La UE sigue las pautas del Gobierno alemán, que hace tres años fijó la fecha de 2018 para cerrar sus minas, pero que revisará en 2012 esta decisión y deja la puerta abierta a su ampliación.
La resolución aprobada el martes pasado por la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en la que, por amplia mayoría, acordó enmendar la plana a la Comisión Europea y proponer la extensión de las ayudas públicas a la minería del carbón hasta el año 2018, marca, sin duda, la pauta de cuál puede ser la decisión final que adopten los veintisiete en el Consejo de Ministros de Competitividad que tendrá lugar en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre. Una buena prueba de ello es la consulta que tuvo lugar ayer en la reunión del comitíé de representantes permanentes (Coreper) en Bruselas, en la que el órgano que reúne a los embajadores de todos los estados miembros ante la UE se mostró dispuesto a prorrogar las ayudas al carbón hasta 2018, con la excepción de Holanda, Suecia y Dinamarca. Pero que nadie olvide que antes, hace ya varios años, Alemania decidió mantener su minería, al menos, hasta 2018. ¿Será casualidad?
Bien es cierto que la resolución del órgano del europarlamento, que será debatida en el pleno de la cámara en la sesión convocada del 22 al 25 de noviembre en Estrasburgo, tiene un carácter meramente opinativo o consultivo, pero la opinión de los 750 diputados en este tema no es baladí y será tenida en cuenta, sin duda, por los estados miembros antes de que estos resuelvan de manera definitiva. De momento, el «traje» que sale de la Comisión de Asuntos Económicos (que las ayudas vayan hasta el año 2018 y que, aunque se señale una fecha de cierre para las explotaciones no competitivas, haya algunas salvaguardas en el texto para que esta decisión no sea irreversible como el tema del CO2, la seguridad de suministro o razones sociales y territoriales) parece hecho a la medida de Alemania y de la hoja de ruta que este país tiene marcada para sus más de 20.000 mineros y las cerca de 25 millones de toneladas anuales que aún hoy se siguen extrayendo en las minas de la cuenca del Rhur.
La canciller íngela Míérkel se apresuró a decir nada más conocerse la propuesta que lanzó en julio la Comisión Europea de poner fin a las subvenciones en octubre del 2014, que no estaba de acuerdo con la misma y que, en todo caso, había «tiempo para modificarla». Hay que recordar que Alemania, que junto a España, Rumanía y Hungría, son los cuatro países de la Unión Europea que mantienen ayudas estatales a la extracción de carbón, decidió en el año 2007 poner fin a esta actividad en el año 2018, aunque esta decisión puede ser revocada o revisada en 2012.
Curiosamente el ponente designado por la Comisión de Asuntos Económicos para fijar la resolución que marcará la pauta de la que finalmente apruebe el pleno del europarlamento es un socialdemócrata alemán, Berhnard Rapkai, Presidente además de EURACOM, organismo que agrupa a las comarcas mineras europeas y al que pertenece ACOM-España, a cuyo frente se sitúa el alcalde de Aller, Gabriel Píérez Villalta. Además del texto del ponente, la mayoría de enmiendas que se añadieron el martes al dictamen preparado por íéste fueron las presentadas por otros tres eurodiputados teutones, Jí¼rgen Klute, de la Izquierda Unitaria Europea, Werner Langen y Renate Sommer, ambos del mismo partido de Merkel, el democristiano CDU.
Es conocido el resultado final del debate: ayudas hasta el 2018, una reducción anual del 10% en su volumen y cierre de las minas no competitivas al final del periodo. Sin embargo, estos grandes rasgos de la propuesta no deben de hacernos olvidar la letra pequeña, que deja la puerta abierta a que la actividad minera, y las ayudas consiguientes, continúen más allá del año 2018.
Son significativas las enmiendas número 15 y 22, ambas de los dos eurodiputados de la CDU alemana, que dicen textualmente: «Las ayudas estatales al sector del carbón son tan pequeñas que no pueden dar lugar a distorsiones de la competencia. Un nivel mínimo de producción de carbón en el seno de la UE mantendría el acceso a las reservas nacionales en calidad de reserva estratíégica» y «De conformidad con el artículo 194, apartado 2, del TFUE (Tratado Fundacional de la Unión Europea), los estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de uso de sus recursos energíéticos, a elegir entre las diferentes fuentes de energía y a establecer la estructura general de su suministro de energía».
Tampoco debe obviarse la enmienda número 13, del diputado izquierdista Jí¼rgen Klute, en la que asegura que «la supresión de capacidades productivas de carbón en el seno de la UE se verá compensada por las importaciones de carbón, por lo que el suministro de carbón a la Unión Europea quedará en manos de países terceros». Este aspecto tambiíén queda incorporado en una enmienda de Langen y Sommer, que remarca que por ello «…no se modificará el balance de emisiones de CO2», al ser sustituido el carbón autóctono por el de importación.
Los eurodiputados españoles, principalmente los del PSOE, tambiíén lograron introducir en el texto final alguna enmienda significativa, como la número 42. En ella se expone que, «una producción mínima de carbón, junto con otras medidas, especialmente las que tienen por objeto fomentar las fuentes de energía renovable, contribuirá al mantenimiento de una cuota de fuentes de energía primaria, lo cuál permitirá reforzar de manera significativa la seguridad energíética de la Unión Europea. Por otra parte, una cuota de energía primaria autóctona facilitará la promoción de los objetivos medioambientales en relación con el desarrollo sostenible. En este marco de impulso de energías autóctonas en la Unión para contrarrestar la enorme dependencia energíética del continente se ha de contemplar el complemento de las fuentes energíéticas autóctonas no fósiles, con las autóctonas fósiles, que en algunos estados miembros es el carbón únicamente».
í‰ste es pues el texto que aprobó el martes la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento y que será debatido dentro de diez días por el pleno de la cámara. Un texto que puede marcar la pauta a la decisión final de los estados porque, aunque no recoge las aspiraciones máximas de los actores en juego, Comisión Europea, Parlamento, Consejo, Estados miembros…, más o menos puede contentar a todos sin dejar a ninguno en una posición airada, ya que como explicó, aunque con otras palabras, Berhnard Rapkai, tanto en el propio debate del pasado martes como el viernes en Asturias, es tremendamente posibilista, y en torno al mismo se puede articular una mayoría significativa. Y lo que es más importante para las comarcas mineras, mantiene la vida del sector minero, al menos ocho años más, y aunque fije una fecha de cierre, todo puede ser revisable. Como lo revisará Alemania dentro de dos años y en esto, como en tantas cosas en la Unión Europea, el país teutón es quien marca la pauta. Por algo se la llama la locomotora europea… que tira del carbón.
