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Autor Tema: Salgado comunica a Bruselas que el Estado se endeudará este año en 101.500  (Leído 301 veces)

Eguzki

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La dinámica de la deuda pública continuará este año imparable. Al menos, eso es lo que puede extraerse de la segunda comunicación que ha enviado el Gobierno a Bruselas, y que contiene algunas novedades importantes respecto de la enviada el pasado 31 de marzo. En concreto, en relación al volumen de deuda pública en circulación, que a pesar del incremento será sensiblemente inferior -algo más de 32.000 millones de euros- a lo previsto hace poco más de medio año.

 

Según la nueva comunicación, el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas se situará al final de 2010 en 662.098 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 62,7% de producto interior bruto, y que el Gobierno ha estimado en 1,054 billones.

 

Esto significa un aumento del endeudamiento equivalente a 101.511 millones respecto del cierre de 2009, lo que supone que en apenas tres años de crisis económica -entre 2007 y 2010- la deuda pública habrá crecido en nada menos que 281.438 millones. Se puede decir que al margen del desempleo y de la destrucción del tejido productivo, íésta ha sido la factura más alta que ha tenido que pagar España por la mayor recesión en medio siglo. La cifra incluso hubiera sido superior si el Gobierno no hubiera aprobado a mediados de este año duras medidas de ajuste.

 

Gracias a ese recorte extraordinario del gasto y al aumento de los ingresos derivado de la subida de impuestos, el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas será este año inferior en 32.002 millones a lo previsto inicialmente. En marzo, el Gobierno estimaba un volumen de deuda equivalente a 694.000 millones, por encima de los 662.098 millones que hoy calcula.

 

La revisión a la baja tiene que ver, fundamentalmente, con el proceso de consolidación fiscal que ha iniciado la economí­a española, y que en cualquier caso es todaví­a insuficiente para reconducir de una manera importante el desequilibrio fiscal. Según la nueva comunicación enviada a Bruselas, el díéficit del conjunto de las administraciones públicas se situará en 2010 en nada menos que 98.069 millones de euros. Es decir, 5.503 millones de euros menos de lo previsto hace sólo medio año. O lo que es lo mismo, el 9,3% del producto interior bruto (frente al 11,1% de 2009).

 

Desequilibrio fiscal

 

Prácticamente la mitad de esa reducción adicional del díéficit público hay adjudicárselo al Estado, que aún así­ generará este año un desequilibrio fiscal equivalente a 62.257 millones de euros. Las comunidades autónomas, por su parte, tendrán un díéficit de 31.793 millones, mientras que los gobiernos locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones) gastarán este año 6.228 millones de euros más de lo que sean capaces de ingresar.

 

El único organismo público con capacidad de generar superávit en 2010 seguirá siendo la Seguridad Social, pero con un claro deterioro en coherencia con la mala situación del empleo y de la moderación salarial, lo que achata las cotizaciones. Según la comunicación del Gobierno, el excedente se situará este año en 2.209 millones de euros, lo que significa prácticamente la cuarta parte de los 8.329 millones con que cerró 2009.

 

Los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria ponen de relieve que el impacto recaudatorio de las medidas de consolidación fiscal adoptadas sobre los ingresos de 2010 asciende hasta septiembre a 4.035 millones y explica casi la mitad del aumento de la recaudación. Para llegar a esa cifra, Hacienda incorpora las estimaciones de los impactos asociados a la rebaja de los salarios públicos sobre retenciones del trabajo (un 5% como media), la reducción por creación o mantenimiento de empleo sobre las cuotas diferenciales del IRPF y Sociedades, la libertad de amortización anticipada y la subida de tipos del IVA.

 

En este último caso, la Agencia Tributaria ha calculado unos ingresos adicionales de 630 millones hasta septiembre. Por el contrario, la rebaja de los salarios de los empleados públicos ha supuesto una reducción en los ingresos por IRPF equivalentes  a 150 millones de euros.