El Pacto de Toledo deja manos libres al Gobierno en las pensiones
El Grupo Socialista ha seguido casi al dictado las instrucciones que ha recibido del Gobierno para dejarle un amplio margen de maniobra en la elaboración del proyecto de ley que verá la luz, si se cumplen las previsiones de Josíé Luis Rodríguez Zapatero, el 28 de enero. La falta de acuerdo sobre algunos extremos de la reforma de las pensiones entre los grupos que se sientan en la Comisión del Pacto de Toledo ha facilitado tambiíén la redacción ambigua de muchos de sus apartados, dejando de esta forma las manos libres al Ejecutivo.
Así fueron las recomendaciones de 2003 y así son ahora las que ha elaborado el Pacto de Toledo para los diferentes aspectos que abarca al reforma de las pensiones.
poder adquisitivo. Hace siete años, se dejó claro que debía garantizarse por ley, garantizando el equilibrio financiero del sistema. Ahora, la Comisión reconoce que la congelación de las pensiones en 2011 vulnera el Pacto de Toledo y aboga por aumentar el poder adquisitivo de estas prestaciones, pero estudiando la posibilidad de utilizar índices de revalorización distintos al IPC que podrían ser el crecimiento de los salarios, la evolución económica o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Fondo de reserva. En 2003, el Pacto de Toledo recomendó que los excedentes que se produjeran en el sistema deberían ser destinados a dotar este Fondo, sin límite alguno y teniendo en cuenta en todo caso la situación económica. En las recomendaciones que serán aprobadas ahora, la Comisión parlamentaria se decanta por al misma opinión y advierte de que el volumen alcanzado por el Fondo aconseja que se aumenten los medios materiales y personales para su gestión.
bases y periodos de cotización. Hace siete años, los grupos políticos constataban que se había alcanzado el objetivo fijado en 1995 consistente en la existencia de un tope máximo de cotización para todas las categorías laborales. En la actualidad, la Comisión considera necesario ajustar con más precisión la relación entre el salario real y las bases de cotización así como, paralelamente, mejorar las prestaciones que se recibirán. En este sentido, los partidos consideran pertinente elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima que se regulan en la Ley para garantizar la adecuada correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones. Los comisionados sugieren al Gobierno que establezca por ley los requisitos para que esa correlación entre salarios, cotizaciones y prestaciones se efectúe automáticamente.
La Comisión estima tambiíén que el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real. Por ley y previo estudio de las consecuencias financieras para la Seguridad Social, dice la recomendación del Pacto de Toledo, se podrán reconocer o favorecer determinadas situaciones y supuestos en el procedimiento de cálculo de la pensión, con el fin de añadir o minorar periodos o bases de cálculo. Tambiíén debe establecerse, según los comisionados, una única fórmula para la determinación de la base reguladora que se utiliza al calcular cada una de las prestaciones del sistema, que utilice mecanismos homogíéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman. Estas medidas se pondrán en funcionamiento de manera gradual.
Edad de jubilación: Los comisionados reconocen por escrito que no existe acuerdo al respecto porque el Gobierno se empecina en colocar la edad legal en los 67 años mientras que el resto de los partidos insisten en la voluntariedad a la hora de dar este paso. En concreto, el Pacto de Toledo considera la prolongación de la vida laboral como un objetivo necesario y deseable. Por ello, dado que el objetivo que se persigue es el de aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo y tener en cuenta la evolución de la expectativa de vida despuíés de los 65 años, el conjunto de medidas a adoptar puede ser amplio, buscando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, se lee en la recomendación trasladada al Gobierno.
Por otra parte, los partidos consideran oportuna la modificación del ríégimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, con el fin de delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella. En 2003, la comisión del Pacto de Toledo se limitó a constatar que se había logrado un avance mediante la implantación de un sistema de jubilación gradual y flexible, al tiempo que reconocía los efectos beneficiosos que se derivan de la permanencia en el mercado de los trabajadores de más edad. Tambiíén se recordaba hace siete años que la edad legal de jubilación a los 65 años era voluntaria y que existía la necesidad de continuar por el camino ya iniciado para conseguir el objetivo de que la edad real de jubilación se aproximara a aquella. Ahora la media está en 63,8 años.
la gestión del sistema. En las anteriores recomendaciones, la Comisión constató los avances registrados en el ámbito de la gestión recaudatoria e instó al Ejecutivo a seguir en el proceso de mejora constante de los instrumentos legales, tíécnicos y de procedimiento para reducir la incidencia de la morosidad. La situación económica ha cambiado mucho y ahora la recomendación descansa en una defensa más estrecha de coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos, sin perjuicio de la vigente distribución de competencias. La Comisión del Pacto de Toledo recuerda que las políticas de aplazamiento y fraccionamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social, en supuestos de dificultades para afrontar el mismo, han tenido unos efectos favorables para el mantenimiento del empleo y de la actividad de las empresas. Por ello, considera conveniente que se mantenga la regulación actual y que se analice la posibilidad de mejoras en su aplicación, salvaguardando el equilibrio presupuestario del sistema.
lucha contra el fraude. Los partidos recomendaban al Gobierno en 2003 luchar de forma decidida contra la economía irregular, con especial atención a los sectores donde íésta seguía teniendo incidencia. Igualmente, constataba la relación existente entre economía irregular e inmigración ilegal, por lo cual instaba a combatir los efectos negativos que se generan sobre el conjunto del sistema. En esta ocasión, la Comisión del Pacto de Toledo hace hincapiíé en la necesidad de potenciar los mecanismos de colaboración y las posibilidades de control por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas, en relación con los diferentes procesos de incapacidad, con especial atención a los procesos de baja de duración inferior a 15 días, que suponen una carga económica notable al ser sufragados con cargo a la empresa.
mayor contributividad. La Comisión constata, en línea con los contenidos del Pacto de Toledo de 1995 y de 2003, la necesidad de reforzar este principio como elemento básico de preservación de la equidad y del equilibrio financiero del sistema. En ese sentido, considera conveniente avanzar en una mayor adecuación entre la pensión y el esfuerzo de cotización realizado por cada trabajador, medida en la que están avanzando la mayoría de los países de nuestro entorno.
La Comisión defiende que las modificaciones del periodo de cálculo para la cuantificación de la pensión de jubilación que se han venido realizando en España se han demostrado adecuadas, y entiende que ha de proseguirse en la misma línea, "correspondiendo al Gobierno, mediante el pertinente diálogo social y con criterios tíécnicos claros, realizar una propuesta al respecto".
En todo caso, los partidos consideran que cualquier cambio en esta materia "deberá aplicarse con la necesaria gradualidad, sin perjuicio del derecho de todo pensionista a optar por acogerse a dicho cambio de manera plena e inmediata, si lo considera conveniente".
Todas las puertas, pues, quedan abiertas y volverá la negociación cuando se tramite el proyecto de ley.
Reforma con el calendario estrecho
Las recomendaciones del Pacto de Toledo serán examinadas este miíércoles en el trámite de comisión para ser finalmente aprobadas en pleno a finales de enero, tres días antes de que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros previsto para el viernes 28 de enero el proyecto de ley.
Este calendario tan estrecho alimenta la sensación que tienen algunos grupos parlamentarios de que el Gobierno tiene ya sus decisiones tomadas y de que el trabajo del Pacto de Toledo ha sido, en esta ocasión, un mero trámite.
La cifra
25 años es el periodo cotizado sobre el que se calcularía la pensión, según se inclinan por defender buena parte de los partidos, aunque aún no lo han puesto por escrito.
