Bruselas estrenó ayer un nuevo mecanismo de vigilancia macroeconómica que intentará evitar o corregir los graves desequilibrios generados durante la primera díécada del euro. España, según los datos de la CE, figura entre los países que necesitan un tratamiento más drástico, incluido un ajuste de precios y salarios, y una reforma de pensiones.
La Comisión Europea puso ayer en marcha el llamado semestre europeo, un nuevo proceso de coordinación que intentará garantizar la coherencia de las políticas presupuestarias y macroeconómicas de los socios de la UE y, en particular, de la zona euro. Por primera vez, Bruselas revisará las grandes líneas de los futuros presupuestos de cada Estado antes de que lleguen a los respectivos parlamentos.
Para el presidente de la Comisión, Josíé Manuel Barroso, el nuevo ejercicio supone un hito en la historia de la UE porque "por primera vez se utilizan estos instrumentos de cogobernanza económica a nivel europeo". El primer paso del nuevo modelo fue la aprobación del denominado examen anual de crecimiento. "Una buena señal, porque la UE siempre toma sus mejores decisiones a esas horas", bromeaba ayer el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, durante la puesta de largo del semestre, en una magna conferencia en el edificio Charlemagne de Bruselas para la que se registraron más de 500 especialistas en la materia.
El documento en cuestión escruta la salud macroeconómica de la Unión y fija las grandes directrices que deberán seguir los socios en los próximos meses para fortalecer o restablecer su salud y evitar que sus políticas dañen la fortaleza o la credibilidad de la zona euro. El principal reto durante 2011 y 2012, según ese análisis, radica en evitar que la actual crisis provoque "una díécada píérdida" para todos o alguno de los socios de la Unión Monetaria.
La Comisión sitúa a la economía española entre las que presentan unas constantes vitales más díébiles y urgida de unos cuidados intensivos para acompasar su pulso al ritmo de los países menos desequilibrados. En el peligroso cuadrante de desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos figuran junto a España países de la zona euro como Portugal, Grecia, Francia o Italia, y del resto de la UE, como Reino Unido.
Los termómetros que ha colocado Bruselas para determinar el grado de desequilibrio arrojan en el caso de España preocupantes resultados.
La balanza corriente acusa un díéficit del 8,4% (frente al 0,6% de media de la zona euro); los activos extranjeros suponen el 90% del PIB (el tercer nivel más alto, por detrás de Grecia y Portugal); los costes laborales superan en un 12,4% la tasa media de la zona a largo plazo (los de Alemania caen un 5,8%); y el endeudamiento del sector privado equivale 289% del PIB (solo superado por Irlanda con el 387% y Portugal, con el 332%). Datos conocidos pero que a partir de ahora merecerán la reprobación comunitaria con casi tanto rigor como la aplicación del Pacto de Estabilidad de Crecimiento a los niveles excesivos de díéficit o deuda públicos. La justificación de esa nueva vigilancia, según Rehn, es que "los desequilibrios de un Estado de la zona euro pueden minar la credibilidad de la divisa única".
La receta para evitar ese riesgo consiste en "importantes ajustes de precios y costes, para recuperar la competitividad interior y exterior", prescribe el documento aprobado ayer por la CE. Y aunque la UE detallará en junio las reformas que deberá emprender cada país, Bruselas ya planeta como imprescindible a base de "políticas salariales apropiadas", entre las que menciona la modificación de las revisiones indizadas, la emisión de "señales adecuadas" en los salarios públicos o el establecimiento de mecanismos "más eficaces" para la formación de los mismos. Eufemismos todos que aluden a lo que la Confederación europea de sindicatos describe como un asalto sin precedentes a la negociación colectiva y una rebaja de las condiciones laborales de los países afectados.
Bruselas tambiíén reclama que se acometan o concluyan las reformas de los sistemas de pensiones para adaptarlos a la evolución demográfica del Viejo Continente. Tambiíén en ese terreno España tiene deberes, según Rehn, que calificó la reforma anunciada por Josíé Luis Rodríguez Zapatero como "esencial, debido al envejecimiento de la población y para calmar a los mercados financieros". Rehn tambiíén animó al Gobierno a concluir su reforma del sistema de negociación colectiva. Y elogió el resto de pasos dados desde las sacudidas al bono español el pasado mes de mayo. "España ha adoptado muchas medidas importantes y apropiadas en los últimos meses", señaló el comisario. Y citó las aprobadas "para consolidar las finanzas públicas, reducir la dualidad en el mercado laboral y aumentar la flexibilidad y reformar y reestructurar el sector de las cajas de ahorro". Ahora falta el resto para salir de la UVI.
Brecha
En el gráfico se refleja la gran brecha que ha ido formándose en los últimos años en tíérminos de competitividad. La línea inferior muestra cómo Alemania ha ido mejorando su competitividad (hacia abajo significa ganancias) en relación a la media de la UE. España, en cambio, la ha perdido (la línea se desplaza hacia arriba) en comparación con el índice 100.
UBS: la economía española no necesita rescate
El banco suizo UBS descarta que España necesite un rescate financiero internacional, pese a que en los primeros meses de este año augura una "nueva escalada" en la crisis de deuda europea. Esas tensiones llevarán a Portugal a solicitar ayuda económica a la UE y el FMI por valor de "unos 50.000 millones de euros".
El informe UBS Global Outlook 2011, presentado ayer, considera necesario un ajuste adicional de la economía española este año para lograr el objetivo de díéficit público del 6% del PIB. Así, frente a las previsiones de crecimiento del Gobierno (del 1,3%), la actividad solo crecería un 0,5% este año, y todavía en el próximo se limitaría al 0,9%. Ello implicaría una minoración de ingresos del entorno de los 4.000 millones de euros que, según Roberto Ruiz, director de Estrategia de UBS, se lograrán con un recorte adicional en la inversión pública y un aumento del impuesto sobre los hidrocarburos.
Según explicó Ruiz en la presentación de ayer, los mercados no dudan del programa de consolidación fiscal español, pero reclaman mayor transparencia de su sector bancario. Por ello, señaló que los test de solvencia de la banca previstos para marzo en todos los países de la zona euro deberían anticiparse en España, junto con una nueva actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Asimismo, indicó que el FROB debe garantizar la estabilidad de las cajas, cuyas necesidades de liquidez estimó entre 15.000 y 20.000 millones de euros. Lo que temen los inversores es que España acabe como Irlanda por un agujero de la banca provocado por el riesgo inmobiliario", señaló Ruiz. Con todo, el informe de previsiones de UBS presentado ayer niega que "ninguna" caja o banco tenga problemas de liquidez este año y garantiza la solvencia del sistema financiero español.
