Por Josíé A. Ruano
La forma más sencilla de frenar el desarrollo de una ciudad es subir injustificadamente el costo de la vida en la misma.
El aumento del impuesto a la propiedad inmobiliaria no significa solamente que los propietarios tendrán que desembolsar más dinero para satisfacer las demandas --siempre crecientes-- de los funcionarios públicos. Es algo aún más allá y con efectos derivados que pueden estancar y eliminar el adelanto alcanzado en díécadas anteriores.
En íépocas de bonanza económica las recaudaciones de impuestos llegan sin interrupción a las administraciones condales y municipales, las cuales hacen uso de ellas creando, ampliando y remozando obras, programas y servicios destinados a la ciudadanía en general. Cierto es que una vez que esas obras, programas y servicios están establecidos, es difícil hasta pensar en la suspensión temporal de los mismos; pero si no existe el capital necesario para mantenerlos, hay que considerar alternativas.
No es mi intención abogar por la suspensión de obras, programas y servicios a la comunidad, ni mucho menos solicitar el despido de empleados públicos, ni el ajuste de los beneficios y pensiones de los mismos; pero la lógica me indica que el impuesto inmobiliario no debe continuar subiendo.
Cuando las ciudades se hacen caras y el costo de la vida sobrepasa los estándares establecidos, las empresas evitan establecerse en ellas puesto que les será mucho más difícil reclutar personal calificado para desarrollar sus labores. Las ciudades, entonces, pierden oportunidades de crecimiento y merman en ellas la calidad de vida, el nivel laboral y profesional, y sufre hasta el nivel educacional de sus ciudadanos.
Cuando las ciudades se encarecen la ciudadanía gasta mucho menos, produciíéndose la reducción del flujo de capital en las calles. Los negocios se ven obligados de hacer despidos masivos. Los obreros, ejecutivos, empleados calificados, tíécnicos y hasta el personal de apoyo se marcha de la ciudad, buscando mejores horizontes para realizar sus vidas. Esto acarrea desempleo, fuga de personal capacitado, empobrecimiento de la calidad de vida de la ciudad y por lo tanto, merma en la recaudación general de impuestos.
Cuando los impuestos rebasan los límites lógicos para ciertos renglones, y muy específicamente el de los bienes inmuebles, se produce un íéxodo considerable entre quienes perciben un ingreso fijo mensual para llevar adelante sus vidas. Los jubilados son los primeros que parten hacia otras ciudades con menos gravámenes, o hacia otros países donde sus ingresos les posibiliten finalizar sus días con dignidad y sin sobresaltos.
Cuando el impuesto inmobiliario sube, no solamente sube la factura que el propietario debe pagar por su propiedad. Conjuntamente suben los alquileres residenciales y comerciales; y como consecuencia directa el precio de los productos y los servicios que son ofrecidos a la ciudadanía por las empresas afectadas por los aumentos.
Concluyendo: Si considera que el aumento al impuesto inmobiliario es injusto y que esta medida puede afectar aún más su economía, comuníquese con su administración condal y municipal, y ¡díéjese escuchar!
