La cúpula del Ministerio presenta la licitación de la entrada del AVE a Galicia, una inversión de 6.000 millones de euros. En carreteras, destaca la concesión Benavente-Zamora.
El Ministerio de Fomento ha convocado hoy a las grandes constructoras para dar los detalles de la mayor licitación de alta velocidad ferroviaria realizada por el departamento que dirige Josíé Blanco: el acceso del AVE a Galicia entre Olmedo (Valladolid) y Orense, un corredor de 332 kilómetros de longitud que requiere una inversión próxima a los 6.000 millones de euros.
Están convocados hoy en la sede del Ministerio, a primera hora de la mañana, los presidentes de las mayores constructoras (ACS, FCC, Acciona, Sacyr y Ferrovial), firmas de ingeniería y los grandes proveedores ferroviarios, entre los que sobresalen los fabricantes de trenes Siemens, Alstom, Bombardier y Talgo, entre otros. Fuentes al tanto al encuentro aseguran que, más que una reunión informativa, se trata de una cumbre de la construcción donde el Ministerio revelará los detalles de la obra más esperada por el sector en un momento de sequía inversora en España.
Recortes
Además del macrocontrato encomendado por el Gobierno al Adif, el equipo de Josíé Blanco detallará la primera gran concesión de carreteras a travíés del sistema de colaboración público-privada. Se trata del corredor entre Zamora y Benavente para completar la denominada Autovía de la Plata. La inversión aproximada asciende a 300 millones de euros.
La expectación es máxima, por lo que se espera una gran asistencia. Los constructores llegan a la reunión en baja forma despuíés del último recorte a la obra pública decretado por el Gobierno este verano. El tijeretazo del Ministerio de Fomento alcanzó 5.700 millones de euros en obras proyectadas o en ejecución hasta 2013. El recorte supuso la rescisión o la reprogramación de más de un centenar de proyectos. Según los cálculos del sector, el recorte se iba traducir en unos 500.000 despidos.
Tras el susto inicial, el Ministerio corrigió el alcance del tajo, ya que muchos de los contratos que, en principio, habían desaparecido del mapa, de infraestructuras en España se resucitaron a travíés del contrato de colaboración público privado (CPP), una fórmula ventajosa para el Gobierno ya que, entre otras virtudes, tiene un impacto menor sobre el díéficit del Estado. Entre los proyectos, destacan varios enlaces de alta velocidad, los accesos ferroviarios a grandes puertos de España, como Algeciras, y varios tramos de carreteras.
Hasta la fecha, Fomento sólo ha licitado un contrato a travíés de esta nueva fórmula de financiación. Se trata del centro logístico de Aranjuez (Madrid) para el que se necesita una inversión de partida de 13,8 millones de euros y 6,3 millones en una segunda fase. El centro logístico consiste en una infraestructura de gestión de mercancías entre el transporte ferroviario y por carretera, sobre una superficie de 34 hectáreas propiedad de Adif.
No se esperan grandes adhesiones empresarias al proyecto en Aranjuez. Todo lo contrario a lo ocurrido con las obras de acceso del AVE a Galicia. Adif, la empresa pública dependiente de Fomento encargada del proyecto, revelará las condiciones de la licitación. Inicialmente, se especuló con la posibilidad de un único concurso negociado con un reducido grupo de empresas. Las dificultades de financiación y las protestas de las empresas constructoras de menor tamaño acabaron por enterrar esta opción.
Secreto
En el sector, creen que el Ministerio de Fomento optará por una fórmula intermedia: un solo contrato que agrupe siete grandes concesiones. Las empresas adjudicatarias de cada uno de esos paquetes constituirá un sociedad anónima con una participación minoritaria de Adif. Estas sociedades mixtas se encargarán de gestionar la construcción de las distintas fases del corredor y de la subcontratación de las obras. El tramo entre Olmedo y Ourense incluye la infraestructura, electrificación y la señalización.
Se desconoce el grado de implicación de la banca española e internacional en un proyecto tan costoso. Entre las dudas de las entidades de críédito, destacan los riesgos que la Administración trasladará al capital privado. El BEI ya ha comprometido su participación, ya que se trata de uno de los prestamistas históricos del Adif. En principio, el contrato de colaboración privada sólo transfiere a las empresas el riesgo de disponibilidad (penalizaciones por la falta de calidad y de mantenimiento de los proyectos adjudicados), los riesgos de expropiación y parte de los riesgos de construcción.
A la reunión, está previsto que acudan el presidente de Adif, Antonio González, y los altos cargos del Ministerio de Fomento, entre los que sobresale Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria general de Infraestructuras. No está programada la participación del ministro, Josíé Blanco, aunque no se descarta su asistencia.
Antecedentes
- En abril de este año, el presidente del Gobierno se comprometió a invertir 17.000 millones de euros en los próximos dos años a travíés de un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI).
- El plan estaba basado en una nueva fórmula de contratación: un sistema de colaboración público privada en el que el promotor sólo asume el riesgo de disponibilidad.
- En verano, el Ministerio anunció el mayor recorte de la obra pública de la democracia. El tijeretazo ascendió, al final, a 5.700 millones de euros a travíés de rescisiones y reprogramaciones de obras en curso. Según el sector, el impacto se podría traducir en la destrucción de medio millón de puestos de trabajo.
- Algunos de los proyectos afectados por el recorte se trasladaron al plan extraordinario.
- La primera licitación del PEI se produjo hace escasamente un mes: una plataforma logística del Adif en Aranjuez.
