Por... ANDREW WHALEN
CERRO DE PASCO.-
La abertura, de más de un kilómetro y medio, crece con cada explosión y se devora lentamente esta sombría capital provincial andina.
La mina a cielo abierto de zinc y plomo, que funciona desde hace medio siglo, lanza un polvo que cubre las casas. La tierra está tan contaminada que las comunidades indígenas surgidas en las afueras de la ciudad ya no pueden cultivar papas ni lechuga. Las canillas dejan correr agua seis horas en una buena semana. El 80 por ciento del agua disponible se va para la mina.
A medida que el gobierno aumenta la explotación de las vastas reservas de minerales y petróleo, comunidades como la de Cerro de Pasco viven en carne propia el conflicto entre la contaminación ambiental y el empleo, el cual genera violentas protestas --algunas de ellas mortales-- desde los Andes hasta el Amazonas. Ciertos sectores afirman que la ciudad de 70,000 habitantes, uno de los primeros complejos mineros industriales del Perú, simboliza 100 años de extracción sin regulación, de desperdicios tóxicos y de toma ilegal de tierras.
``He visto cómo la mina se traga la ciudad'', afirma la legisladora de Cerro de Pasco Gloria Ramos, de 54 años, mientras observa el vacío desde una roca en lo que queda de su ciudad. ``Ha habido un gran íéxodo, pero los pobres siguen aquí''.
A fines del 2008, las autoridades municipales concedieron al dueño de la mina, la Compañía Minera Volcan, otras 11,33 hectáreas de tierra, incluida la plaza central y su iglesia colonial, que fue reconstruida en 1748 luego de un terremoto. La empresa amenazó con cerrar la mina de no recibir esas tierras, y así dejar sin trabajo a 4,000 personas.
Por esa misma íépoca, el Congreso había aprobado un proyecto que disponía el traslado de los habitantes de Cerro Pasco a otro sitio, pues el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos había determinado que la tierra, el agua y las casas estaban saturadas con niveles tóxicos de plomo.
Nueve de cada 10 niños tienen niveles altos de uno de 14 metales pesados, incluidos plomo, cadmio y arsíénico, según el Centro.
Ha pasado más de un año y el gobierno del presidente Alan García no ha dicho nada sobre los $500 millones que se necesitan, de acuerdo con el gobernador regional. Las autoridades dicen que los estudios tíécnicos tomarán tres años y que la construcción de otra ciudad otros 10 más.
``Esto está afectando nuestra salud, especialmente la de las mujeres y niños'', afirmó Ramos. ``No podemos seguir viviendo en estas condiciones''.
La minería representa el 60 por ciento de las exportaciones peruanas y es lo que impulsó un crecimiento anual del 6.7 por ciento entre el 2002 y el 2008. Perú piensa seguir apostando a los minerales en los años venideros.
El Congreso dio hace poco a la fundidora de EEUU Doe Run otros dos años y medio para reducir las emisiones tóxicas en sus plantas de La Oroya, una localidad vecina. Dejó que la empresa no cumpliese con un segundo plazo para reducir la emisiones, pero evitó la píérdida de 3,500 empleos.
La compañía había acordado limpiar la ciudad, considerada una de las más contaminadas del mundo, cuando compró la planta al estado en 1997.
Más de un centenar de comunidades pelean con empresas mineras y petrolíferas en torno a la contaminación y el uso de tierras y agua, de acuerdo con el defensor del pueblo. Cuando asumió García en el 2006 había solo 14 conflictos de este tipo.
En junio del año pasado, los enfrentamientos entre las autoridades e indios awajun, que bloqueaban una carretera en la Amazonia, dejaron 33 personas muertas. Los manifestantes trataban de impedir que la empresa canadiense Dorato Resources buscase oro en sus tierras de caza. Tambiíén resistían disposiciones del gobierno que daban a empresas mineras y petroleras acceso a tierras comunitarias.
El gobierno expulsó hace poco a Dorato de las tierras de los awajun para demostrar que piensa regular la actividad minera. No obstante, sigue siendo acusado de hacer a un lado la protección al medio ambiente para atraer inversiones extranjeras. La semana pasada, seis mineros murieron en enfrentamientos en torno a la explotación de grandes extensiones de la Amazonía en busca de oro.
En casos como el de Cerro de Pasco, García apoyó a las empresas mineras, aduciendo que la tecnología hace que la contaminación derivada de la minería sea ``un tema del siglo pasado''.
Durante cuatro siglos, la plata, el cobre, el zinc y el plomo extraídos de Cerro de Pasco, a más de 4,380 metros (14,300 pies) de altura, ayudaron a construir Lima y numerosas ciudades de Europa y Amíérica del Norte.
Llamada por los españoles ``la Ciudad Real de las Minas'', Cerro de Pasco atrajo mineros de todo el mundo y llegó a contar con nueve consulados, incluidos uno yugoslavo, uno austríaco, uno británico y uno estadounidense.
La firma de EEUU Cerro de Pasco Corp. comenzó a comprar minas en 1902.
