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Autor Tema: Los proveedores demandan a Ferrovial por incumplir la Ley de Morosidad  (Leído 381 veces)

Eguzki

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La patronal de fabricantes de áridos litiga contra la constructora por pagar a sus proveedores más tarde del plazo máximo legal. La empresa asegura que cumple las normativas española y europea.


La crisis ha tensado aún más las relaciones comerciales del sector de la construcción, a causa de los elevados plazos de pago que sufren los proveedores. Así­, la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de íridos (Anefa) ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda judicial contra Ferrovial por incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según ha podido saber EXPANSIí“N.

Se trata de la primera acción legal por morosidad que hace una asociación en nombre de sus empresas, tras la aprobación de la nueva norma, que amplí­a la posibilidad de que las patronales denuncien prácticas abusivas. Anefa ha sustentado jurí­dicamente su demanda –que se presentó el dí­a 1 de marzo y ha sido admitida a trámite “automáticamente”– en los plazos de pago superiores al tope legal que ofrece Ferrovial, siempre según la demandante.

Según los fabricantes de áridos, la constructora impone abonar sus facturas en un plazo superior a los 120 dí­as que establecí­a la Ley de Morosidad para 2010 y 2011, llegando incluso a realizar concursos en los que el plazo de pago al proveedor se establece en 180 dí­as.

La morosidad del sector de la construcción es un problema de raigambre estructural. Cabe destacar que el sector público es el primer eslabón moroso de la cadena: tarda una media de 170 dí­as en cumplir con sus compromisos de pago, según la patronal de grandes constructoras (Seopan).

Así­, las constructoras han impugnado los últimos concursos en los que el plazo era abusivo (ver EXPASIí“N del 27 de enero). Luego, esas empresas dedicadas a la obra civil, a su vez, obtienen críédito comercial pagando tarde a sus proveedores, con plazos “frecuentemente muy superiores a los 240 dí­as”, según Anefa.

El sector de los áridos, compuesto por 1.500 empresas, es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras. Por ejemplo, sirven para preparar hormigón y suponen el 94 % de los materiales necesarios para una carretera.

“Desde la entrada en vigor de esta Ley [de Morosidad], un número significativo de empresas de la construcción están cumpliíéndola, mientras que otras vienen vulnerándola abiertamente, en grave perjuicio de los proveedores, sus trabajadores”, afirma Anefa.

Su director general, Cíésar Luaces, agrega: “Hemos optado por la ví­a legal dada la reincidencia de Ferrovial. Esta empresa induce sistemáticamente al proveedor a que desista de los derechos de cobro en plazo que le confiere la ley o a que acepte sus opciones de pago. En la demanda no hay reclamación económica; lo que exigimos es el cumplimiento estricto de la ley”.

Relación correcta
Fuentes oficiales de Ferrovial aseguraron ayer: “No tenemos constancia de ninguna denuncia en los juzgados mercantiles contra nosotros por este tema. Nuestra relación con los proveedores es fluida y correcta, y no hay ningún proveedor que estíé cobrando fuera de los lí­mites de la normativa española ni de la europea”.

Esta denuncia podrí­a desatar una oleada de demandas. De hecho, según ha podido saber este diario, ya se preparan otras actuaciones similares en Cataluña; además, Anefa “no descarta emprender futuras acciones legales contra otras empresas constructoras”. Mientras, la Federación de íridos y otras asociaciones del sector tienen la intención de personarse en la demanda contra Ferrovial, como coadyuvantes.

“Durante un tiempo se ha advertido desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM, impulsora de la nueva ley) de que se iban a tomar acciones legales contra los incumplidores. A Ferrovial se le enviaron cartas y, aun así­, sigue pagando tarde Ahora, tras la demanda, mediaremos para que Ferrovial cumpla la ley. A partir de ahora, será un goteo continuo de denuncias”, apunta Antoni Cañete, portavoz de PMcM.