Pese a que la actividad residencial pasa por sus horas más bajas, el Gobierno está diseñando el marco regulatorio del proceso urbanístico del futuro. El borrador del reglamento de la ley de suelo prevíé eliminar trámites burocráticos innecesarios y reducir costes. Así, exime al promotor de registrar públicamente la obra nueva y de pagar impuestos por ello.
