Las diferencias por la posición de la CEOE, una de las causas del fracaso
El diálogo social entre los agentes sociales comenzó en julio de 2008
El Gobierno tendrá que elaborar ahora el borrador del nuevo decreto
Zapatero corre el riesgo de tener que hacer frente a una huelga general
Madrid.- Tras más de 10 horas de reunión, el diálogo social para salvar la reforma laboral ha fracasado. La última y maratoniana reunión entre agentes sociales y el Ejecutivo de Zapatero ha terminado al alba y sin acuerdo. Gobierno, empresarios y sindicatos no consiguieron acercar unas posturas distanciadas desde hace meses y perdieron la oportunidad de sacar adelante una reforma pactada, tal y como pretendía el Ejecutivo.
Según fuentes sindicales, el fracaso de la reunión se ha debido a las grandes diferencias que existen por la posición de la patronal. Sin noticias de los participantes en la reunión, todo apunta a que las principales diferencias estaban en torno al abaratamiento del despido y en especial sus causas.
El principal escollo partiría de la propuesta que el Gobierno de extender el despido con 20 días de indemnización a empresas en crisis y que presuntamente irá incorporada al documento que el Ejecutivo aprobará el próximo 16 de junio tras fracasar esta última negociación.
A partir de ahora, el Gobierno tendrá que elaborar el borrador del nuevo decreto y empezar a negociar con los grupos parlamentarios para asegurarse el apoyo al texto en el Congreso de los Diputados.
Según fuentes sindicales, el Gobierno enviará el texto del eventual decreto el viernes a los sindicatos y se reunirán por la tarde para evaluarlo. La CEOE ha pedido una reunión por separado, lo que pone de manifiesto la distancia que separa a los agentes sociales sobre las principales líneas que debe incluir la reforma.
De hecho, en las primeras palabras tras la reunión, CCOO y UGT han acusado a la patronal de rechazar la posibilidad de mantener una nueva reunión tripartita a partir del mediodía del viernes. Asimismo, ambos sindicatos coinciden en achacar a las posturas "maximalistas" de la patronal la ruptura de las negociaciones.
Además, el Ejecutivo de Zapatero corre el riesgo de tener que hacer frente a una huelga general, ya que los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma lesiona los derechos de los trabajadores con medidas como el abaratamiento del despido convocarán una movilización de este tipo.
El Gobierno era consciente de las dificultades y por eso el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, anunció el 2 de junio que la reforma se aprobaría, con o sin acuerdo, en el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio.
8 días de despido, a cuenta del Gobierno
Durante la madrugada se ha dado a conocer uno de los puntos de la futura reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar el próximo 16 de junio en el Consejo de Ministros. La propuesta realizada a la patronal CEOE y a los sindicatos CCOO y UGT es que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pague 8 días de los 33 de indemnización que se abonan en los despidos improcedentes del contrato de fomento del empleo estable. Esta medida supondría un despido más barato para los empresarios, pero no tendría perjuicios para los trabajadores, que recibirían la misma cantidad.
Esta propuesta del Ejecutivo y la llegada a la reunión de dos asesores de los sindicatos en plena madrugada ha escenificado el interíés por parte de los miembros de la Mesa del Diálogo Social por alcanzar un acuerdo sobre la reforma del mercado laboral y desbloquear un proceso de negociación que dura ya dos años. Sin embargo, finalmente, el acuerdo ha sido imposible.
El planteamiento de asumir el pago de ocho días del coste de despido se suma a otro de los ejes de la reforma del Gobierno, que es la extensión del contrato de fomento del empleo estable a los jóvenes, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario.
Esta modalidad de contratación ya existe, pero se aplica de manera residual a colectivos de difícil inserción laboral, como mayores de 45 años y mujeres con pocas posibilidades de empleo.
El Gobierno tambiíén quiere facilitar a los empresarios el uso del despido por causas objetivas, cuya indemnización es de 20 días. Los empresarios consideran que la autorización de este tipo de despido está sometida a una excesiva tutela judicial, mientras que los sindicatos rechazan que se relaje.
íšltimo intento de acuerdo
La primera fase del diálogo se inició el 29 de julio de 2008 con la firma, por parte del Gobierno y de los agentes sociales, de la 'Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social'.
Desde el primer momento, el Gobierno se comprometió a no aprobar una reforma laboral que no estuviera pactada con los agentes sociales.
Casi un año más tarde de reuniones, el 24 de julio de 2009 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, daba por "finiquitado" el proceso de negociación por las propuestas "inasumibles" de la patronal.
Según Corbacho, sus demandas de abaratar el despido -proponían un contrato del Siglo XXI con 20 días de indemnización- y rebajar en 5 puntos las cotizaciones sociales ponían en peligro el sistema de pensiones y vulneraban los derechos de los trabajadores.
La primera fase terminaba con el enfado del presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodríguez Zapatero, con el líder empresarial Gerardo Díaz Ferrán.
El 24 de septiembre de 2009 Corbacho pidió que se impulse el contrato a tiempo parcial y abogó nuevamente por reformas "serias y serenas" del mercado laboral, dirigidas a reducir la temporalidad, modificar las bonificaciones a la contratación e impulsar la formación.
El Gobierno inició el segundo intentó de acuerdo en esta legislatura el 20 de enero de 2010 y no empezó bien, a pesar de que Corbacho había nombrado un coordinador general del Gobierno para el Diálogo Social, Alfonso Morón.
Ese día la CEOE y CEPYME y CCOO y UGT pidieron al Ejecutivo que retrasase su intención de presentar su propuesta de reforma del mercado laboral.
Así lo hizo el Gobierno, que presentó el 5 de febrero Zapatero en La Moncloa a Díaz Ferrán y a los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Míéndez, a quienes les emplazó a cerrar el acuerdo en dos meses.
La propuesta del 5 de febrero se centró en generalizar el uso del contrato de fomento del empleo estable (cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado frente a los 45 del fijo ordinario), impulsar el empleo juvenil y reorientar las bonificaciones a la contratación y facilitar la reducción como jornada como alternativa al despido (el conocido como modelo alemán).
El Ejecutivo presentó una segunda propuesta de reforma el 12 de abril en la que además de las cuatro anteriores, según el coordinador del Diálogo Social del Gobierno, las nuevas medidas eran que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubriese el 40% de las indemnizaciones por despido procedente de todas las empresas y no sólo las de las de menos de 25 trabajadores, como rige ahora.
Este nuevo documento fue rechazado por los sindicatos porque suponía abaratar el despido.
El 31 de mayo en una reunión entre Corbacho, Míéndez, Toxo y Díaz Ferrán se decide ampliar nuevamente el plazo, que un día despuíés el ministro lo fija en el 9 de junio y que hoy ha terminado sin acuerdo.
