Por... D. CARVAJAL
La última vez que la Unión Europea (UE) decidió el futuro de su programa de asistencia agrícola por 50,000 millones de euros, en el 2005, se llegó a un acuerdo a puertas cerradas en una suite de lujo del hotel de cinco estrellas Conrad Brussels.
El presidente de Francia de ese tiempo, Jacques Chirac, y el entonces canciller alemán, Gerhard Schroeder, unieron fuerzas secretamente para proteger el programa --equivalente a más o menos 72,000 millones actuales-- hasta el 2013, esquivando a Tony Blair, primer ministro británico, quien quedó encolerizado con los generosos subsidios.
Ahora, el 2013 se está acercando y se ha iniciado una nueva ronda de maniobras encaminadas a remodelar el sistema más abundante de subsidios agrícolas del mundo.
Está en juego un grupo de temas delicados --algunos dirían intratables-- que se han endurecido al punto en que será muy difícil llegar a alguna resolución: ¿quiíén debe recibir los subsidios? ¿Cuál es su propósito? ¿Hay forma de condicionar los pagos a la lucha contra el fraude y la corrupción? ¿Pueden dirigirse más a pequeños productores en lugar de conglomerados multinacionales?
Están floreciendo nuevas ideas de cambio, mientras que los beneficiarios tradicionales -- Francia y el sector agrario de su economía ocupan el primer lugar de la lista -- se están atrincherando. El egoísmo nacional subyace el debate, lo que no resulta sorprendente.
Los gobiernos tradicionalmente deciden los objetivos de una política y despuíés asignan un presupuesto para lograrlo. En el caso de lo que formalmente se conoce como la Política Agrícola Común de Europa, ese proceso parece haberse invertido. Una enorme cantidad de dinero sigue siendo asignada mientras que sus objetivos cada vez son más difusos y sujetos a disputas.
Con sus cinco díécadas de existencia, el programa de subsidios agrícolas es piedra angular del gasto de la UE, totalizando actualmente 55,000 millones de euros ($79,000 millones), casi la mitad del presupuesto del grupo.
Representa una enorme redistribución de ingreso para intereses agrícolas por parte de los contribuyentes. Pero la mayoría de los agricultores reciben muy poco porque los pagos típicamente se basan en el tamaño de las granjas: 80 % de los beneficiarios reciben más o menos 20% de los pagos, según indican datos de la Comisión Europea.
Originalmente, el propósito de la ayuda era claro. Era una herramienta para alimentar a un continente hambriento devastado por la II Guerra Mundial a travíés del uso de incentivos de producción que crecieron durante la díécada de 1960. Pero esos míétodos generaron enormes excedentes. Por tanto, fueron reducidos y se programó su eliminación en 2013.
Mientras tanto, la UE fue forzada a encarar la cuestión de si tenía sentido seguir financiando unidades agrícolas que no podían competir en la economía mundial.
Durante el transcurso de los años, los europeos han buscado redefinir discretamente el subsidio. Mientras que la industria agrícola más o menos recibe 41,000 millones de euros en asistencia directa, este año 13,600 millones de euros adicionales fueron destinados a programas de desarrollo rural -- para estimular la diversificación a travíés del financiamiento de proyectos que variaron desde la producción orgánica hasta la energía renovable y el turismo agrícola.
Se han desviado fondos a una variada gama de proyectos. En España, por ejemplo, un productor de grava recibió 1.1 millones de euros mientras que un gigante de servicios recibió 466,000 euros por instalar conexiones elíéctricas.
