Por... Rodrigo Botero Montoya
El colapso financiero de Irlanda ha sacudido a los mercados internacionales al crear incertidumbre acerca de la viabilidad del proyecto de unificación europea. El programa de rescate que han acordado la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (por más de US $100.000 millones) es indicativo de la profundidad de la crisis irlandesa. Esta situación ha dado lugar a sentimientos de perplejidad. Por una parte, sorprende que un país que representa el 1% de la población de la Unión Europea pueda constituir un problema de tanta trascendencia. Por otra, parecía que 'el tigre cíéltico' había descubierto el secreto del desarrollo.
La crisis irlandesa es consecuencia del estallido de una burbuja hipotecaria, apalancada en incrementos desmesurados de críédito. Un sistema bancario macrocefálico y bancos extranjeros contribuyeron a financiar la burbuja. La decisión gubernamental de garantizar los críéditos del sistema bancario nacional transformó el endeudamiento externo del sector privado en deuda pública. La excesiva generosidad tributaria para atraer inversión extranjera puso al fisco a depender de los impuestos a las transacciones de propiedad raíz, una fuente de ingreso errática y volátil.
Las burbujas crediticias terminan en lágrimas. Un desarrollo en base al endeudamiento externo es inestable. Y la prosperidad no exime a las autoridades de la responsabilidad de imponerle disciplina a su economía.
Los siete años del ríégimen kirchnerista en Argentina confirman el enorme costo que tiene convertir la mentira en un instrumento de gobierno. La falta de íética destruye la autoridad moral del gobernante y envilece el debate acerca de las políticas públicas. El daño que esta manera de actuar le ocasiona a la credibilidad oficial se magnifica cuando el gobierno en cuestión incurre en la torpeza de creer sus propias mentiras. Así se desprende de la noticia de que Argentina le ha solicitado al Fondo Monetario Internacional el envío de una misión para asesorar a la nación austral en la elaboración de un índice nacional de precios al consumidor. í‰ste sería un anuncio rutinario si se refiriera a un país del cuarto mundo que comienza la vida independiente, pero no a un integrante del Grupo de los Veinte.
Argentina dispone de reconocidas facultades de economía, matemáticas y estadística. El problema radica en que, desde el año 2007, el gobierno decidió intervenir el Instituto de Estadística y Censos, INDEC, para falsear el dato oficial de la inflación. A partir de la politización del INDEC, la cifra que reconoce el gobierno equivale a una tercera parte de la inflación que experimenta Argentina. Este fraude representa un despojo a las pensiones, así como una expropiación parcial a los inversionistas extranjeros que adquirieron bonos de deuda soberana argentina, cuyo rendimiento estaría ajustado por el índice de precios al consumidor.
El inusitado viraje en la actitud del gobierno argentino respecto a la confiabilidad de sus estadísticas tiene una explicación sencilla. Está circulando un documento confidencial del staff del Fondo que describe la adulteración de las cifras sobre inflación en Argentina como una violación del acuerdo constitutivo del FMI. En caso de que el documento se llevara a la consideración del Directorio del Fondo, se habría dado inicio al proceso por medio del cual se expulsa a un país miembro de la entidad. La sanción mencionada tambiíén conllevaría la exclusión del G20.
Para tratar de impedir semejante eventualidad, los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores se apresuraron a viajar a Washington para solicitar el envío de una misión tíécnica del FMI a Buenos Aires. El gobierno argentino se ha visto obligado a reconocer que, además de ser un procedimiento deshonroso, la costumbre de mentir tampoco es funcional.
