La diplomacia alemana va ganando por goleada en la negociación preparatoria de la cumbre que este jueves y viernes celebran en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE.
En el borrador de las conclusiones de la cita no hay, a día de hoy, ni rastro de un posible aumento de los 750.000 millones de euros del fondo de rescate de países de la Eurozona al filo de la quiebra. Un aumento que los mercados consideran indispensable si hiciera falta apuntalar a España o a Italia.
Tampoco existe ninguna mención a que este mecanismo compre deuda pública de Estados en apuros; ni a que los países de Eurolandia contemplen la emisión conjunta de eurobonos. El borrador de las conclusiones, documento al que ha tenido acceso elEconomista, sólo explica que los dirigentes europeos harán un llamamiento "para que los ministros de la zona euro y la Comisión Europea finalicen en marzo de 2011 el trabajo sobre un acuerdo intergubernamental que establezca el mecanismo futuro". La incertidumbre parece que se mantendrá hasta entonces.
Eso sí, el texto recuerda que el 28 de noviembre los ministros de Economía y Finanzas de los 16 países que comparten el euro como moneda única acordaron que cada vez que se reflote un país se decidirá si los titulares de sus bonos -principalmente los bancos- deben cargar con parte de la factura, y someterse a reestructuraciones de la deuda. La participación del sector privado en los rescates impuesta por Alemania se decidirá caso por caso, según los usos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La versión más actualizada del borrador de las conclusiones tenía ayer fecha del viernes 10 de diciembre: día en el que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francíés Nicolas Sarkozy escenificaron en una cumbre franco-alemana su negativa conjunta a aumentar los fondos del plan de rescate y a emitir eurobonos. Y rechazaron las acusaciones de ser insolidarios que en los últimos días reciben de los Gobiernos de España, Italia y Luxemburgo.
Mini reforma legal
El documento se limita a redactar el párrafo que se incluirá en el Tratado de la UE para que el fondo de rescate actual, que caduca en junio de 2013, sea perennizado: "Los Estados miembros cuya divisa es el euro pueden establecer un mecanismo de estabilidad que salvaguarde la estabilidad de la zona euro en su conjunto. La concesión de asistencia financiera bajo este mecanismo estará sujeta a una estricta condicionalidad".
Para que estas breves líneas puedan ser injertadas en el Tratado comunitario, los Estados del club deberán ratificar la mini reforma antes de que termine 2012. En la mayor parte de los casos, será vía procedimientos parlamentarios. Y su entrada en vigor, siempre según el borrador de las conclusiones de la cumbre de este jueves y viernes, debería ser el 1 de enero de 2013; para evitar un vacío si el proceso estuviera incompleto cuando en junio de 2013 expire el fondo actual.
Las conclusiones tambiíén reiteran el propósito de los Veintisiete de concluir antes de que termine junio de 2011 las negociaciones sobre el paquete legislativo que debería reforzar los controles y sanciones sobre los países que incurran en deudas y díéficits públicos excesivos. Y exigirles más transparencia en la ejecución de sus presupuestos para evitar la creatividad contable de las Administraciones estatales, regionales, provinciales, locales y las empresas públicas.
Si la preparación de la cumbre no da un vuelco antes del viernes por el aumento del miedo de los mercados a que los problemas de Portugal se contagien a España o a Italia, no está previsto que los líderes europeos aporten más aclaraciones. Lo que, a su vez, puede espolear una desbandada de los inversores, que temen que el actual fondo de 750.000 millones de euros sea insuficiente si fuera necesario reflotar a Madrid o a Roma.
Según informó Reuters, el Gobierno alemán negó ayer haber calculado que el coste extra al que se enfrentaría si se emitieran eurobonos se elevaría a 17.000 millones de euros al año, noticia publicada por el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Berlín mantiene que se opone a la eurodeuda porque emitirla exige una profunda reforma del Tratado de la UE, y reduciría los incentivos para que los países más laxos hagan las reformas debidas.
