Por... CARLOS VALDEZ
LA PAZ -- El gobierno anunció un acuerdo con la multinacional Euro Telecom Internacional (ETI) a la que indemnizará con 100 millones de dólares por la nacionalización de una telefónica en Bolivia en 2008.
"Hemos llegado a una acuerdo satisfactorio con la empresa ETI. Suscribimos una transacción", anunció la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi el sábado.
Explicó que los 100 millones de dólares de compensación por las acciones nacionalizadas significan el 10% del monto demandado por la multinacional europea
"Todas las demandas que ha interpuesto ETI en contra del Estado boliviano así como los procesos que nosotros hemos abierto contra la empresa italiana están totalmente cerradas", dijo.
El "contrato transaccional" fue firmado el viernes en la noche en La Paz por las autoridades bolivianas y el representante legal de ETI Massimo D'alessandro, explicó Arismendi.
ETI era dueña del 50% del paquete en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), una compañía estatal privatizada en la díécada pasada.
La multinacional había iniciado una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que depende del Banco Mundial (BM). El gobierno del presidente Evo Morales renunció a esa instancia arbitral por considerar que sólo favorece a las empresas.
El gerente de Entel, Roque Roy Míéndez, explicó que el pago de los 100 millones de dólares será con ganancias de la compañía desde que retornó a manos del Estado. Dijo que hasta el 31 de octubre la empresa obtuvo utilidades por 181 millones de dólares.
Morales nacionalizó en 2006 los hidrocarburos y en mayo pasado tres generadoras de electricidad, una de ellas de propiedad de la británica Rurelec PLC, otra de la francesa GDF Suez y la tercera de capitalistas bolivianos las cuales iniciaron un litigio contra el Estado boliviano.
Tambiíén está en curso una demanda planteada por la petrolera germano-peruana Oiltanking-Graña Montero a la que el gobierno nacionalizó una compañía encargada del almacenaje de hidrocarburos y otra más interpuesta por la chilena Quiborax por las reversión en 2004 de concesiones mineras en un salar boliviano donde explotaba ulexita y bórax.
