acusadores junto con la firma Castillo Snyder
Las aseguradoras enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Valores de Texas, fraude y engaño negligente; los demandantes solicitan 900 millones de dólares. “Calculamos ese monto por el valor aproximado de la cartera mexicana invertida en (el SIB) en Antigua”, explicó Cibrián.
Los inversionistas mexicanos optaron por llevar a juicio a las aseguradoras pues no pueden demandar a Stanford en virtud de una prohibición impuesta por un juez federal para no acumular demanda sobre demanda.
Robert Allen Stanford era dueño de Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Stanford International Bank y Stanford Trust, estas últimas con sedes en el estado de Lousiana y la isla caribeña de Antigua, respectivamente.
El 17 de febrero de 2009, la SEC entabló la primera acción legal contra Stanford ante una corte distrital de Texas por violaciones a las leyes del mercado de valores. El financiero fue aprehendido el 18 de junio pasado y está preso en una cárcel federal en Houston, a la espera del inicio de su juicio programado para el 25 de agosto próximo en el que será acusado de 21 cargos, incluyendo un fraude por unos 8 billones de dólares.
Consultada por Proceso, Willis Group prefirió no emitir comentarios al respecto.
Los acusados deben responder a la querella. “Nos asignan un juez y habrá una audiencia hasta despuíés del emplazamiento, en unos dos o tres meses”, explicó Cibrián.
<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> Ilusiones financieras
El expediente relata cómo los inversionistas mexicanos entraron en contacto con el director general de Stanford Financial en Míéxico, David Nanes, y sus colaboradores.
Samuel Troice, director de la empresa Pinturas Acuario, localizada en Tlalnepantla, Estado de Míéxico, empezó a invertir en Stanford Míéxico en 1997. Sus tratos fueron directamente con Nanes, quien le informó de las operaciones de Stanford y de la cobertura que íéstas tení­an.
A lo largo de los años, Troice mantuvo una relación excelente con Nanes, lo consideró un amigo y lo vio regularmente. En 2008, con los mercados financieros en crisis, le preguntó sobre la fortaleza de SIB y Nanes le respondió que el banco se encontraba en excelentes condiciones pues, al no ser un banco comercial, era capaz de seguir pagando altas tasas de interíés.
El mismo dí­a 17 de febrero de 2009, cuando la SEC intervino a la empresa matriz, el inversionista se reunió temprano con Nanes, quien le aseguró que el banco era sólido. Pero el ejecutivo conocí­a muy bien la realidad del banco, el cual enfrentaba serios problemas de liquidez, habí­a dejado de transferir fondos a sus clientes y se encontraba bajo investigación de la SEC.
La historia de Martha Dí­az es semejante. Ella y su esposo Homero invirtieron en Stanford Financial a travíés de la oficina en Míéxico desde 1996. Su contacto directo era Nanes, quien los convenció en sus reuniones de seguir invirtiendo en los certificados de depósito.
En agosto de 2008, Dí­az y su hijo se reunieron con Nanes, pues sus inversiones a plazo fijo estaban por vencer. El ejecutivo la convenció de cambiar los documentos a plazo variable, para luego volver a convertirlos a plazo fijo el 9 de septiembre. Dí­az le preguntó quíé jurisdicción intervendrí­a en caso de cualquier problema con el SIB, a lo cual el ejecutivo contestó que serí­a Estados Unidos porque la sede corporativa de Stanford Financial se localizaba en Houston.
Paula Gilly Flores y su madre colocaron la herencia dejada por su abuela en Stanford Financial. Sus fondos estaban invertidos en el Chase Bank en Houston y durante un tiempo fueron manejados por Miguel Valdez, quien luego se convirtió en ejecutivo de Stanford Group. íél las convenció de trasladar los fondos a la empresa de Stanford el 9 de octubre de 2007.
Punga Punga Financial Ltd. es una corporación panameña propiedad de mexicanos y con operaciones en la Ciudad de Míéxico. Su director conoció a Nanes en 1998 a travíés de un amigo. Un año despuíés, Nanes lo convenció de invertir en certificados de depósito.
Con el paso de los años, el director de Punga se convirtió en amigo de Nanes. Incluso, el director de Stanford en Míéxico lo invitó a viajar a Miami en un jet privado de Financial Stanford.
Esa inversión expiraba en enero de 2009 y su dueño habí­a decidido no proseguir con esa relación de negocios. Pero Nanes le ofreció una tasa de interíés preferencial, ante lo cual decidió revalidar la inversión dos semanas antes de la intervención de la SEC.
Los inversionistas defraudados optaron por hablar a travíés de su abogado David Cibrián. “La relación comercial empieza por la labor de ventas de Stanford Group, los clientes fueron contactados por recomendación de otros clientes”, dijo íéste, pero se negó a especificar los montos invertidos por sus clientes mexicanos alegando motivos de seguridad. “Son inversiones importantes”, comentó.
Una telaraña compleja
En Míéxico, Stanford Financial operó con los nombres de Stanford Group Míéxico, S.A. de C.V, y Stanford Fondos, S.A. de C.V, dirigidos por David Nanes.
El negocio principal era la venta de certificados de depósito de un banco offshore en Antigua, propiedad de Stanford International Bank.
Stanford abrió su primera compañí­a en el paí­s, Stanford Group Míéxico en enero de 1995 como una subsidiaria de Stanford Group en Houston. Con oficinas en Monterrey y Puebla, fue creada especí­ficamente para ser una oficina de representación no registrada de Stanford Financial en el paí­s y para transar certificados de depósito de Stanford International Bank, con lo cual quebrantaban las leyes financieras mexicanas. Bajo la dirección de Nanes, la empresa creció rápidamente mediante la caza de asesores financieros y de clientes que habí­an invertido en otras corporaciones. Una díécada despuíés, en 2005 surgió Stanford Fondos con el mismo propósito.
David Nanes fue un alto ejecutivo del grupo desde 1997 hasta 2009. Según el pliego, a lo largo de su extensa carrera en varias afiliadas a Stanford Financial, el funcionario tení­a conocimiento de la red de las operaciones globales de la compañí­a.
“En la medida en que la operación mexicana era diseñada y dirigida desde Houston, Nanes estaba a cargo de todas las actividades”, cita la demanda. De hecho, empleados llegados de Houston estaban a cargo del entrenamiento del personal en Míéxico.
El paradero de Nanes es desconocido, abandonó el paí­s el 17 de febrero de 2009 cuando la SEC presentó la primera queja en contra de su jefe. “No sabemos quíé pasó con íél. Ha habido muchos rumores, pero no tenemos información concreta”, indicó Cibrián.
Según el abogado, muchos inversionistas mexicanos nunca entendieron que habí­an invertido en certificados de depósito emitidos por un banco antigí¼eño, ellos suponí­an que su dinero estaba invertido en Houston.
Los empleados de Stanford Group o Stanford Míéxico les hací­an creer a sus clientes que los documentos bancarios estaban asegurados por la firma inglesa Lloyd’s y que, por lo tanto, eran más seguros que los depósitos en bancos estadunidenses.
“El SIB no estaba regulado por el gobierno de Estados Unidos, la inversión de los acusadores no estaban asegurados; el SIB estaba operando ilegalmente como un fondo de inversión no registrado que vendí­a valores no registrados desde y por medio de Houston y no estaba invirtiendo en instrumentos lí­quidos y seguros”, señala el expediente judicial.
El legajo reproduce las revelaciones hechas por el periodista argentino Gabriel Bauduco en su libro Imperio de papel sobre el funcionamiento de Stanford en Míéxico. Casi una vez al mes, Nanes y su equipo moví­an millones de dólares en cheques y efectivo para transportarlas ví­a aíérea desde el aeropuerto de Toluca hacia Houston o Antigua. Este procedimiento –creado, autorizado y ejecutado por Nanes– violó la ley mexicana. En 2005, la directora de recursos humanos de Stanford Míéxico, Verónica Spí­ndola, fue detenida en el aeropuerto de Toluca en posesión de unos 5 millones de dólares en cheques dirigidos a SIB. Luego de pasar 90 dí­as detenida, fue reconocida con un premio a la excelencia por Stanford Financial en 2006.
Los vendedores recibí­an una comisión de 1% por los montos colocados y un porcentaje similar durante la validez de los certificados.
Al parecer, las primeras dificultades financieras en Stanford Míéxico empezaron en diciembre de 2008, cuando Stanford International Bank ya no pudo realizar transferencias de fondos.
El 6 de febrero de este año, el holandíés Frans Vingerhoedt, viejo amigo de Stanford, le envió un correo electrónico, con copia a Nanes, en el cual le dice: “Las cosas están empezando a desenmarañarse en nuestro lado del Caribe y Latinoamíérica (…) necesitamos aplicar una estrategia para dar preferencia a ciertas transferencias de gente influyente en determinados paí­ses, si no veremos la semana próxima una corrida en el banco (…) todos sabemos lo que eso significa. Hay balas de verdad allá afuera con mi nombre, con el de David (Nanes) y con el de muchos otros, y son muy reales”.
Pirata
Como lo bautizó la revista estadounidense Vanity Fair, Robert Allen Stanford era un “pirata del Caribe”. Su primer negocio, una cadena de gimnasios en la localidad texana de Waco llamada “Total Fitness”, quebró en 1982. Dos años despuíés se declaró en bancarrota personal, pero fue absuelto sin tener que pagar 13.6 millones de dólares en obligaciones financieras. Entonces se trasladó a las Islas Caimán, donde se convirtió en instructor de buceo. Ahí­ conoció al holandíés Vingerhoedt, quien lo introdujo en el mundo de la banca offshore.
En 1985 Stanford abrió su primer banco, el Guardian International Bank, en la isla caribeña de Montserrat, conocida entonces por sus laxas regulaciones bancarias.
En diciembre de 1990, Stanford registró el Guardian en Antigua y en mayo del año siguiente Montserrat le revocó la licencia. Por ello, movió sus operaciones bancarias hacia Antigua y en 1994 cambió el nombre de la institución a Stanford International Bank. Con los años, el tejano entabló una muy buena relación con las autoridades antigí¼eñas, al grado de redactar íél mismo la ley financiera de la isla, siempre en su beneficio.
Tras el derrumbe del imperio financiero que construyó, Stanford, a quien la reina Isabel II de Inglaterra le concedió el tí­tulo honorario de “Sir”, se enfrenta a pasar el resto de sus dí­as tras las rejas. El precedente inmediato es el de su colega Bernard Madoff.
Una corte federal de Nueva York condenó a Madoff el pasado 29 de junio a 150 años de cárcel por la estafa de unos 65 billones de dólares, en el mayor fraude financiero cometido en Estados Unidos.
“En opinión nuestra, el caso Stanford es diferente al de Madoff, pues es más complejo, aunque los montos defraudados por Madoff son mayores. Madoff nunca tuvo el apoyo de un gobierno extranjero, como sí­ ocurrió con Stanford y el gobierno de Antigua”, dijo Cibrián, quien anticipó más demandas de inversionistas defraudados “en contra de otros actores en el caso Stanford”.


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