La situación financiera se complica trimestre a trimestre. El Banco de España ha decidido incrementar la presión sobre las entidades al elevar del 10% al 20% del valor de tasación las provisiones (el colchón con el que se hace frente a la morosidad) con que deben contar cuando haya transcurrido un año desde que aceptaron un inmueble como pago de una deuda, según fuentes del mercado. Hasta ahora, sólo cargaban contra la cuenta de resultados el 10% de la tasación de pisos, promociones, naves industriales o suelo.
Con esta medida, que entrará en vigor en unas semanas, se obliga a tasar de nuevo parte de la cartera, lo que depreciará su valor y evitará que bancos y cajas tengan activos dentro de los balances a un precio superior al de mercado. Ejecutivos del sector entienden que la medida es un toque de atención para que no se abuse de la aceptación de inmuebles como pago de críéditos y creen que podría frenar las ya escasas compraventas en el sector del ladrillo.
Algunos banqueros se han acordado del reciente informe de la agencia de calificación Moody's, que acusó al sector de retrasar el reconocimiento de la depreciación de activos inmobiliarios morosos, aunque siguen considerándolo injusto e impreciso. La medida afectará sobre todo a las compras de suelo, los activos más depreciados.
Menor valor contable
En la práctica, este sistema supone que si, por ejemplo, un edificio está valorado en los libros de la empresa que tiene la deuda en 100 millones, normalmente una entidad financiera lo comprará por 80. Al adquirirlo, debe cargar ocho millones como provisión (por deterioro del valor de los activos) y al cabo de un año, otros ocho (como deterioro de activos no financieros). Automáticamente el valor contable del edificio en el balance de la entidad será de 64 millones. Si al venderlo recibe más, recuperará lo provisionado.
¿Cuánto puede suponer esta obligación? Es difícil concretarlo porque algunas entidades ya provisionan el 20% como medida preventiva. Según cálculos de los expertos, entre diciembre de 2007 y junio de 2009, las cajas han adquirido activos por 26.000 millones y los bancos cotizados, por unos 10.000 millones. Un 10% adicional supondría que esta medida eleva las provisiones en unos 3.600 millones, sobre todo para las cajas, que son las que menos capacidad tienen de generar recursos.
Esta nueva obligación no llegará con un cambio de la normativa, sino como una nueva directriz de la división de Supervisión del Banco de España, que lo comunicará a las entidades. La primera consecuencia de este movimiento será el incremento de las provisiones de las entidades en este ejercicio para que estíén preparadas para 2010, calificado como "el ejercicio más difícil de las crisis para el sector", según fuentes de Caja Madrid.
Elevar las provisiones supone reforzar una entidad financiera a costa de reducir el beneficio. La medida, cuyo efecto se irá notando mes a mes, pondrá en evidencia a entidades que se resisten a fusionarse, al dejar claro que no tienen fortaleza suficiente para seguir en solitario en una crisis como la actual.
El supervisor ha transmitido al sector que todas las provisiones que se hagan ahora pueden ser pocas si se confirman sus propios augurios: caída del margen y del volumen negocio mientras sube la morosidad por efecto del paro y de la caída del mercado inmobiliario. Algunos expertos vaticinan un descenso del 50% de los beneficios en las entidades medianas y pequeñas, sobre todo cajas, al cierre de 2009.
Por otro lado, con esta operación el Banco de España está compensando un giro que dio en julio pasado. Entonces redujo las exigencias de las provisiones en un 50% aproximadamente. El supervisor, que se resistió a tomar esta medida, no tenía más remedio que hacerlo, ya que equiparó la normativa española con criterios más comunes en el resto de Europa. A travíés de la conocida como carta Roldán (en alusión al director general de Regulación del Banco de España, Josíé María Roldán), consideraba que las viviendas terminadas y los locales polivalentes (oficinas o comercios) tenían un valor residual del 70% sobre el valor de tasación.
Hasta ese momento, el valor residual era cero, por lo que las entidades tenían que cargar contra beneficios el 100% del valor de un piso utilizado como garantía de un críédito hipotecario.
Esta medida tuvo efecto en los príéstamos que superaron el 80% del valor de tasación, los que más morosidad están generando y, por tanto, tambiíén los que necesitan más provisiones. El Banco de España aprovechó este movimiento para endurecer las condiciones de los príéstamos al consumo, muy castigados por los impagados, a los que exigió más cargas para prepararse ante la futura morosidad.
El último informe de la agencia norteamericana Moody's decía que bancos y cajas están "retrasando el reconocimiento de activos morosos, a travíés de acuerdos de reestructuración de deuda" potencialmente dudosa, incluso frenando la morosidad con compras de viviendas impagadas o de promociones enteras, una práctica "cada vez más frecuente". "Numerosas entidades parecen evitar la magnitud real del deterioro de los activos en sus cuentas, lo que podría provocar que persista la debilidad del sector bancario, a menos que se haga frente a ese asunto con mayor decisión", destacó la agencia.
El impacto de la recesión y el pinchazo inmobiliario, en especial del críédito a promotores, obligan a la banca a hacer provisiones de 57.000 millones de euros adicionales, para hacer frente a un deterioro de activos de 108.000 millones. El agujero irá saliendo a lo largo de una crisis que podría alargarse cinco años, según Moody's. En el peor escenario, las píérdidas estimadas se disparan a 225.000 millones.
"En el último año, la presión sobre los bancos españoles se ha ampliado", aseguró Maria Cabanyes, analista de Moody's. Eso supone un deterioro de la calidad crediticia, el debilitamiento de los colchones existentes para evitar nuevas píérdidas y una situación complicada en los mercados de financiación. Moody's aventura incluso que "un número significativo" de entidades entrará en píérdidas en los próximos trimestres.
