El Pacto de Toledo ha alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el periodo de cálculo que se utiliza para calcular la pensión, actualmente fijado en los últimos quince años cotizados, según ha adelantado el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, a los medios de comunicación.
"Hay un principio de acuerdo", ha señalado Burgos antes de entrar a la sesión de la tarde de la Comisión en el Congreso de los Diputados. De hecho, está previsto que a las 20.00 horas los portavoces den una rueda de prensa conjunta para dar cuenta de los avances alcanzados.
Burgos ha resaltado la necesidad de que el Pacto de Toledo profundice en el criterio de contributividad y pida al Gobierno que amplíe el periodo de cálculo con los mismos criterios de gradualidad que en anteriores ocasiones, pero sin proponer una cifra concreta, que es lo que tiene que hacer el Ejecutivo en el marco del diálogo social.
Para Burgos, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión es "probablemente mucho más importante" que otros en los que se está focalizando la atención, como la prolongación de la edad legal de jubilación, y resulta "fundamental" para cualquier acuerdo de pensiones en estos momentos.
Por otro lado, el portavoz "popular" ha avanzado tambiíén que, a lo largo de la mañana, se ha llegado a otro principio de acuerdo para homogeneizar la forma en la que computan los años trabajados a la hora de calcular la pensión.
En este sentido, ha resaltado la necesidad de incrementar la correlación entre las cotizaciones y las prestaciones que reciben los ciudadanos, ya que no todos los años valen lo mismo a efectos de generar el porcentaje de la base reguladora. En concreto, ha explicado que los primeros años cuentan un 3% cada uno, mientras que los últimos cuentan un 2%.
"No tiene ningún sentido mantener un criterio por el que los años cuentan de forma diferente solo por el lugar que ocupan en la carrera laboral de un ciudadano", ha denunciado, tras recordar que más del 30% de los ciudadanos acceden a la jubilación anticipada desde el desempleo y más de un 10% desde el subsidio para mayores de 52 años.
A su parecer, el actual sistema "lesiona" los derechos de largas carreras de cotización que se ven abocadas al desempleo al final de su vida laboral, por lo que este cambio debe ser uno de los "pilares" de la reforma, no sólo por su importancia en el sistema de pensiones sino porque es "clave" para la sostenibilidad financiera del mismo y su legitimidad social.
NO SE BUSCAN ACUERDOS PARCIALES
A pesar de los dos principios de acuerdo, Burgos ha recordado que la Comisión del Pacto de Toledo no pretende consensos "parciales" y que cualquier propuesta es "susceptible de nuevas lecturas" porque todas se van revisando en función de los avances alcanzados para que todos los elementos estíén "ajustados y equilibrados".
Según Burgos, lo "importante" es que los ciudadanos sepan que el sistema de pensiones, con estas modificaciones, reconocerá mejor el esfuerzo contributivo realizado durante un periodo más amplio de actividad laboral, así como que cualquier modificación se hará con criterio "gradual" y que los criterios de solidaridad "están garantizados".
Además, ha celebrado que la Comisión haya reconocido por primera vez el papel de las mutuas, así como la importancia de mejorar su gestión, su transparencia y su capacidad para gestionar adecuadamente las funciones encomendadas dentro del sistema de la Seguridad Social.
LA EDAD DE JUBILACIí“N, ESTA TARDE
A lo largo de la tarde, la Comisión abordará uno de los principales escollos de la negociación: la ampliación de la edad legal de jubilación. En este punto, Burgos ha resaltado la necesidad de que el Pacto de Toledo no responda con enunciado "absolutamente abstracto y general en el que pueda caber todo".
La postura del PP, según Burgos, es que no se puede prolongar la edad legal a los 67 años, puesto que se trata de un concepto "obsoleto" del que hay que ir prescindiendo para poder avanzar a un modelo más "flexible y abierto" que díé más relevancia a la capacidad de elección de los ciudadanos y en el que la jubilación sea voluntaria. "El Gobierno no es nadie para decir a los ciudadanos cuando deben jubilarse", ha indicado.
A su parecer, lo que hay que hacer es actuar sobre el conjunto de los elementos que diseñan la jubilación, lo que significa cambiar el ríégimen jurídico de la misma, frenar las jubilaciones anticipadas, modificar los criterios de acceso a la jubilación y apostar "claramente" por la prolongación voluntaria de la vida laboral con "nuevos y mejores" incentivos.
