La mina de cobre chilena "Doña Iníés de Collahuasi", en el norte del país, envuelta desde el pasado viernes en un conflicto de 3.000 trabajadores contratistas, continúa hoy paralizada pese a que la policía desalojó el martes a los obreros que bloqueaban el acceso al yacimiento.
Así lo confirmaron fuentes de la empresa, que precisaron que antes de reanudar las faenas se hará una evaluación del personal y de las instalaciones del yacimiento, situado a 185 kilómetros al sudeste de Iquique y a 4.000 metros de altura, cuya producción llegó el año pasado a 535.000 toneladas de cobre.
En la tarde del martes la empresa suspendió el diálogo con los dirigentes sindicales debido a la negativa de los trabajadores a desbloquear el acceso a la mina y un fiscal ordenó a la policía el desalojo.
Unos 300 trabajadores que montaban guardia en el lugar se retiraron ante la presencia de fuerzas antimotines de Carabineros, que llegaron a la zona por vía aíérea.
"Están todas las carreteras despejadas, porque nosotros no queríamos llevar sangre a las familias de los trabajadores", dijo más tarde a los periodistas Víctor Reyes, coordinador del bloqueo de la mina.
El portavoz de los contratistas, Alejandro Allende, sostuvo hoy que la movilización continúa y que probablemente habrá manifestaciones en la ciudad de Iquique, a 1.857 kilómetros al norte de Santiago.
De hecho, este miíércoles los trabajadores llegaron hasta la Intendencia (Gobernación) de Tarapacá para acusar excesos en el procedimiento de Carabineros (policía militarizada) en el desalojo de los contratistas "y que de una vez por todas se escuchen las demandas de los trabajadores", enfatizó Allende.
La intendenta (gobernadora) de Tarapacá, Luz Ebensperger, recibió a los dirigentes con el fin de encontrar una solución al conflicto y tambiíén recibió las quejas en contra de la policía.
"Nos sentamos con la autoridad a conversar y a exponerle todo lo que ha pasado, que ella debería velar por el más díébil y ser más objetiva con los planteamientos", señaló el dirigente Víctor Reyes.
La mina pertenece a un consorcio de la suiza Xstrata plc y Anglo American, y cuenta además con capital japoníés.
El conflicto ha causado píérdidas que ascienden a unos nueve millones de dólares diarios.
Los trabajadores demandan el pago de un bono de tíérmino de conflicto por un millón de pesos (unos 1.905 dólares) y que se garantice un buen sistema de turnos de emergencia.
Además piden una mejora en las instalaciones del campamento, donde denuncian que viven hacinados, y la aplicación de la ley de trabajo pesado que permite jubilarse despuíés de 20 años de labores, sin esperar cumplir los 65 años
