GINEBRA - La nueva normativa suiza reguladora del secreto bancario, que niega la cooperación fiscal con los países que reclamen datos bancarios basando su petición en informaciones robadas, entró este viernes en vigor despuíés de que el gobierno suizo la aprobara hace un mes.
Por sospechas
La ordenanza, que deberá ser reemplazada por una ley, define las condiciones de la asistencia administrativa en materia de fraude y evasión fiscal de acuerdo a las convenciones de doble imposición que se revisaron con varias decenas de países para adaptarlas a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La nueva política helvíética en cooperación fiscal empezó a gestarse en marzo de 2009 e implica que, cuando un país solicite a Suiza la transmisión de datos bancarios por sospechas de fraude o evasión, se procederá a un examen preliminar que determinará si el país alpino aprueba o niega su colaboración.
La decisión se basará en si la petición respeta el principio de "buena fe", es decir, si se basa en informaciones obtenidas de forma lícita, en cuyo caso Suiza exigirá que se ofrezcan datos precisos para identificar a los presuntos evasores fiscales, con el objetivo de evitar lo que aquí se califica de "pesca indiscriminada".
Esta nueva normativa podría afectar a los intereses del fisco español en el caso del banco británico HSBC en Suiza, que confirmó el pasado marzo el robo, ocurrido en 2006, por parte de un ex empleado de la entidad de los datos de unos 15 mil clientes multimillonarios de su entidad privada helvíética, entre ellos 1.500 españoles.
Estos datos fueron entregados al Fisco francíés, que al parecer los había trasmitido a las autoridades españolas, quienes contactaron a estos clientes para que aclarasen la situación de sus cuentas bancarias en la entidad helvíética.
Los afectados por una petición de datos bancarios de su país de origen podrán recurrir la decisión final al Tribunal Administrativo Federal (TAF), y la normativa sólo se aplicará a las peticiones que se hagan a partir de este viernes, y no con carácter retroactivo.
Esta pequeña brecha en el secreto bancario se abrió a raíz del conflicto que enfrentó a Berna y Washington y que terminó con la firma de un acuerdo extrajudicial para transmitir al fisco estadounidense los datos bancarios de 4,450 clientes del banco suizo UBS sospechosos de evasión fiscal.
Este escándalo fue preludio de nuevas medidas de flexibilización del secreto bancario ante las presiones internacionales, que llevaron a las autoridades helvíéticas a firmar un acuerdo en marzo de 2009 con la OCDE para simplificar los procesos administrativos en caso de sospechas "demostradas y concretas".
Asimismo, el Consejo Federal suizo dejó muy claro entonces que el secreto bancario continúa existiendo y que la adaptación a los estándares de la OCDE en materia administrativa no modifica las reglas para los contribuyentes domiciliados en Suiza.
