El Ejecutivo se ha visto obligado a variar o anular múltiples iniciativas que había defendido previamente .
"Ni cambio ni bandazo, sino responsabilidad". La frase la pronunció el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, ante miles de militantes del PSOE durante un acto en Elche el pasado fin de semana. Entre ellos, unos 2.000 alcaldes. Unas horas despuíés, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-ley que recogía las medidas de recorte del gasto aprobadas por el Ejecutivo y entre las que había una sorpresa: prohibir a las entidades locales pedir dinero prestado hasta finales de 2012. El rechazo de los propios ayuntamientos y la amenaza de CiU de rechazar el plan de ajuste al completo en el Congreso han obligado al Gobierno a rectificar un día despuíés y retrasar su entrada en vigor hasta 2011.
No es la primera marcha atrás que protagoniza el Gobierno en materia económica en los últimos meses. En enero, se anunciaba un plan de estabilidad presupuestaria que incluía una profunda reforma del sistema de pensiones que contemplaba, entre otros puntos, retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y aumentar el cómputo para calcularla desde los 15 a los 25 años trabajados.
El primer asunto se ha paralizado en la mesa del Pacto de Toledo, órgano que debe aprobar las modificaciones relativas a pensiones; el segundo fue eliminado tras alegar que sólo era "una simulación" y la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, calificó su inclusión en el documento enviado a la Comisión Europea de "error".
Durante la presentación de ese primer plan de ajuste el Ejecutivo se comprometió a respetar los acuerdos firmados por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, con los funcionarios para subir sus salarios en los próximos años; un mes despuíés, la propia Elena Salgado reafirmaba el compromiso y corregía a uno de sus secretarios de estado. Bastaron 100 días para que el Consejo de Ministros aprobara una reducción salarial media del 5% para los empleados públicos de todas las administraciones.
Con todo, la peor de las rectificaciones la asumió el propio Zapatero cuando explicó ante el Congreso el último recorte. Despuíés de haber repetido que no pensaba tocar el gasto social, principal bandera de su mandato, y de defender la tan criticada subida del IVA que entrará en vigor en julio en la necesidad de mantenerlos, el Gobierno aprobó la eliminación del cheque bebíé, un drástico recorte en la dependencia que elimina la retroactividad de las ayudas aunque impone un tope para su concesión, la congelación de las pensiones a partir del año que viene y la comentada rebaja salarial de los funcionarios.
Ni siquiera la política fiscal ha escapado a las idas y venidas del Ejecutivo. El mismo día que anunciaba el recorte de 15.000 millones en gasto público múltiples voces pedían una subida de impuestos a las rentas más altas que sirviera de contraprestación para la izquierda.
Tanto Zapatero, como Salgado y otros miembros del Gobierno negaron dicha posibilidad o, cuando menos, la emplazaron a un futuro incierto; casi a la vez, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguraba que la idea ya estaba sobre la mesa y sería aprobado en el "corto plazo", mientras la secretaria general del partido, Leire Pajín, veía su aprobación "inminente".
Finalmente, Zapatero anunció la subida "para los que realmente más tienen" para dos días despuíés, durante el Consejo de Ministros que aprobaba el mayor recorte social de la democracia, posponerlo sine die en el marco de una reforma fiscal completa.
