El Gobierno sabe que las dudas sobre las cajas de ahorros es el verdadero talón de Aquiles en su lucha por devolver credibilidad a la economía española y está resuelto a poner fin a esta situación. Por ello prepara cambios normativos para acelerar la conversión de cajas en bancos y la entrada directa en el capital de las mismas. Las cajas de ahorro podrían necesitar 42.800 millones de euros.
La primera cuestión conllevaría retocar la nueva ley de cajas, aprobada el pasado verano, mientras que la segunda exigiría retocar otra vez el fondo de rescate.
La idea es que el Frob, a travíés de bonos garantizados por el Estado, adquiera acciones o cuotas participativas (para aquellas en las que urja la inyección y aún no se hayan transformado) que acaben de apuntalar la solvencia de estas entidades, según aseguran fuentes cercanas a Economía y al supervisor bancario.
El Gobierno, sin embargo, no quiere que esta inyección sea equivalente a una nacionalización de las cajas, por lo que la modificación que se debe introducir en la regulación del Frob dejará muy claro que esta entrada en el capital será temporal. La norma, que aún están perfilando entre Economía y el Banco de España, establecerá un periodo de cinco años para que el Frob salga del capital con una recompra de títulos por parte de las cajas de ahorros rescatadas.
Ayudas sin intereses
La entrada directa a travíés de acciones o cuotas tiene varias ventajas sobre los títulos preferentes, utilizados hasta ahora para reforzar a las entidades. En un entorno de márgenes de negocio decrecientes, con los mercados cerrados, y el consiguiente encarecimiento en las emisiones, la devolución de los intereses de la ayuda, que se debería establecer en un 10 por ciento como mínimo, se hace imposible. Al adquirir capital, las cajas no estarían obligadas a esa devolución anual.
Una segunda ventaja, aún más importante, es que el desembarco del Estado conllevaría derechos políticos y, por tanto, su incorporación en los consejos y en la gestión de las entidades, por lo que el control se volvería más fíérreo.
En cuanto al volumen de recursos necesario, las fuentes consultadas no precisaron cuál sería el montante, si bien destacaron que sería muy superior a los medios que hasta ahora ha utilizado el Frob, que se acercan a los 12.000 millones.
A pesar de estos planes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó esta semana que el dinero que inyectaría el Frob "no tiene nada que ver con las cifras que se están manejando. Se acercará a cero". Los bancos de inversión, sin embargo, han calculado que la necesidad de capital de las cajas españolas se sitúa entre los 15.000 y los 80.000 millones de euros.
Tanto el Banco de España como el Gobierno, que lleva los contactos con el supervisor a travíés de la secretaría de Estado de Economía, son conscientes de que el agujero de las cajas existe y sólo se hará una aproximación pública con el llamado streap tease inmobiliario, en el que darán a conocer en las próximas semanas su exposición y morosidad en el sector constructor y promotor, si bien desconfían de que sea suficiente para aplacar la desconfianza de los mercados.
Precisamente los mercados es uno de los condicionantes que tiene en cuenta el Gobierno para fijar la fecha de la inyección de ayudas.
La relativa relajación de las últimas semanas puede continuar, según fuentes gubernamentales, si las negociaciones con los sindicatos sobre pensiones concluyen con íéxito en los próximos días. Esto produciría un margen extra para contrarrestar el previsible efecto adverso de realizar ahora un refuerzo casi masivo en las cajas.
Tanteo a la oposición
El Gobierno tambiíén ha tanteado al resto de partidos políticos para sacar adelante la reforma del Frob. El PP, por el momento, considera que la regulación actual es suficiente para realizar las medidas que sean oportunas, por lo que el objetivo del departamento de Salgado es que, al menos, no se opongan a estos planes de reforma, que probablemente se llevaría a cabo a travíés de un real decreto.
Con la cita de los tests de estríés, retrasada hasta mayo o junio, se cuenta con un margen de tiempo más amplio, que quiere utilizarse para aprovechar el momento más favorable para llevar a cabo esta recapitalización.
Otras alternativas a estas ayudas públicas, pero desechadas por el contexto actual, serían la búsqueda de inversores privados como socios de las cajas, algo que sólo estaría al alcance de unas pocas, que son precisamente las que menos refuerzo precisan. Agrupar los activos tóxicos de las cajas en una nueva entidad, el denominado "banco malo", fue otra opción contemplada por Economía hace meses y descartada por su complejidad legal y por la oposición del supervisor.
