La totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas "online", previstas en el proyecto de la Ley del Juego, que está ultimando el Gobierno, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según ha afirmado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández.
"En principio, toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, por así decirlo, va a las comunidades autónomas. El Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso", ha asegurado Fernández en los Desayunos Deportivos de Europa Press.
En este sentido, el máximo responsable de LAE ha asegurado que la Administración General del Estado no tiene "vocación recaudatoria" y ha subrayado que "la voluntad es que todo lo que genere este nuevo mercado sea financiación de comunidades autónomas". Sobre los nuevos tributos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, ha indicado que se trata de "un marco tributario claro y suficiente como para que exista el mercado".
En cuanto al calendario previsto, Fernández ha señalado que el proyecto de Ley se aprobará previsiblemente en los próximos Consejos de Ministros e "incluso" en el de esta semana. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Píérez Rubalcaba, ya adelantó a finales de 2010 que la intención del Ejecutivo era aprobar este proyecto en enero de 2011.
Asimismo, el director general de LAE espera que las primeras licencias, que contempla el anteproyecto de Ley de Juego para las empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas "online" en España, pueden empezar a entregarse en 2011, despuíés de que el proyecto de Ley supere la tramitación parlamentaria.
Durante su intervención, Fernández ha afirmado que la intención de la futura Ley del Juego es "regular una realidad fáctica", ya que actualmente en España hay muchos operadores que se dedican al negocio de las apuestas "online", pero que no tributan en España porque no tienen su sede en otros países y porque en España no hay una regulación que contemple determinadas modalidades de juego, como las apuestas a travíés de Internet.
En este sentido, el director general de LAE, aunque no ha querido entrar a valorar en detalle el panorama de las apuestas "online" en España, porque "no hay cifras oficiales", ha señalado que el 85% de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España hacia el extranjero, mientras que el 15% restante se juega en España.
El objetivo de la nueva Ley del Juego es precisamente "tratar de reordenar ese puzzle", según ha indicado Fernández, quien ha asegurado que la nueva legislación va a respetar el "estatus quo" del sector. Asimismo, ha apuntado que la legislación servirá para dar una mayor protección a los menores y a las personas que sufren de ludopatía frente al juego, y dar garantías a los operadores con licencia de que en el sector se produce "una competencia legítima".
INSTRUMENTOS PARA "CORTAR" LA ILEGALIDAD
Sobre este asunto, Fernández ha indicado que actualmente no se produce esa competencia justa, ya que hay operadores con licencia y otros que están actuando sin ella. Por ello, ha anunciado que la futura Ley del Juego incorporará medidas para dotar "de instrumentos" al órgano de regulación y control del sector, la Comisión Nacional del Juego, para "cortar el flujo --de ingresos-- sobre aquellos operadores que no tengan licencia" actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que se anuncian o las compañías que sirven de intermediarios en los sistemas de pago a travíés de Internet.
El borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.
Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22% sobre los ingresos brutos.
Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20% para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.
El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.
El texto tambiíén obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.
Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo tambiíén incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.
En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".
MULTAS DE HASTA 50 MILLONES DE EUROS
El anteproyecto tambiíén recoge un ríégimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.
Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas tíécnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o "amañar" los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de príéstamos a los jugadores.
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