El Gobierno está obligado a dar plaza a los trabajadores que la obtuvieron en las ofertas de empleo público entre 2007 y 2008. El retraso administrativo altera los cálculos del Ejecutivo.
El Gobierno tiene un grave problema para intentar reducir el gasto en la lentitud que hay en todo el proceso de cubrir una plaza en la Administración Central del Estado.
En pleno desarrollo del paquete de medidas de ajuste que aprobó el Parlamento el pasado 12 de mayo para luchar contra el díéficit público, el Ejecutivo ha informado al Congreso de los Diputados de que se ha encontrado con que en el segundo semestre de este año debe incorporar con plaza a otros 10.000 funcionarios a la Administración Central del Estado.
La mayor parte de los mismos son miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como Policía Nacional y Guardia Civil, y obtuvieron plaza en las ofertas de empleo público de 2007 y 2008. Es decir, cuando aún no se había manifestado plenamente la crisis y recesión y el Ejecutivo tuvo más manga ancha en la convocatoria de plazas de funcionarios.
La multitud de trámites que exige la legislación para garantizar que los ciudadanos acceden como funcionarios a la Administración en condiciones de igualdad, competencia y publicidad están en el fondo de que el Gobierno se haya encontrado ahora con un hecho con el que no contaba y que puede desbaratar parcialmente sus planes de ahorro.
Así, entre la convocatoria de una plaza, debidamente presupuestada, y la incorporación del funcionario a la misma pueden transcurrir hasta dos años. En el proceso se convoca el examen, se abre un periodo de reclamaciones por si alguien no está de acuerdo con los requisitos; se contesta a los recursos y se hacen las pruebas. Una vez que han salido las notas se abre otro proceso de reclamación, se contestan los recursos y, finalmente, se llena la plaza.
La desviación
Según ha manifestado a la Cámara Baja la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, el Gobierno “ya ha asumido†que se va a producir esta “desviación†de 10.000 personas respecto a las previsiones de ingresos en la Administración Central del Estado para este año. Por ejemplo, ya en plena crisis, el pasado 30 de marzo, el Ejecutivo aprobó una Oferta de Empleo Público para este año de 1.989 nuevas plazas, con una reducción del 87% respecto a las 15.089 plazas convocadas para 2009.
Es más, con el objetivo de cortar de raíz estas desviaciones, el Ejecutivo ha decidido reducir plazas vacantes entre sus funcionarios, salvo en áreas básicas como Educación, Sanidad o Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente, Rumí recuerda que ya ha tomado otras medidas urgentes para recortar el gasto en su Administración.
Por ejemplo, la reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios para este mismo año con lo que espera ahorrar 4.500 millones de euros. Otra propuesta de recorte del gasto es la ya mencionada congelación en el 10% de la oferta de empleo público, con lo que espera recortar el número de funcionarios para este año en 13.000 personas y ahorrar 300 millones de euros. Es decir, que los diferentes Departamentos sólo pueden sustituir a 10 de cada cien personas que se den de baja en la Administración. Otro tanto ocurrirá este año.
En conjunto, entre 2011 y 2013 el Gobierno espera bajar el número de funcionarios en 30.000 personas. Podrían ser más si no hubiese que incorporar a los 10.000 funcionarios que tienen derecho a tener la plaza conseguida en 2007 y 2008.
Reformas en la Administración
· Reducción de los salarios por “causa graveâ€
Para bajar los salarios de los funcionarios un 5% e incumplir lo pactado con los sindicatos, el Ejecutivo esgrime que le autoriza el Estatuto Básico de la Función Pública. Cuando se díé una “causa grave de interíés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicasâ€.
· Barreras internas contra la movilidad laboral
El Gobierno reconoce que, hoy en día, las diferentes normativas de las comunidades autónomas han provocado la existencia de barreras internas que impiden mayor movilidad laboral de los empleados públicos entre las diferentes administraciones, como los requisitos lingí¼ísticos.
La clave
Es muy difícil saber cuál es salario medio entre los funcionarios del Gobierno central por los diferentes niveles de empleados que hay para saber cuál podría ser el ahorro adicional que podría obtener el Ejecutivo si no entrasen 10.000 nuevos.
