Repsol está analizando en estos momentos si realiza un ajuste a la baja de las reservas que tiene contabilizadas por culpa de la regulación boliviana y ante el mayor rigor que está exigiendo desde el 1 de enero de este año la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil en Estados Unidos.
Si sigue adelante con el ajuste, se podría ver afectada una cantidad de unos 90 millones de barriles de hidrocarburo, que desaparecerían del balance de la petrolera de un plumazo. Sería el 4% de todas las reservas probadas de petróleo que Repsol decía tener a diciembre de 2008 (2.209 millones de barriles).
Fuentes de Repsol confirmaron ayer que el asunto "se está estudiando" sin que se haya tomado una decisión hasta ahora. De realizarse el ajuste, se está mirando cómo llevarlo a cabo.
Al precio actual de mercado (el Brent cotizó ayer a 78 dólares el barril), 90 millones de barriles equivaldrían a algo más de 7.000 millones de dólares (unos 4.800 millones de euros al cambio actual).
El ajuste ocurriría en un momento complejo para la compañía. Antonio Brufau, presidente del grupo, se enfrenta en estos momentos al debate sobre su continuidad. El pasado viernes, el consejo de Repsol, con la ausencia de Sacyr, le ratificó en su puesto. Fuentes de Repsol quitan importancia al hecho de que el consejo se limitara a ratificar a Brufau "en sus funciones", y no "en su cargo", como expresamente estaba reseñado en la convocatoria del orden del día de ese consejo extraordinario.
Otra vez las reservas
En Repsol, parece que la historia se repite. Curiosamente, cinco años despuíés de asumir la presidencia, Brufau tiene que tomar ahora una decisión de si aborda un ajuste de las reservas, lo mismo que cuando llegó al cargo. Entonces, para dejar constancia de que hacía borrón y cuenta nueva con respecto a los posibles errores de gestión de la anterior dirección, Brufau ajustó a la baja las reservas en un 25%, tambiíén por los requerimientos de la SEC.
El problema concreto ahora es la nueva Constitución del Estado boliviano, aprobada a comienzos del pasado año. Ese texto era un paso más en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos del país puesta en marcha por el Ejecutivo del populista Evo Morales.
Ya en su último informe financiero anual a la SEC, a mediados del pasado ejercicio, Repsol advertía de que estaba pendiente de cómo podría afectar el desarrollo de ese texto legislativo, que en la práctica prohíbe la propiedad privada de recursos de petróleo y gas en el país.
El artículo 357 de la nueva Constitución boliviana establece que "por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras".
Aunque Repsol haya llegado a acuerdos con el Gobierno boliviano a lo largo de 2008 y 2009, la compañía lo tiene difícil para seguir apuntándose las reservas que tiene contabilizadas en aquel país
