El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero maneja la posibilidad de implantar una estrategia impositiva más exigente para algunos de los sectores empresariales más potentes, en un esfuerzo combinado que podría recaudar varios miles de millones de euros con los que reducir el díéficit.
- “Que pague más quien más tieneâ€. Este proyecto fiscal tiene la clara ventaja para el Gobierno de que su implantación encaja perfectamente con la tesis abanderada por el vicesecretario general del PSOE, Josíé Blanco, de “que pague más quien más tieneâ€. Esa bandera ideológica es la que está detrás de la subida del IRPF planteada a las rentas más altas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y que tiene una gran acogida en gran parte de la opinión pública de izquierdas.
Muchas de las críticas progresistas a los recortes sociales del Ejecutivo subrayaban que se ha hecho pagar el coste de la crisis a los sectores más vulnerables (como pensionistas o funcionarios) mientras que el Gran Capital, el “autíéntico culpable de la crisisâ€, se iba de rositas. En esa lógica, tras subir los impuestos a los ricos, se impondría ahora la subida fiscal a las empresas ricas, con la ventaja de que, al contrario de lo que ocurre con la modificación del IRPF –que apenas recaudará 200 millones adicionales–, la nueva carga fiscal a las empresas con mayores beneficios sí tendría una fuerte capacidad de recaudación de varios miles de millones de euros anuales.
- Banca, energía y ‘telecos’. Los sectores más afectados por las nuevas medidas en preparación son las entidades financieras, las empresas energíéticas y las operadoras de telecomunicaciones. Banca, energía y telecos, los tres objetivos gubernamentales, comparten características: son sectores muy concentrados, casi oligopolísticos, con unas pocas empresas competidoras que se reparten la mayor parte de unos mercados gigantescos que facturan decenas de miles de millones; están fuertemente regulados –con lo que su capacidad de resistencia al poder político es menor que la de otros sectores– y, por tanto, la capacidad de maniobra gubernamental es muy amplia; y, sobre todo, son empresas percibidas como opulentas por la opinión pública, por lo que la aplicación de algún tipo de gravamen extraordinario no sólo satisface a la parroquia de izquierdas sino que previsiblemente no tendría el más mínimo coste en tíérminos electorales.
- Impuestos caídos del cielo. Además, en todos los casos se trata de gravámenes sectoriales, sin relación con el Impuesto de Sociedades, por lo que su implantación no tendría los efectos de píérdida de competitividad frente al exterior, de forma general, que sí acarrearía la elevación del impuesto para todas las empresas. Una de las ventajas de esta ola recaudatoria es que tiene una inspiración internacional, lo que le aportaría el aval de una mayor credibilidad y reduciría las críticas posibles críticas por su arbitrariedad. Se podría decir que, para el Gobierno español, serían impuestos “caídos del cieloâ€.
Así ocurre con la tasa a las entidades financieras, un proyecto impulsado por el presidente francíés, Nicolás Sarkozy, que ha calado hondo en la Unión Europea, que ya prepara su aprobación. La misma paternidad internacional puede atribuirse en el caso del impuesto a las nucleares, implantado por el Gobierno alemán de Angela Merkel, a cambio de prolongar la vida útil de las instalaciones atómicas.
- Cobrar a los bancos gordos. La más avanzada de todas las medidas es la Tasa sobre las Actividades Financieras, significativamente bautizada como FAT (gordo, en inglíés). El impuesto a los bancos, un sector que, en opinión del comisario de Fiscalidad de la Unión Europea, Algirdas Semeta, “es evidente que está poco gravadoâ€, se impondría sobre los beneficios y remuneraciones del sector y serviría, además, para compensar la exención del IVA de que disfruta la industria financiera.
El impuesto a las actividades financieras recaudaría unos 25.000 millones de euros en toda Europa, de los que 2.000 corresponderían a España. Y aunque inicialmente tenía un componente anticíclico, para dotar un fondo que paliase nuevos problemas del sector bancario en el futuro, el Gobierno español se ha apresurado a manifestar que, en el caso, cada vez más probable, de que finalmente se introduzca, su recaudación iría directamente a financiar los presupuestos del Estado. Menos claro está el gravamen para las transacciones financieras internacionales, una variante de la Tasa Tobin, que Europa sólo consideraría si se alcanzase un acuerdo para imponerlo a escala mundial.
Banca, elíéctricas y 'telecos' tienen mercados enormes y son oligopolios muy regulados
- Agua y uranio, más caros. La energía es otro de los objetivos recaudatorios fundamentales de la nueva ofensiva. Por un lado, desde posiciones cercanas al Gobierno hace tiempo que se viene insistiendo en los windfall profit tax, es decir, impuestos que gravan los beneficios que obtiene el sector elíéctrico por activos que se consideran ya amortizados o de propiedad difusa, como el agua que se almacena de las instalaciones hidráulicas. Además, el hecho de que Alemania haya fijado un impuesto a las nucleares que le proporcionará unos 2.300 millones anuales ha dado nuevas alas al Ejecutivo en su búsqueda de recaudación fiscal. Un reciente informe de Nomura fijaba en unos 900 millones la capacidad recaudatoria conjunta, en España, de una tasa nuclear y otra hidráulica.
- El fantasma del espectro.Las operadoras de telecomunicaciones ya han sido, tradicionalmente, objeto de impuestos específicos al sector. Pero además, ahora, el Gobierno les ha cargado con una tasa, para TVE, por el 0,9% de sus ingresos, que recaudará unos 300 millones anuales. Sin embargo, la oposición de Bruselas al nuevo impuesto podría obligar al Ejecutivo a buscar otras vías de financiación. El argumento de la Comisión para oponerse es que las normas europeas prohíben la fijación arbitraria de tasas que no estíén relacionadas con el coste de algún servicio que presten los Estados. El foco puesto por la Comisión hacia España por este caso dificulta que el Gobierno pueda inventar un nuevo gravamen específico para las telecos.
- El referente alemán. Las operadoras esperan ansiosas la inminente licitación del espectro de frecuencias radioelíéctricas previsto para el primer semestre de 2011. Y es ahí donde el Estado puede hacer su agosto. Alemania ha recaudado por sus frecuencias 4.400 millones, en gran parte aportados por Telefónica y Vodafone, que tambiíén son los principales operadores en España. La intención de Industria, el responsable de la adjudicación, era una recaudación moderada, inferior a 500 millones de euros. Pero las operadoras temen que los agobios presupuestarios, unidos al referente alemán y al malestar generado en sectores del Ejecutivo por la berroqueña oposición del sector a financiar a RTVE, den alas a las posiciones más beligerantes del Gobierno, que exigen obtener una contraprestación comparable a la lograda en Alemania y que sitúan en unos 2.000 millones.
Iniciativas coincidentes
- La medida más avanzada es la Tasa sobre Actividades Financieras (FAT), un impuesto sobre los beneficios y las retribuciones del sector bancario, que podría recaudar más de 2.000 millones anuales.
- Las elíéctricas temen una nueva fiscalidad en los negocios nuclear e hidráulico, con una recaudación estimada de 900 millones. Y el concurso de frecuencias para móviles podría aportar hasta 2.000 millones al Tesoro Público.
