La familia Ruiz-Mateos anunció hoy su intención de solicitar "en los próximos días" la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Rumasa, que, según afirmó, han sido "reconocidos por el Estado en sentencias firmes" y ascienden a 2.095 millones de euros, que "despuíés de 27 años continúan pendientes de pago".
En un comunicado, los Ruiz-Mateos indicaron que, con independencia de la ejecución de estas sentencias, prosiguen las demandas de retasación "iniciadas en su día", en las que la familia reclama 18.000 millones de euros.
"Todo ello no tendría coste alguno para el erario público, ya que la solución vendría acompañada por una propuesta de un banco extranjero que además permitiría una inyección muy importante de liquidez en el sistema", aseguraron.