La incertidumbre sobre la rentabilidad futura de las renovables generada por los planes del Gobierno de recortar las primas empieza a cobrarse víctimas en forma de proyectos paralizados. FCC ha decidido congelar todas sus inversiones en energías renovables en España, según ha anunciado hoy el presidente y consejero delegado del grupo, Baldomero Falcones, antes de la junta de accionistas.
"El grupo ha decidido ralentizar sus inversiones en energía termosolar hasta que se despejen las incertidumbres sobre la política de primas", ha subrayado Falcones. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, de poner freno a las subvenciones que reciben las energías verdes e incluso el recorte de las primas podría llegar a tener carácter retroactivo, lo que pone en jaque el atractivo del negocio para los inversores. "Estamos parando las inversiones y viendo las nuevas condiciones de inversión", ha sentenciado el máximo ejecutivo del grupo.
La compañía de Esther Koplowitz tiene ya asignadas por el Ministerio de Industria dos plantas termosolares, cuyo desarrollo queda ahora en stand by. Ambos proyectos, con una inversión de unos 600 millones de euros (100 megawatios de potencia), se encontraban ya en una fase muy madura y la compañía ultimaba las condiciones financieras para su puesta en marcha.
FCC negociaba igualmente su entrada en otros dos proyectos de características similares incluidos tambiíén en el sistema de retribución especial y, a medio plazo, pretendía desarrollar otras dos instalaciones termosolares al margen del sistema de primas. Todo queda en suspenso.
Y si las dudas sobre la futura política de primas lleva al grupo poner en cuarentena sus planes en el negocio verde, el recorte en inversión en obra pública anunciado por el Gobierno le obliga a mirar más al exterior. FCC pretende intensificar la internacionalización de su actividad constructora. Sus palnes pasan por elevar del 54% al 60% el peso en la facturación del negocio exterior en un plazo máximo de 18 meses.
Emisión de bonos
En paralelo, FCC propondrá esta tarde a la junta de accionistas un plan de nuevas emisiones de bonos. La compañía podría lanzar emisiones por valor de 800 millones de euros en dos tramos: 500 millones en bonos simples y 300 millones en bonos convertibles. "Por mí, cuando se abran las ventas de la oportunidad, lanzaría las dos", ha apuntado Falcones.
El grupo baraja la posibilidad de realizar, asimismo, una emisión de bonos de entre 150 y 200 millones a travíés de su filial austriaca de construcción Alpine (de la que controla el 75%) para financiar su expansión en el mercado centroeuropeo.
"Nuestro objetivo este año no es tanto la expansión como dar solidez al balance", ha advertido Falcones, "y, por tanto, lo que queremos hacer es rebajar la deuda financiera neta". En este sentido, el director financiero de FCC, Víctor Pastor, ha señalado que el objetivo a final de año es rebajar la deuda financiera neta del grupo hasta los 7.500 millones, frente a los 8.300 millones a que ascendía al cierre del primer trimestre.
La guerra de Iberdrola y ACS... en positivo
Frente a los que temen que la guerra abierta que están protagonizando Iberdrola y ACS acabe pasando factura a la imagen de las empresas españolas en los mercados, Falcones no duda en encontrarle un punto positivo. "¿Mermar nuestra imagen? Todo lo contrario", ha apuntado el ejecutivo. "Estas luchas generan dinamismo. Y no se penalizan en los mercados porque conducen a una mejor gestión de las compañías".
Los máximos ejecutivos de Iberdrola y ACS, Ignacio Sánchez Galán y Florentino Píérez, protagonizan desde hace dos años un duro enfrentamiento a cuenta de la pretensión de la constructora (máximo accionista de la elíéctrica con un 12%) de sentarse en el consejo de administración. La lucha ya se ha trasladado a los tribunales. Iberdrola confirmó ayer que ha impugnado ante el juez las cuentas de ACS correspondientes a 2009 por contener "numerosas infracciones", así como varios acuerdos de la última junta de accionistas de ACS. La constructora recurrirá igualmente en las próximas semanas la junta de Iberdrola en que se aprobó, con sólo unos minutos de diferencia, su entrada y su salida del consejó de administración de la elíéctrica.