A la segunda puede ir la vencida. El consejo de administración de Caja Burgos se reunirá el próximo jueves para analizar su incorporación al Sistema Institucional de Protección (SIP) impulsado por Caja Navarra (CAN) y CajaCanarias. Es decir, a la fusión virtual con estas dos entidades, a las que se podrían sumar Caja ívila y Caja Segovia.
Fuentes oficiales de la entidad burgalesa han confirmado a El Confidencial la reunión extraordinaria del órgano de gobierno de la caja, que se celebrará a las 19.00 horas. Fuentes financieras dan por hecho que el consejo dará su visto bueno a la integración en un grupo económicos que compartirá la política de riesgos y los negocios. No así la red de sucursales, que seguirán funcionando de forma independiente.
El acuerdo suscrito en octubre de 2009 por ílvaro Arvelo, presidente de CajaCanarias, y Enrique Goñi, director general de Caja Navarra, ya nació con vocación de ser ampliado a otras entidades. De hecho, la balear Sa Nostra tambiíén se sumó a este proyecto en diciembre, pero finalmente se ha echado atrás por la negativa de las fuerzas sindicales a apoyarlo.
Caja Burgos ve con buenos ojos esta fusión virtual puesto que le permitiría mantener la marca y sus órganos de gobierno, los dos grandes escollos que le llevaron a rechazar el pasado 10 de noviembre su integración total con Caja Duero y Caja España. Aquello fue un paso muy relevante para una caja que en 2009 vio como su resultado se redujo casi un 50%, hasta los 30 millones, debido a las fuertes dotaciones de 144 millones.
Esa decisión sentó como una bomba de relojería en el Ejecutivo de Castilla-León, que ahora tendrá que dar su autorización a la participación de Caja Burgos en el SIP. Fuentes próximas a las conversaciones aseguran que las diferencias entre la entidad financiera y el gobierno regional se han superado, sobre todo gracias a la invitación que Burgos hizo a las cajas de Segovia y ívila para que tambiíén se sumaran al proyecto.
La Junta de Castilla y León aprobó este año una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad para 2010, una modificación normativa por la cual el Gobierno regional adquiere capacidad de veto sobre los procesos de integración interregionales
