Faltan dos obstáculos financieros por superar
Fuente: Editoral Cinvo Días
El cambio de escenario geopolítico provocado por el terremoto revolucionario en los países del norte de ífrica tendrá consecuencias, y no positivas, sobre el crecimiento económico, sobre las estrategias de inversión y sobre la factura financiera para España, tanto pública como privada. Complicará, por tanto, la superación de los obstáculos ya existentes para los próximos trimestres, algunos de ellos ya identificados y balizados, y otros sumergidos, pero que aflorarán en poco tiempo. Por tanto, pese a su resistencia a modificar los escenarios de crecimiento, el Gobierno español debería ser más receptivo a la realidad y admitir que sus previsiones de actividad, sobre las que sustenta el cumplimiento de los objetivos fiscales exigidos por Bruselas y los mercados, son cada vez más cuestionables. Y dado que los valores que antes deben recuperar la economía española y el Gobierno que la gestiona son confianza y reputación exterior, debe hacerse un ejercicio de realismo lo antes posible.
Es preocupante tener una economía que viaja al filo del estancamiento en los últimos trimestres y que lo hará tambiíén en los próximos tras subir la inflación y los tipos y reducirse la renta y el críédito. Pero la primera de las prioridades del Ejecutivo es devolver el rigor a las finanzas públicas, tanto a las que controla como a las que no dependen de su gobernanza salvo de forma parcial, porque solo así recompondrá los puentes de la financiación, ahora debilitados por la desconfianza hacia las emisiones de los países con dificultades de crecimiento de la zona euro.
Los planes de consolidación presupuestaria están elaborados sobre datos estimados de gasto e ingresos que podrían saltar por los aires por el simple hecho de que siguen sin cerrarse los agujeros negros de la financiación pública. La recapitalización de las cajas de ahorros, que bien podría correr a cargo de emisiones públicas del fondo de rescate, y la nebulosa existente en torno a la situación financiera real de las regiones, cuya realidad podría aflorar tras las elecciones de mayo, esconden una incertidumbre en las cuentas públicas españolas que debe ser aclarada cuanto antes.
De ser buenos los cálculos hechos por el Banco de España y el Ministerio de Economía, las cajas de ahorros solo precisarían de unos 20.000 millones de euros de capital, que en buena parte serían aportados por el sector privado, tanto desde fuera de España como desde dentro. Pero las dificultades para encontrar inversores que asuman riesgo en unas cajas con un balance muy deteriorado, además de rebajar el precio hasta niveles impropios de la banca en España, son crecientes. Ni siquiera las grandes fortunas que en otras ocasiones han entrado en el accionariado de los bancos están dispuestas a hacerlo ahora, entre otras cosas porque no existe una referencia lo suficientemente explícita y creíble de precio. Por tanto, salvo que una acelerada oleada de fusiones resuelva o aplace el problema de las cajas otra vez, el Tesoro tendrá que tomar posiciones en el capital de las entidades, así como en sus consejos, para devolver el grado de solvencia precisa. Este ejercicio parcial y limitado, que en su día hizo de forma generosa el Estado británico, exige, eso sí, pasar por el mercado para buscar recursos, lo que elevará el riesgo país todavía un poco más.
Pero no acaban ahí los problemas por la resistencia de las comunidades a decir toda la verdad sobre sus números. Las experiencias aportadas por Castilla-La Mancha (tras intervenir su caja de ahorros) y Cataluña (tras el cambio de Gobierno), que abiertamente reconocen unos números rojos fuera de control, pueden reproducirse en el resto de las regiones. Poner las cuentas públicas agregadas en línea con las exigencias de Economía para este año supone que, entre incremento de ingresos y reducción de gasto, tienen que ajustarse el cinturón en unos 16.000 millones de euros, una cantidad similar al recorte de gasto que hizo el Gobierno central en mayo de 2010. No hay que descartar, por tanto, sorpresas con el gasto oculto de las regiones, que debería ser aflorado, reconocido y financiado -hay fuentes que hablan de más de 20.000 millones de euros- entre todos, y que añadiría presión a las emisiones del Tesoro, además de dejar la reputación presupuestaria de España, hasta ahora al menos transparente, bajo un manto de sospecha.
