Sistema elíéctrico en estado de alarma
por Carmen Monforte en Cinco Días
La primera emisión de la deuda elíéctrica sigue paralizada en la CNMV a la espera de tiempos mejores en los mercados; la factura de la luz, en su parte no regulada, subirá en enero como mínimo un 5% y como máximo casi un 10%, con lo que la subida acumulada en el último año suma ya un 18%, mientras que los peajes de acceso, que financian el díéficit de tarifa, se van a congelar, por lo que aquellos incrementos no servirán para reducir el díéficit de tarifa. Por tanto, a falta de ingresos suficientes, el desfase tarifario se volverá a disparar en 2011: más de 5.000 millones de euros (3.000 millones por encima del límite autorizado por la ley para ese año).
Con este panorama, se preguntaban la semana pasada fuentes empresariales, "¿cómo es posible que el ministro se dedique a viajar a China y en la Secretaría de Estado de la Energía se mantenga una situación de provisionalidad desde hace un mes, tras el anuncio de la salida del actual secretario, Pedro Marín?".
Desde el punto de vista empresarial, el asunto más grave es la dificultad manifiesta para realizar la primera colocación de la deuda elíéctrica, despuíés de que se lograra el visto bueno del BCE y de la CNMV para un programa de emisiones con el aval del Estado. Una deuda, que a falta de ser liquidado el díéficit de 2010, asciende a 13.700 millones de euros. Las elíéctricas que lo financian -las cinco grandes generadoras- confiaban en realizar una primera emisión de 3.000 millones de euros antes de fin de año.
Pero en el sector es un secreto a voces que el folleto de esta primera colocación está parado en la CNMV, ya que el Gobierno no considera adecuado colocar estos bonos elíéctricos con el actual diferencial con el alemán. Una muestra del aplazamiento de la primera emisión hasta el próximo año, ha sido la decisión de Standard & Poor's de poner en revisión la calificación de la deuda a largo plazo de las dos grandes elíéctricas, Endesa e Iberdrola, que financian más del 80% del díéficit. Esta decisión ha salpicado tambiíén a la matriz de Endesa, la italiana Enel, a la que la agencia ha colocado en igual situación.
Lo único cierto, tras la celebración de la subasta Cesur del pasado día 14, es que la TUR (componente no regulado de la factura elíéctrica, que incluye el coste de la energía) la luz subirá sí o sí casi un 5% enero. Las comercializadoras que suministran a tarifa acuden a esta puja para comprar a plazo la electricidad que venderán en el siguiente trimestre. En su opinión, el resultado de la última subasta se debe a los mayores precios de los combustibles y subrayan que los de España siguen por debajo de los de Francia o Alemania.
Sin embargo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha criticado el efecto inflacionista de esta subasta, que se ha convertido en un sistema de apuestas. Con el suministro elíéctrico español no se puede jugar, consideran algunos críticos, tras comprobar que, de la veintena de agentes que participaron en la última puja, más de la mitad eran "apostadores" (bancos y empresas francesas y alemanas). Desde que se celebran las Cesur, nunca se ha producido una bajada de precios, lo que choca con las del gas, cuyas tarifas son mucho más elásticas.
A la subida de la luz del 5% habrá que sumar otro porcentaje casi similar si el Gobierno mantiene su propuesta de aumentar los llamados pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros. Estos pagos son las compensaciones que recibirán las centrales perjudicadas por el real decreto que obliga a las elíéctricas a consumir carbón nacional. Es el lucro cesante que habían exigido las empresas para las plantas de carbón de importación y de gas, que serán desplazadas en el mercado para dar paso al carbón autóctono, de obligado consumo. Por tanto, esos 700 millones serían el pago del Gobierno a las tres grandes elíéctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) que han logrado parar cautelarmente el real decreto en los tribunales.
Esta partida es la única que el Gobierno tiene en sus manos para evitar una subida de la luz del 10%. De hecho, la propia CNE ha pedido que el pago por capacidad sea el estrictamente necesario, aunque, de no ser desembolsado despuíés en su totalidad, se destinaría a cubrir el díéficit de tarifa.
Otro problema de gran dimensión al que se enfrentará Industria son las denuncias que las elíéctricas van a presentar en los tribunales contra el díéficit de tarifa extra para 2011 que la ley prohíbe. Hay quien califica de "prevaricación" la decisión de Industria de reconocer de antemano 3.000 millones de más, que deben sufragarse directamente en la tarifa, según la norma. Claro que, de ser así, y tal como calcula Unesa, la tarifa de acceso debería subir un 24,6% en enero. Pero no solo no sube, sino que se mantiene congelada.
Los costes
Mientras tanto, la CNE clama en el desierto al reclamar una reforma en profundidad de los costes del sistema. Una reforma que solo se ha merecido una foto: la que se hicieron el pasado mes de junio el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, para anunciar un pacto energíético, que nació mal enterrado.
La sentencia "a grandes males, grandes remedios" no sirve en asuntos tan delicados como los referidos al suministro energíético. Máxime cuando los grandes remedios se traducirían, por ejemplo, en fuertes incrementos de tarifa; en exigir una quita a las grandes elíéctricas o en medidas de dudosa legalidad como el recorte retroactivo de las primas de las fotovoltaicas, que absorben más de un tercio de la tarifa.
La solución no está tanto en aplicar grandes medidas, como en el menudeo, lo que implicaría altas dosis de gestión. Algunas ya han sido apuntadas por el regulador: eliminar de la tarifa el costes de los planes de eficiencia energíética; retirar las compensaciones a Baleares que, en breve, dejará de ser una isla energíética (cuenta con tubo de gas desde la península y tiene a punto el cable elíéctrico); liquidar los CTC que, según la Abogacía del Estado, obligaría a las elíéctricas a devolver dinero y, sobre todo, reformar las subastas Cesur, que se han convertido en pasto para la especulación.
