El Gobierno anunció ayer una serie de medidas económicas con una tremenda repercusión para los empleados públicos de este país y que nos ha colocado en un situación de completa indefensión. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), consideramos que son medidas injustas y que van en una dirección totalmente equivocada para paliar el problema básico de este país, que es el díéficit público.
Las medidas son injustas: una vez más, somos los empleados públicos sobre los que hacen recaer las culpas y los costes de la crisis y de unas políticas derrochadoras de todas las Administraciones.
Cargan el peso de la reducción del díéficit en los empleados públicos: de los 5.000 millones de recorte de 2010, 3.500 millones son asumidos por los empleados públicos, muchos de los cuales tienen salarios que escasamente superan los 1.000 euros mensuales. Y que en los años de bonanza económica nunca se tradujeron en mejoras salariales.
Medidas equivocadas
Las medidas son equivocadas. Antes de pedir otro esfuerzo más a los empleados públicos, y si de verdad quieren acabar con el díéficit público, nosotros les damos las ideas que están en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país, por citar algunas: que cesen al 90% de los miles y miles de asesores del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos. Asesores con sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su labor.
Que recorten el número de Ministerios, de Consejerías y Direcciones Generales en el Estado, en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales.
Que acaben con los sueldos que cobran los políticos por pertenecer a los consejos de Administración de las Empresas Públicas. Estos sueldos en muchos de los casos son el segundo o tercer salario que cobra el político de turno. Empresas Públicas que se financian de los Presupuestos públicos, con díéficits muy importantes y que crean en algunos casos una Administración paralela, sin ningún tipo de controles adecuados.
Que eliminen los gastos suntuarios de las Administraciones: viajes, coches, pseudoembajadas, representaciones permanentes en infinidad de países, tanto de Comunidades como de Ayuntamientos.
Los empleados públicos manifestamos nuestra voluntad solidaria en esta grave crisis con la sociedad. Sin embargo, no estamos dispuestos a ser los que paguemos las consecuencias de una política económica desastrosa e ineficaz.
En defensa de los Servicios Públicos, de los empleados públicos que los prestan y como garantía del ejercicio, de las libertades y de los derechos de todos los ciudadanos, vamos a seguir trabajando.
