Todas las plantas del ríégimen especial en funcionamiento y las que lo estíén antes del 1 de enero de 2012 serán retribuidas con una tarifa regulada, según la propuesta de Industria que ha de aprobar el Gobierno. Ello supone un recorte de las primas de 2.600 millones, que afectará sobre todo a la termosolar y fotovoltaica.