La batalla por el control de Iberdrola se juega en dos tableros. Uno es el financiero, con las continuas compras de acciones de la elíéctrica por parte de ACS. El segundo es el político, con el acuerdo alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Gobierno para blindar a la compañía energíética del asalto del holding presidido por Florentino Píérez.
Fuentes conocedoras de las negociaciones de lo que se ha llamado el Pacto de Estabilidad entre los nacionalistas vascos y el gobierno central´, más Coalición Canaria, aseguran que entre los acuerdos alcanzados se encuentran la cuestión sobre el futuro de Iberdrola. El partido liderado por Iñigo Urkullu ha conseguido el compromiso de Josíé Luís Rodríguez Zapatero para evitar que ACS tome el control de la empresa con sede en Bilbao.
El acuerdo no se ha plasmado en ningún documento escrito, entre otras cosas porque sería una intromisión en la gestión de una compañía privada. Sin embargo, fuentes próximas al pacto reconocen que el PNV incluye expresamente en la agenda de los temas aprobados el asalto de ACS. Porque para los nacionalistas es básico que la elíéctrica mantenga su sede en el País Vasco. Por una parte, porque allí es donde el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán paga sus impuestos por los beneficios obtenidos. Por otra, porque Iberdrola da trabajo a más de 10.000 personas de empresas auxiliares, además de la su propia plantilla.
El PNV ya intermedió esta primavera a favor de la primera energíética española cuando el Gobierno negoció el cambio de la Ley de Auditorias. Aquella norma, conocida como enmienda Florentino por la presión ejercida por ACS, suponía en el fondo la eliminación de los blindajes en las empresas cotizadas, como es el caso de Iberdrola, que no permite votar por más del 10% del capital.
La modificación de la ley salió adelante, pero no en el plazo que exigía el holding de los March y de los Albertos, que querían que entrase en vigor de inmediato. Pretendían que fuera entre febrero y marzo, para que el cambio legal se produjese antes de la junta de accionistas de Iberdrola realizada en abril. Pero el PNV consiguió en varias ocasiones retrasar la votación, hasta el punto de que finalmente no se sancionó hasta junio. Y, sobre todo, evitó que fuese efectiva desde el pasado verano, ya que no comenzará a regular a las empresas hasta el 1 de julio de 2011.
Urkullu hizo ver a Josíé Antonio Alonso, que como portavoz en el Congreso del PSOE negoció el pacto con el PNV, la importancia que tiene para el País Vasco la estabilidad de Iberdrola. Le explicó que la BBK, segundo máximo accionista tras ACS, con el 7% del capital, estaba muy cómoda con el actual equipo gestor de la elíéctrica y que desconfiaba de las intenciones de Florentino Píérez. Sobre todo tras ver como el holding vendía en apenas tres años la gallega Unión Fenosa a la catalana Gas Natural.
Si el Gobierno cumple su palabra, Iberdrola tendrá de su lado al Ejecutivo al menos hasta abril de 2012, con la importancia que tiene este aspecto al haberse judicializado la pelea entre ambas compañías.
Manifestaciones públicas
El pasado mes de septiembre, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, expresó su deseo de que prospere el recurso presentado por Iberdrola ante el Tribunal Supremo en contra de la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas por vulnerar determinados procedimientos legales.
Antes, en marzo, en plena búsqueda de apoyos, el presidente de la BBK, Mario Fernández, manifestó el "total apoyo" de la caja a la gestión que de Sánchez Galán. "Estamos encantados de cuál es el proceso que lleva, apoyamos de forma total la gestión que viene realizando desde hace años el señor Galán y contará con nuestro apoyo, en el futuro, con toda certeza", dijo.
Además, denunció la "interferencia absolutamente intolerable" tanto por la forma como por el fondo" en un proceso que "no síé si hubiera permitido alcanzar algún tipo de solución". "La forma -argumentó- es sencillamente impresentable, y el fondo carece del mínimo soporte tíécnico y deriva en un potencial y gravísimo perjuicio para los intereses de este país
