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Autor Tema: Zapatero hace una excepción con la Generalitat para que emita deuda  (Leído 238 veces)

Eguzki

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Además, el Gobierno pagará 760 millones de euros por retrasos de infraestructuras. CiU, a cambio, ofrece su “hombro” al PSOE para sacar adelante las reformas económicas en el Congreso.

Zapatero sí­ ha hecho excepciones. El juego de la polí­tica domíéstica ha podido más que la austeridad impuesta desde Bruselas y Cataluña podrá seguir emitiendo deuda, a pesar de rebasar con crecer el lí­mite de díéficit (3,6%) impuesto por el Ministerio de Economí­a al resto de autonomí­as para 2010 (2,4% del PIB). Es más, la Generalitat podrá endeudarse –a largo plazo– antes incluso de tener aprobado su plan de reequilibrio financiero. Una vara de medir que no se ha aplicado con las otras dos comunidades dí­scolas con la regla fiscal de Elena Salgado, Castilla-La Mancha y Murcia.

La primera visita de Artur Mas a La Moncloa desde que es president de la Generalitat obtuvo más frutos. El Gobierno se ha comprometido a “desbloquear en las próximas semanas” 759 millones de inversiones para Cataluña que, según Más, el Estado adeuda a la comunidad desde 2008 por la aplicación del nuevo Estatut.
“Cataluña tiene un díéficit que hemos heredado [el gobierno de CiU ha aflorado un agujero que duplica las cifras oficiales del tripartito] y que tenemos que resolver.

Tenemos el firme propósito de reducirlo y cumplir con los objetivos”, aseguró Mas tras despachar con Zapatero. La Generalitat ya ha anunciado un plan -pendiente del visto bueno de Salgado– para reducir el gasto un 10%, poner orden en el sector público empresarial y llevar el díéficit al objetivo de 2011: el 1,3% del PIB. Sin embargo, Mas reclama al Gobierno “cuentas pendientes”, como las inversiones en infraestructuras o la aplicación plena del nuevo modelo de financiación autonómica -no se presupuestó para 2011 el fondo de competitividad que beneficia, entre otras a Cataluña o Madrid–.

Contrapartida
Como contrapartida, el lí­der catalán ofreció a su partido, CiU, como “una fuerza dipuesta a arrimar el hombro” en las grandes reformas pendientes porque, según Mas, “nada es más importante que ayudar a la economí­a española a crecer”.
Desde otro punto de vista, la entrevista de ayer entre Zapatero y Mas asegura al PSOE un apoyo parlamentario para lo que queda de legislatura. Aún a costa de azuzar la cuestión autonómica.

Tanto los responsables del Ministerio de Economí­a como el propio Zapatero han advertido en las últimas semanas que ninguna comunidad tendrí­a privilegios sobre otra a la hora de cumplir los objetivos de estabilidad. En septiembre, Salgado pactó con las autonomí­as un mecanismo de control trimestral por el cual todas aquellas comunidades que no cumplan con los objetivos de díéficit tendrán cerrado el grifo de la deuda.

En el primer examen, suspendieron Castilla-La Mancha y Murcia. Dos autonomí­as que han tenido que emprender un severo ajuste de sus gastos para poder llegar al siguiente examen.

La Generalitat tiene un firme compromiso de llegar en los mismos tíérminos que los demás a los objetivos de 2011 y ha anunciado un severo programa de recortes. Sin embargo, lo pactado ayer bordea por completo la regla general. La Generalitat podrá emitir deuda (“a largo plazo”, insistió Mas) antes incluso de tener aprobado su plan.

Los hogares de hasta ocho comunidades superan ya la calidad de vida de los catalanes
La brecha autonómica sigue siendo un problema casi tres díécadas despuíés del ingreso de España en la Unión Europea. Pese a la ingente inversión de los fondos estructurales y los mecanismos de solidaridad del Estado, el mapa sigue fraccionado entre uno grupo de autonomí­as que alcanzan cotas de renta del centro continental, como Paí­s Vasco, Navarra o Madrid; y otras como Andalucí­a o Extremadura que apenas llegan al Objetivo 1 de Bruselas. Esto es una convergencia del 75% con la renta media de la UE.

No obstante, el bienestar de una sociedad se puede medir de muchas formas. “Las diferencias relativas en el nivel de desarrollo resultan corregidas por el efecto de los precios y por las transferencias públicas para la financiación de los gastos sociales, tan importantes como la enseñanza y la sanidad”, explica el economista Pablo Alcaide, en su último Balance Económico Regional de Funcas.

Los precios de la cesta de la compra afectan “profundamente” al nivel de vida de las familias, por eso “el sentimiento de bienestar personal no evoluciona de la misma manera” que las rentas dinerarias, insiste Alcaide. Así­, entre Barcelona y Cuenca existe una distancia de 25 puntos en el precios. Si se suma esta disparidad al impacto que tienen las polí­ticas sociales sobre al economí­as domíésticas –prestaciones, servicios, sanidad, educación, etc–, el ránking de riqueza de España arroja resultados sorprendentes.

La renta ajustada (a estos tíérminos) de las familias catalanas es superada, de hecho, por Paí­s Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Asturias, pese a que sólo las cuatro primeras de estas comunidades poseen una renta per cápita superior. Alcaide insiste en que la renta ajustada de las familias “es probablemente el indicador más representativo del nivel de vida de las distintas autonomí­as”.

En este ránking sale perjudicada otra comunidad que, en teorí­a, goza de un buen músculo económico como son las Islas Baleares. A pesar de todo, el investigador apunta a que existen otros elementos menos tangibles y que tambiíén repercuten sobre el bienestar de las personas como las “aglomeraciones” urbanas, así­ como las “necesidades del transporte” y el “tiempo ocioso” que generan.El informe de Funcas tambiíén a la presión fiscal como otro elemento que puede contrarrestar la disparidad de rentas entre comunidades autónomas.

Todos estos datos están relacionadas con un fenómeno que ha afectado de manera bien dispar a las comunidades desde 2000: el boom demográfico. Mientras que provincias como Lugo, Zamora, Salamanca o Asturias han perdido población en la última díécada, otras como Guadalajara la incrementaron en un 44%. Lógicamente, esta evolución ha afectado a las tasas de empleo y actividad y, sobre todo, a las necesidades financieras para prestar servicios en igualdad de condiciones.

Hacia el deshielo de las relaciones con Moncloa
Artur Mas aseguró ayer que el Gobierno central permitirá a Cataluña emitir deuda a largo plazo y, además, que en las próximas semanas desbloqueará el pago de 759 millones de euros para inversiones en infraestructuras que estaban pendientes desde 2008.

Mas dijo que parte de las operaciones de deuda a largo plazo se producirán incluso antes de la aprobación del Plan de Estabilidad del Gobierno catalán, que supondrá una reducción del 10% del gasto público.

Tanto la Generalitat catalana como CiU consideran fundamental “flexibilizar el marco de las pymes” para que puedan crear empleo. Por ello, Mas afirmó que el presidente del Gobierno, Josíé Luis Rodrí­guez Zapatero tiene a su disposición los votos de su formación en el Congreso de los Diputados.

“El actual Gobierno de la Generalitat puede trasmitir confianza, somos gente seria que cumple con sus compromisos y deberes. Estamos dispuestos a ello, pero eso requiere contrapartidas. Debe haber franca colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat y en eso estamos”, afirmó ayer el nuevo president.

Desde que Artur Mas llegó al Gobierno de Cataluña ha sacado a la luz díéficit que no habí­a aflorado durante la etapa en la que estaba en el poder el tripartito formado por el PSC, ERC e ICV. El portavoz del Parlamento de CiU llegó a afirmar que, si el Gobierno central no les ayudaba a solucionar esta situación, podrí­a haber problemas para pagar incluso algunos gastos como los sueldos a los funcionarios. No obstante, en su propio partido se encargaron de matizar esta declaración por la inquietud que generó en el colectivo de empleados públicos.

Zapatero ha cedido ante las demandas del nuevo dirigente Cataluña, algo que no hizo cuando el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, le pidió en La Moncloa que le permitiera refinanciar su deuda. Esto ha provocado que en la capital se hayan producido recortes del gasto público. El Gobierno insiste, no obstante, en no tratar de la misma forma a los ayuntamientos y a las comunidades.