El ministro de Fomento anuncia reducciones salariales que oscilan entre el 2% y el 8% para los empleados públicos que cobran entre 1.200 y 3.000 euros
La primera bajada de salarios de la democracia en la función pública, recorte con el que el Gobierno pretende ahorrar más de 4.000 millones de euros para acelerar la reducción del díéficit, costará a la inmensa mayoría de los 2,8 millones de funcionarios afectados entre 30 euros y algo más de 200 euros al mes, según las tablas que está manejando el Gobierno y que, según algunos de los altos cargos del Ejecutivo que las conocen, aún no se han terminado de cerrar, dada la complejidad de los cálculos que hay que hacer.
El ministro de Fomento, Josíé Blanco, declaró en Tele 5 que la rebaja iba a ser progresiva y lo demostró con un ejemplo: "Va a ser un recorte equitativo. El funcionario que cobre 1.200 euros tendrá un recorte aproximado de 36 euros al mes. Una persona que cobre 3.000 euros tendrá un recorte aproximado de 220 euros al mes. Se recorta más al que más cobra. Porque el que más posibilidades tiene ha de contribuir en mayor medida a este esfuerzo nacional".
La inmensa mayoría de los funcionarios tiene un salario de entre 1.200 y 3.000 euros. La bajada apuntada por Blanco sería de entre el 2,6% para los sueldos más bajos de la Administración -apenas hay empleados que ganen menos de 1.000 euros al mes en la función pública, según el Gobierno- y el 8% para los salarios de 3.000 euros, que corresponden a los funcionarios de un nivel medio-alto.
Entre los trabajadores de la Administración central circulan estos días algunas hipótesis de trabajo que señalan unos recortes (víéase gráfico) de hasta el 3% para los niveles inferiores (12 a 14) y de hasta el 10,5% para los niveles superiores (del 27 al 30). Por encima de este nivel y hasta el cargo de ministro, los recortes alcanzarían el 15%.
Uno de los miembros del Gabinete de Josíé Luis Rodríguez Zapatero calculaba ayer que su nómina mensual (tiene 12 pagas al año) se reduciría casi en 800 euros con el recorte aprobado y pasaría de 5.000 euros mensuales a sólo 4.200 con el descuento del 15%.
El Gobierno ha aprovechado el fin de semana para intentar explicar el ajuste económico que más descontento social ha provocado. Se trata del recorte al presupuesto más impopular que ha adoptado Zapatero desde que el PSOE recuperara el poder en 2004. Por eso, tanto el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, Josíé Blanco, como el ministro del Interior, Alfredo Píérez Rubalcaba, se prodigaron en los medios (el primero en el programa de televisión de más audiencia el sábado por la noche -La noria, de Tele 5- y el segundo en el programa de radio más oído el domingo por la mañana -A vivir que son dos días, de la cadena SER-) para hacer pedagogía respecto a las decisiones adoptadas.
Ambos recordaron que la congelación de las pensiones no significa que los pensionistas cobrarán menos en 2011, sino que algo menos de la mitad seguirán manteniendo las subidas prometidas por el Gobierno -se trata de las prestaciones mínimas y las no contributivas-, mientras que el resto cobrará lo mismo que en 2010. Los ministros recordaron tambiíén que durante el mandato de Zapatero las pensiones han subido más del doble que durante los ocho años en los que gobernó Josíé María Aznar. El PP pretende hacer campaña contra la congelación de las pensiones y presionar el Gobierno en el Congreso de los Diputados para que desista de llevar a la práctica esta medida.
El recorte salarial aprobado para la función pública va a crear algunos agravios comparativos notables. Así, mientras los policías, los míédicos, los profesores o los guardias civiles verán recortadas sus nóminas, los maquinistas de trenes de Renfe, los empleados públicos de AENA, los conductores de flotas de autobuses municipales o del metro en Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid o Sevilla mantendrán sus salarios, dado que se rigen por convenios propios. El Gobierno tiene la intención de buscar fórmulas para rebajar tambiíén el sueldo de estos colectivos aunque, de momento, sólo garantizan que el recorte salarial se aplicará a los directivos de las empresas públicas estatales, sobre las que tienen directa competencia, pues fueron puestos a dedo en sus cargos por el Ejecutivo socialista.
