La sede del grupo SOS en la localidad madrileña de Rivas se convertirá hoy en un campo de batalla. En un bando están las cajas de ahorros, propietarias en conjunto del 39% del capital y con el control absoluto del consejo de administración.
En el otro, los hermanos Jesús y Jaime Salazar, el inversor suizo Daniel Klein, Teinver -la sociedad patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual-, y el resto de accionistas minoritarios. Estos últimos promoverán una iniciativa para que la empresa inicie una acción de responsabilidad social contra las cajas.
En defensa de los pequeños
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec) y el abogado Felipe Izquierdo, conocido por sus actuaciones contra Luis del Rivero y Enrique Bañuelos, entre otros empresarios, intentarán proteger a los pequeños inversores demandando que la sociedad emprenda una acción de responsabilidad social contra las cajas.
Les acusan de haber firmado el príéstamo de 200 millones a Jesús y Jaime Salazar cuando eran presidente y consejero delegado de la misma. "Unicaja, Cajasol, CajaSur y Caja Granada no sólo dieron el visto bueno al autocríédito concedido a los hermanos Salazar, sino que además se comprometieron a recomprarles un 5,42% del capital (valorado en más de 100 millones) en caso de que no pudieran devolver el dinero", asegurara en su discurso Izquierdo.
Una idea con la que coincide tambiíén Aemec. Juan Ignacio Peinado, socio del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y portavoz de la asociación opina que "aunque los consejeros que firmaron el críédito no tienen una responsabilidad penal, sí que tienen que responder desde luego por la negligencia cometida, que ha provocado un grave daño patrimonial a la empresa".
Las actas de los consejos y la Comisión de Estrategia del grupo, publicadas por este periódico en octubre del año pasado, demuestran que las cajas respaldaron en todo momento el autocríédito. En esa reunión estuvieron presentes Ildefonso Ortega, que era director general de CCM, pero que actuaba como independiente; Antonio María Claret (Caja Granada), íngel Fernández Noriega (Unicaja) y Miguel íngel Aizpuru (CajaSur), entrando además por videoconferencia en la reunión en la que se firmó el críédito Antonio Pulido (Cajasol).
Los minoritarios, que necesitan el voto mayoritario de la junta para poder sacar la iniciativa adelante, contarían en principio con el apoyo de los hermanos Salazar, el suizo Daniel Klein y el inversor de origen árabe Mansour Ojjeh, que suman en conjunto un 31,66% del capital.
Impugnación
Pero íésta no es la única iniciativa que pretenden poner en marcha. "Aunque SOS se ha negado, hemos recurrido a la Audiencia Nacional para poder personarnos en la causa abierta contra los Salazar por el presunto desvío de dinero y estamos estudiando tambiíén impugnar la junta de accionistas", asegura Juan Ignacio Peinado.
El problema final radica en que las cajas pretenden sacar adelante una ampliación de capital a 1,5 euros por título para convertir en acciones un críédito participativo de 60 millones de euros y hacerse así con una participación de hasta el 52% de las acciones, algo que el resto no está dispuesto a tolerar.
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 14 de mayo, el consejo de administración de SOS ignoró un informe de PricewaterhouseCoopers que situaba el precio de la ampliación en 4,8 euros. A la vista del mismo, y, según algunas fuentes de otro estudio que situaba el precio de la acción a un nivel aún más alto, el máximo órgano ejecutivo pidió otra valoración a Atlas Capital y rebajó el precio a 1,5 euros para poder hacerse así con el mayor número de acciones posibles. Si a la participación de las cajas se suma la de Ahorro Corporación, el porcentaje final se eleva al 52% del capital.
Los minoritarios impugnarán la junta argumentando que las cajas deben abstenerse a la hora de votar una ampliación que les beneficia de forma clara en la conversión del críédito por acciones. Y no serán los únicos. Los hermanos Salazar y Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los dueños de Marsans, adoptaran una medida similar. Los Salazar impugnaron ya la junta del año pasado -el juez desestimó las medidas cautelares, pero el proceso sigue abierto en los juzgados-, pero Díaz Ferrán y Pascual apoyaron entonces al consejo.
Según explican fuentes de toda solvencia, Mariano Píérez Claver, presidente de SOS y representante entonces de Caja Madrid, les prometió que si no iban a los tribunales la entidad financiera que presidía Miguel Blesa les prestaría 50 millones de euros para que pudieran refinanciar un críédito con Banesto. "Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual accedieron, pero Píérez Claver incumplió su palabra y por eso han decidido ahora impugnar la Junta", aseguran las fuentes consultadas.
Caja Madrid está buscando, por otro lado, nuevos socios para el grupo de cara a las próximas ampliaciones de capital. De momento, un fondo de Qatar ha mostrado ya su interíés, aunque por el momento no hay negociaciones en firme.
