Tal y como se preveía, el Gobierno ha logrado que el Congreso de los Diputados convalide sus medidas de ajuste del gasto y reducción del díéficit público. Pero las ha sacado adelante por la mínima diferencia de un voto (169 a favor, 168 en contra y 13 abstenciones) y con un aluvión de críticas generalizadas y peticiones a Zapatero de que anticipe las elecciones generales.
A petición de varios grupos se ha votado si el decreto se tramitaba como proyecto de ley, lo cual hubiera permitido la introducción de enmiendas. La propuesta ha sido rechazada por 168 votos a favor, 169 en contra y 13 abstenciones.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, se esforzó durante media hora en convencer a los grupos parlamentarios de la necesidad de aplicar estas medidas, similares a las que van a adoptar los demás países de la Unión Europea. No lo consiguió.
Explicó que ha sido necesaria una actuación "concertada y decidida" de la UE para frenar las tensiones financieras y ayudar tambiíén a la economía española a afrontar la crisis económica. Al Gobierno español le preocupa especialmente el paro y el díéficit público, según dijo, y por ello considera necesario aplicar las medidas que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros de manera "urgente".
El Ejecutivo tiene claros lo que pretende con su propuesta, y la vicepresidenta Salgado lo explicó: rebajar en 15.000 euros el gasto público, que ahora supera el 11%, y que se reduzca al 9,3% este año, al 6%; en 2011, al 4% en 2012 y al 3% en el año 2013.
Salgado ha reconocido el importante esfuerzo que está pidiendo el Gobierno a la sociedad, de manera especial a los pensionistas –para muchos se congelarán sus prestaciones a partir de 2001 y para los empleados públicos, que verán reducidos sus salarios un 5% como media a partir del próximo mes. Pero ese esfuerzo se exige, añadió, "para garantizar el futuro del país y para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de los beneficios sociales hasta ahora conseguidos".
"Son medidas dolorosas, pero inevitables", ha dicho, "y ponen de manifiesto que el Gobierno no duda en adoptar las medidas que sean necesarias".
Tras su intervención, los portavoces de todas las formaciones políticas con presencia en el Congreso mostraron su rotundo rechazo hacia las medidas que va a poner en marcha el Gobierno de Zapatero. El único que las ha defendido, lógicamente, ha sido el socialista Josíé Antonio Alonso.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tachado de "improvisadas, insuficientes e injustas" las propuestas del Ejecutivo. "Reducción del díéficit sí, pero no así", ha subrayado.
Ha acusado a la vicepresidenta Salgado de "mentir" a los españoles, por haber dicho que la prohibición a los ayuntamientos de pedir críéditos fue un error cuando Zapatero y el vicepresidente Chaves dijeron ayer que ha sido una "rectificación política".
El líder del PP, como hicieron despuíés otros portavoces, criticó especialmente que el Gobierno haga recaer los recortes "en los más díébiles, los pensionistas y los empleados públicos". "¿De verdad no había 1.500 millones de euros en los presupuestos que recortar, antes que recortarlo a los pensionistas?", se preguntó.
"El presidente del Gobierno ha logrado convertirse en el principal problema de la economía española", ha afirmado Rajoy. Y, a renglón seguido, ha añadido: "Este decreto ley significa el fracaso de toda su política, no sólo la económica. Y mi grupo no va a contribuir con su voto a que usted siga ahí".
Con la misma dureza se ha expresado Josep Antoni Dura Lleida, de Convergí¨ncia i Unió, a pesar de que su grupo ha optado por la abstención en vez de votar contra las medidas. Las ha criticado, porque las considera "injustas" e "improvisadas", y no encaminadas a la creación de empleo.
"El problema no son los pensionistas y los funcionarios, ni las oficinas de farmacia. El problema es usted y su Gobierno", ha añadido, dirigiíéndose a Zapatero. "Se acabó su etapa como presidente del Gobierno".
Duran Lleida ha pedido al presidente que lleve a cabo con urgencia la reforma laboral y la del sistema financiero, y despuíés convoque elecciones generales. Ahora no, porque "quedarnos sin Gobierno en plena crisis" sería contraproducente, pero sí despuíés de llevar a cabo esas reformas, ha aclarado.
"Su etapa, señor presidente. está ya finiquitada", ha subrayado.
Desde el banco azul, el presidente y el Gobierno en pleno han escuchado duras críticas de todos los portavoces.
Uno tras otro, los portavoces de las demás formaciones políticas han expresado sus críticas y su rechazo a las medidas del Gobierno: Uxúe Barkos (Na-Bai), Salvador Armendáriz (UPN) Rosa Díez (UPyD), que tambiíén ha pedido elecciones anticipadas, Ana María Oramas (Coalición Canaria), Francisco Jorquera (BNG), Joan Ridao (ERC), Gaspar Llamazares (IU-ICV) y Pedro Azpiazu (PNV).
El Gobierno, como esperaba, sólo ha tenido el apoyo del portavoz del PSOE, Josíé Antonio Alonso, quien ha defendido las medidas porque las considera necesarias ya que España forma parte de Europa y debe actuar lo mismo que el resto de los países, ha dicho.
