Si el sistema de pensiones fuera un juego de suma cero, no hay duda de que con la reforma pactada entre sindicatos, empresarios y Gobierno todos ganan. El Ejecutivo, porque logra la paz social a cuatro meses de las elecciones autonómicas y locales; y, de paso, pone en valor el marchamo de gobierno reformista que tanto le gusta ahora a Zapatero. Los sindicatos, porque toman oxígeno tras el discreto íéxito del 29-S (haciendo bueno el viejo axioma de que quien no negocia el conflicto social, no existe). Y los empresarios porque vuelven a pintar algo tras dos años arrinconados por el bochornoso espectáculo de su ex presidente, Gerardo Díaz Ferrán.
Pero la realidad es que el sistema de pensiones no es un juego de suma cero, y si se reforma es, precisamente, para ahorrar. Y parece lógico pensar que alguien sufrirá los rigores de la reforma. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, habló en su día (hace apenas unas semanas) de que prolongar la edad de jubilación y ampliar el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensiones supondría un recorte del 25%.
El cálculo estaba basado en un estudio publicado por los profesores Díaz-Gimíénez y Díaz-Saavedra citado por el sindicalista Josíé María Zufiaur en la revista La Factoría, donde puede leerse que aumentar la base reguladora hasta los 20 años (la que sirve para calcular la cuantía de las pensiones) reduciría la prestación media un 6%.
Si en su lugar se opta por tener en cuenta toda la vida laboral (es probable que se quede en 25 años), el recorte sería de otro 10%, y si se retrasa dos años la edad legal de jubilación (como se ha pactado) se estaría hablando de un ajuste equivalente a otro 10% adicional. En total, un 26% que es lo que se recortarían las pensiones si se hubiera aprobado la reforma en su formulación más ambiciosa. Es decir, sin elementos correctores que suavicen sus efectos, y, lógicamente, al final del periodo transitorio (¿2027?). Cuando estíé plenamente operativa.
Los sindicatos, como se sabe, han logrado suavizar ese recorte, pero no en lo sustancial. Aceptando, incluso, que para cobra el 100% de la pensión a los 67 años ya no sólo sea necesario cotizar durante 35 años, sino 37.
Como se ve, no todos ganan con la reforma. Y muchos menos los jóvenes, que en el futuro tendrán muchas dificultades para alcanzar los 38,5 años de cotización que se exigirán para poder jubilarse a los 65 años. Una larga carrera laboral que incluso hoy no está al alcance de muchos. La fuente es Fidel Ferreras, director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y uno de los mayores expertos del país en el sistema de pensiones. Ferreras publicó un informe en julio pasado en la Fundación Alternativas (nada sospechosa de antigubernamental) en la que revelaba que en las nuevas pensiones de jubilación en el sistema (año 2005), la media de años cotizados fue de 34,7 años, y en 2006, de 34,4 años. Para las pensiones en vigor en el año 2006, la media de años de cotización era de 35,7 años.
Dos años menos de pensión, dos años más de cotización
¿Quíé significa esto? Pues que con el acuerdo se generaliza (por muchas excepciones que haya) la jubilación a los 67 años, que no significa otra cosa que cotizar dos años más a la Seguridad Social y cobrar pensión dos años menos. Es curioso que se ‘venda’ como una concesión el necesitar 38,5 años de cotización para jubilarse a los 65 años (se llegó a ofrecer 41), cuando la mayoría no llega ni de lejos a esa cifra (35,7 años).
Pero no sólo eso. Sigamos con los datos de Ferreras. Actualmente se producen en España 250.000 nuevas jubilaciones al año, con una pensión media de casi 17.000 euros anuales. Aunque la edad legal son los 65 años, la edad real es de 63 años y 10 meses. Esto quiere decir que el mayor coste sólo por ese adelantamiento de la jubilación sobre la edad legal asciende a más de 4.000 millones de euros al año sin contar las cotizaciones que no se ingresan. A esa cantidad habría que añadir el coste derivado del incremento anual de la esperanza de vida del año 2010 sobre el 2009, y que se estima en cuarenta y ocho días, con un coste adicional de más de 350 millones de euros anuales sólo en las nuevas pensiones.
La reforma, sin embargo, apenas incide en las jubilaciones anticipadas. Y eso que aproximadamente algo más del 30% de los nuevos jubilados –datos publicados en este estudio de uno de los negociadores de CCOO, Carlos Bravo, acceden a la pensión desde situación de desempleo, y, más concretamente, el 10% lo hace directamente desde el subsidio de mayores de 52 años. La conclusión que sacaba Bravo es que las carreras de cotización de estos trabajadores “se verán severamente afectadas†y tendrán â€un serio impacto sobre la cuantía de sus pensiones, y ello aún a pesar de que seguramente la inmensa mayoría de los mismos presenten amplias carreras de cotizaciónâ€.
Unos ganan y otros pierden. Y, sobre todo, los parados de larga duración de más de 52 años, que estarán dos años más en situación de desempleo. No sólo en España, tambiíén en la UE. La propia Comisión Europea admitía hace poco tiempo que “menos del 50% de los ciudadanos siguen trabajando a la edad de 60 añosâ€. Ahora, seguirán en paro, pero hasta los 67 años y no hasta los 65. En palabras de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), “querer retrasar la edad de jubilación en el contexto actual es equivalente a aplazar el problema sin resolverlo, es decir, transferirlo del problema de la financiación de las pensiones al del desempleoâ€. Tanto UGT como CCOO, siguen perteneciendo a la CES.
