Leí no hace mucho un artículo de opinión de Luis Garicano (Fedea) sobre la oportunidad o no de la existencia de las viviendas de protección oficial. Defendía su autor que era oportuno, eficiente y justo eliminar este tipo de viviendas en propiedad. Las razones eran las siguientes:
1. El gobierno central seguía estimulando el subsidio a la construcción de VPO en un mercado inmobiliario ya de por sí saturado.
2. Las VPO en propiedad disminuyen la eficiencia de la economía, acentuando la falta de movilidad de los trabajadores entre ciudades. Las VPO no pueden ser vendidas o alquiladas durante un tiempo.
3. Las VPO no son instrumento adecuado contra la desigualdad, entre otras, entre otras razones, porque la banda salarial para el acceso a una VPO de promoción pública no son muy amplias; por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los ingresos familiares permitidos llegan hasta los 41.003 euros.
El autor defiende la sustitución de los actuales programas de VPO por subsidios temporales al alquiler de vivienda libre, lo que podría “evitar la creación de guetos, impedir el enriquecimiento injustificado, permitir la movilidad geográfica y no contribuir, aún más, al exceso de oferta de viviendas en el mercadoâ€.
Hasta aquí un resumen de su artículo.
Y tengo que decir que no va muy desencaminado, en mi humilde opinión, además, por otras razones que están aflorando en el mercado en estos momentos, y que se resumen en el tremendo exceso de suelo por construir y cuyo valor ha caído hasta un 60% con respecto al inicialmente previsto. Esto facilita, o mejor dicho, debería facilitar la construcción de viviendas libres más baratas, más, incluso, que las que se promueven como VPO. Sin embargo, no sucede así. Los suelos se venden muy baratos, pero lo que se construye se vende con el precio del módulo de VPO (depende de las siglas según Comunidad). Esto, aunque mejora el resultado de la promoción, atasca la recuperación del sector. Y además de lo anterior, si el Ministerio ha decidido eliminar las ayudas directas a la entrada a este tipo de viviendas, y se eliminan, tambiíén, los incentivos fiscales, nos encontramos con el caso de que las propias VPO, que están pensadas para facilitar el acceso a una vivienda, se convierten en una traba y un límite a dicho acceso, al establecerse de forma indirecta como suelo en el precio de venta de las viviendas libres terminadas.
Eliminar las VPO no significa que se eliminen los programas que faciliten el acceso a la vivienda, todo lo contrario; lo que habría que hacer es cambiar la venta por el alquiler, aportando mayor seguridad, eso sí, a arrendador y arrendatario.
Las íépocas de crisis son momentos de oportunidad, dicen. Si es verdad esto, es buen momento para repensar nuestros modelos y mejorarlos, haciíéndolos más eficaces y verdaderamente sociales.
Vale.
Oberon
