El Gobierno de Bolivia advirtió hoy que podría romper su contrato con la minera canadiense Atlas Precious Metals si la compañía no se pronuncia sobre su permanencia y falta de inversión en una fundición de metales en el sur del país.
El ministro boliviano de Minería, Josíé Pimentel, dijo en una entrevista a los medios estatales que su país optará por la mejor decisión para que el Gobierno siga en su proceso de industrialización de sus recursos naturales.
“Si no existe un pronunciamiento de parte de la empresa (Atlas) romperemos el contrato y encontraremos la mejor opción para poner en funcionamiento una planta que el pueblo boliviano la recibió en 1985 de un consorcio alemán y que hasta la fecha no entró en funcionamiento debido a las políticas neoliberalesâ€, aseguró.
Sin embargo, el ministro explicó que esperarán una respuesta de la firma canadiense para que decidan si “quieren o no continuar con las operaciones para las que se comprometióâ€.
El Estado boliviano cobró el mes pasado una garantía de 850.000 dólares de la minera canadiense debido a que, según el Gobierno, no hubo avances en el proyecto y la inversión de 80 millones de dólares prometida para reactivar el complejo metalúrgico de Karachipampa, en el departamento de Potosí (suroeste), apenas llegó a dos millones.
La planta fue construida en 1985 para procesar plomo y plata con críéditos alemanes y belgas por 200 millones de dólares, pero nunca llegó a funcionar porque se necesitaba un nivel de producción de esos dos minerales que no existía en Bolivia.
Atlas, que tambiíén tiene socios estadounidenses, se comprometió en 2009 a realizar una inversión en el complejo metalúrgico para que funcione una fundición de plomo y plata, una refinería de zinc y una planta de producción de ácido sulfúrico.
La firma canadiense replicó a las acusaciones bolivianas que sus inversiones no avanzaron por un problema con indígenas de la zona para adquirir terrenos, y decidió demandar a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante el centro de arbitrajes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) del país.
La pasada semana, el asesor jurídico de Atlas, Alejandro Guerra, declaró que la compañía tiene la intención de alcanzar una “solución amigable†por la controversia de sus inversiones.
